AEE29 octubre 2019

Alertan sobre peligros por gasificación en la Termoeléctrica

Líderes comunitarios exigen un análisis de riesgo sobre el proyecto y urgen a considerar otras alternativas

A la fecha, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no ha desarrollado —o al menos no ha hecho público— un análisis de los riesgos a los que se enfrentarían las comunidades cercanas a la estación para suplir gas natural que desarrollará la corporación pública, denunciaron ayer varios líderes comunitarios en rueda de prensa en Sierra Club, en Río Piedras.

Se trata específicamente del proyecto de gasificación de las unidades 5 y 6 de la Central Termoeléctrica, en San Juan. Este desarrollo incluye la construcción de terminales de gas natural a establecerse en áreas de Yabucoa y Mayagüez, según se indicó.

“Estamos levantando la voz de alerta ante la peligrosidad que trae este proyecto a estas zonas, que también eventualmente afectará a Yabucoa y Mayagüez. Toda esa zona portuaria está a menos de una milla de las barcazas. Si ocurre algún choque o liqueo en esa área, es altamente flamable y se crearía una explosión de hasta dos millas”, indicó Adriana González, portavoz comunitaria.

A modo de ejemplo, recordaron la explosión de los tanques de gasolina de la Caribbean Petroleum (Capeco), evento que estremeció a la Isla en octubre de 2009.

“Como líder de la comunidad de Puerto Nuevo, estamos preocupados por el proyecto. Primero por la falta de información. Muchos desconocíamos los riesgos. Definitivamente estamos preocupados por lo que podría implicar un accidente”, reveló Carlos Negrón, líder comunitario y religioso en Puerto Nuevo.

“Nos preocupa también que se insista en el asunto de los combustibles fósiles pues cuando se anunció se dijo que íbamos a una transición para la energía renovable”, agregó.

“Desalojos” masivos

A pesar de que no cuentan con un análisis de posibles daños, y siendo este parte de los reclamos presentados, los activistas en la rueda de prensa también alertaron sobre posibles desalojos masivos en varias comunidades en caso de ocurrir una emergencia.

Y es que en las barcazas, si el gas metano licuado se libera, “no puede ser detenido”. “Para propósitos de transporte, se le baja la temperatura y se convierte en líquido para caber mejor en los tanques o envases. Si ocurriera un accidente, entonces queda liberado, ese gas en estado líquido se convierte en una nube que puede envenenar a los trabajadores. Y dependiendo de otros factores se puede mover a otras comunidades”, dijo, por su parte, Pedro Saadé Lloréns, asesor legal.

Además de una explosión, otro escenario catastrófico sería el alcance de una nube con fuego que afecte todo lo que haya a su alrededor. En ese caso, habría que desalojar comunidades de inmediato.

“Pero no se nos ha dado información. No se sabe si las autoridades han hecho un análisis de riesgo en caso de un accidente y cuántas personas están expuestas en estos sectores. La situación es seria”, señaló Saade.

Sin aprobación de la FERC

Según se comunicó a la prensa, varios líderes comunitarios enviaron una serie de preguntas a la AEE en torno al proyecto. El jueves en la noche, recibieron un documento con las respuestas.

Entre estos cuestionamientos se encuentra si la corporación pública habría solicitado permiso a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés), a lo que se contestó que “no”.

“No se ha presentado ninguna solicitud de autorización de FERC para el envío de GNL (gas natural licuado) al puerto de San Juan. Prepa entiende que no se requiere autorización de FERC para la ubicación y operación de NFEnergía”, se indica en el documento.

Reunión con la gobernadora

Los líderes comunitarios urgieron a la autoridad a que se consideren otras alternativas y que se les incluya en el proceso. De igual forma, dijeron que llevan tiempo solicitando un cónclave con la gobernadora Wanda Vázquez para que atienda los reclamos.

La AEE firmó un contrato de $1,500 millones por los próximos cinco años con la compañía NFEnergía para el desarrollo de la referida estación.

Según José Ortiz, director ejecutivo de la corporación pública, el contrato multimillonario implicará una economía de $150 millones anuales por el ahorro que entiende producirá la conversión a gas.

La transacción ya fue avalada por el Negociado de Energía y por la Junta Federal de Control Fiscal, indicó Ortiz en junio pasado. El contrato puede ser extendido por otros tres periodos de cinco años.

EL VOCERO se comunicó con una portavoz de prensa de la AEE para una reacción y conocer si, en efecto, se ha realizado un análisis de riesgo. “La Guardia Costanera es quien puede comentar sobre el tema de seguridad”, indicó.

Se pidió una reacción, entonces, a la Guardia Costanera, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

Fuente: elvocero.com

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