2015 26 julio 2017

Cruda realidad el corte de jornada laboral

Recortados los cheques de los empleados y los servicios municipales

La reducción de jornada laboral en los municipios ha repercutido directamente en la calidad de los servicios que ofrecen, en la economía del casco urbano y en la salud mental y estabilidad económica de los empleados públicos a quienes se les redujo su cheque por la mitad, según los testimonios recopilados por EL VOCERO.

Los servicios de recogido de escombros, mantenimiento de calles y carreteras, servicios en las escuelas, mantenimiento de cementerios municipales y manejo de emergencias se han visto o se verán afectados directamente en algunos municipios, comunicaron sus alcaldes.

Efecto dominó

"Eso ha significado renuncias; ha significado que se agrave la condición mental de muchos de los empleados, que no han podido conseguir un segundo trabajo", Mayra Rivera, presidenta Asociación Empleados Municipales de Ponce

Los empleados municipales en su carácter personal han tenido que adoptar cambios significativos tras reducciones de hasta $400 mensuales en los casos más conservadores. Esto ha conllevado ejecuciones de hipotecas, cambios de escuela para los hijos, pérdida de carros y recortar servicios básicos, como Internet, según contaron a EL VOCERO quienes trabajan en los ayuntamientos.

La presidenta de la Asociación de Empleados Municipales de Ponce, Mayra Rivera, comentó que en el caso de la denominada “capital del sur”, cuya reducción de jornada comenzó en 2014, hay empleados que reciben talonarios sin remuneración, pues las deducciones de plan médico, pensión alimenticia y retiro les dejan sin dinero alguno para sobrellevar esa quincena.

“Eso ha significado renuncias; ha significado que se agrave la condición mental de muchos de los empleados, que no han podido conseguir un segundo trabajo; inclusive el nivel de fatiga, al conseguir un segundo o tercer trabajo, para poder complementar los ingresos y llevar un plato de comida a sus casas”, expresó Rivera.

Marlese Sifre, servidora pública en Ponce y portavoz de Todos Somos Pueblo, aseguró que los problemas económicos que ha traído la jornada parcial o reducción de 20 horas semanales, han provocado hasta el suicidio de una empleada pública, quien quedó sin vivienda y padecía depresión. Algunos empleados les han comunicado a sus compañeros de trabajo que “no vale la pena seguir viviendo”, contó Rivera.

La administración municipal de Ponce no estuvo disponible para hacer expresiones a este diario.

Caen más municipios

Al menos otros siete ayuntamientos han aplicado la reducción de jornada o están próximos a hacerlo durante el próximo año fiscal, cuando se le retire otros $175 millones de créditos gubernamentales, para totalizar una reducción de $350 millones.

En el municipio de Trujillo Alto, los empleados transitorios fueron los primeros en sufrir las consecuencias: este año fiscal se le redujo una hora y media diaria -adicional a la media hora que ya se les había cortado en 2015-, contó una empleada con puesto transitorio, quien pidió conservar su anonimato.

Otros municipios como Salinas, Vega Baja, Arroyo, Toa Baja y Guayama también han implantado la reducción de jornada. Mientras que el alcalde de Isabela, Carlos Delgado, confesó que lo considera implantar para el próximo año fiscal.

Otros golpes financieros

El crédito de $350 millones que se otorgaba a los municipios a cambio de eximir a las corporaciones públicas de pagar la contribución de rentas internas sobre propiedad inmueble, no es el único golpe financiero que tuvieron que tolerar los ayuntamientos. Se añade la pérdida de $577 millones de depósitos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la transferencia del pago de los jubilados municipales y el requerimiento de la aportación patronal para los empleados que se benefician del programa de salud gubernamental, al cual ya se le estaba aportando más de $900 millones.

“Es política pública de este gobierno ir asfixiando los municipios. No lo han dicho, pero lo que quieren es eliminar municipios por asfixie económico”, alertó Delgado.

En Isabela, eso significa casi $7 millones menos que se utilizaban en la operación básica del municipio. “Nos transfirieron la crisis porque toman esos $350 millones para el presupuesto (del gobierno central)”, aseveró el alcalde y vicepresidente del Partido Popular Democrático.

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, confirmó que la jornada parcial entró en vigor el 1 de julio para cerca de 378 empleados municipales, debido a la reducción de $5 millones como parte del plan fiscal del gobernador Rosselló y de la Junta Federal de Control Fiscal. En el próximo año fiscal, habrá un recorte adicional de $1.5 millones para su municipio.

Cruz Molina comentó que la jornada parcial representó una reducción de $1.5 millones en gastos de nómina, al considerar también los beneficios marginales. Representó, además, una reducción de $105 mil anuales en el caso de los empleados de confianza, a quienes se les reduce un 15% de jornada. Esto equivale a $1.6 millones, lo cual resulta insuficiente por sí solo para atajar el déficit provocado por el gobierno en su plan fiscal. Por tal razón, el alcalde tuvo que aplicar otras medidas como renegociar sentencias de tribunal, incentivar el retiro y reestructurar áreas administrativas para paliar la crisis.

Afectados todos los servicios

Delgado admitió que “al aplicar el recorte de jornada, se afectan todos los servicios directos al ciudadano, porque vas a tener menos gente disponible en horas laborables para atender al público”.

Delgado entiende que la solución está en la regionalización de los servicios y la transferencia de fondos del gobierno central a los municipios. Mientras, Cruz Molina está esperanzado en los recaudos adicionales que puedan traer las corporaciones municipales.

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