AEE 24 julio 2018

No a la federalización de la AEE

El gobernador Rosselló se opone a que el Congreso asuma el control administrativo de la corporación pública

El gobernador Ricardo Rosselló expresó ayer su oposición a la alternativa que se discute al interior del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal para poner bajo sindicatura federal a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), mas reiteró que no acudirá a defender su postura en vista pública, de no mediar una disculpa por la falta de diplomacia en la manera que se le hizo llegar la citación.

“Con respecto a la estrategia de federalización, creo que es una estrategia horrible. Están haciendo que una solución históricamente mala en Puerto Rico sea aún peor”, contestó Rosselló a preguntas de la prensa.

El clima de desconfianza por parte de la mayoría republicana en este comité ha, sin embargo, aumentado, al igual que la impaciencia con respecto a los resultados de la renegociación de la deuda de sobre $9,000 millones de esta corporación pública y los cambios estructurales que entienden necesarios para hacer rentable su operación. “Dada la vacilación del gobierno puertorriqueño para abogar por cambios transformadores, es poco probable que la privatización ocurra alguna vez bajo el estatus quo”, lee el memorando oficial de la vista pública convocada para mañana.

Larga lista de invitados

Aún sin la presencia del primer ejecutivo ni miembros de su gabinete, la vista transcurrirá con otros cinco invitados, incluyendo al secretario asociado de la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía federal, Bruce Walker.

Se invitó, además, a los ejecutivos de tres firmas de inversiones y consultoría del mercado de capital: Thomas Emmons, socio de Pegasus Capital Advisors; James Spiotto, director de Chapman Strategic Advisors LLC; y David Svanda, principal de Svanda Consulting.

La vista contará también con la deposición del portavoz de minoría senatorial, Eduardo Bhatia, bajo cuya presidencia se aprobó la Ley 57 de 2014 y la Ley 4 de 2016, las cuales el comité congresional reconoció como “intentos legislativos de Puerto Rico para enfrentar la crisis de la deuda y crear un organismo regulador independiente”. Consideraron, no obstante, que pese a estos esfuerzos “la AEE continuó languideciendo”.

Estas leyes locales permitían a los acreedores cobrar un cargo a los clientes de la AEE para el cobro del servicio de la deuda que se emitiera como parte del acuerdo de renegociación, y creaba una serie de oficinas independientes para fiscalizar a la AEE e intentar despolitizar a su Junta de Gobierno. Así fue que se creó la Comisión de Energía y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor.

Enumeran las acciones

El comité enumeró en su memorando una serie de decisiones tomadas por el gobierno Rosselló, que entienden son características de querer mantener el control político de la AEE. El relato de hechos contiene no solo las advertencias y peticiones públicas para que la Junta de Gobierno de la AEE modificara el salario de los directores ejecutivos seleccionados de modo independiente -Walter Higgins y Rafael Díaz Granados- sino también acciones anteriores como la “interferencia legislativa” para alterar la composición de la Comisión de Energía.

“El regulador ‘independiente’ todavía está sujeto a presiones externas, limitando su autoridad para proteger a los contribuyentes y garantizar la transformación ordenada”, sentenciaron.

El comité adjudicó la culpa de la ineptitud sobre el gobierno local y expuso incluso su molestia con la Junta Federal de Control Fiscal por haber votado a favor de la quiebra de la AEE, en lugar de validar el acuerdo establecido entre la anterior oficial de reestructuración, Lisa Donahue, y los bonistas.

Los miembros del comité explicaron que la legislación federal que pretenden impulsar estará centrada en quitar la AEE de las manos del gobierno o despolitizarla; crear un regulador fuerte e independiente; propiciar un acuerdo consensuado para renegociar los términos de la deuda y las pensiones; y proporcionar un camino hacia la privatización.

“El futuro se ve muy similar al pasado, a menos que el liderazgo de la AEE pueda separarse de la abrumadora política de Puerto Rico”, afirmaron.

“Sin un medio para lograr una resolución consensuada de la deuda y otras obligaciones heredadas, incluidas las pensiones, el caso del Título III será una prolongada lucha legal que obstaculizará la transformación de la AEE”, puntualizaron.

Asimismo, aseveraron que la reforma estructural y cultural de la AEE tiene que tomar lugar previo a cualquier privatización de su propiedad inmueble.

Este diario supo por fuentes que los congresistas demócratas aún no han asumido una postura de oposición al lenguaje que pudiera contener este proyecto.

Un portavoz de la oficina de la representante puertorriqueña, Nydia Velázquez, comentó a EL VOCERO que “la congresista no ha visto el texto del proyecto de ley y por tanto no puede comentar sobre él”.

Apuesta a la transformación

Rosselló se limitó ayer a mencionar que ese comité estaría buscando “la sindicalización en personas que no han manejado efectivamente la sindicalización”. Defendió las gestiones que han estado haciendo bajo su mandato para promover las microredes energéticas y crear un marco regulatorio para el mercado energético privado, el cual estará listo para diciembre.

“Lograremos la transformación y considero la idea de la federalización como una que realmente agravará el problema, no lo resolverá”, reiteró Rosselló, sin detallar sus estrategias para evitar tal imposición.

Anteriormente, el gobernador ha defendido la facultad que tiene el gobierno de Puerto Rico para intervenir en asuntos de política pública respecto a una corporación pública de tanta prominencia como la AEE. “La energía es un eje de nuestra sociedad. Es una pieza clave de nuestra economía y un incentivo para el crecimiento, por lo que el gobierno tiene que estar directamente involucrado en este proceso”, dijo la semana pasada.

Fuente: elvocero.com

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