AEE13 junio 2019

Swain pone freno al acuerdo de la AEE

Alega que carece de transparencia e información necesaria para evaluar su razonabilidad

El acuerdo de reestructuración de deuda pactado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y varios de los bonistas levantó serias dudas a la jueza federal Laura Taylor Swain, quien aseguró no estar convencida sobre la efectividad del mismo ante la falta de información y argumentos que lo sustenten.

Las declaraciones de la jueza se dieron en la audiencia general de junio de Título III, celebrada ayer, donde la Junta Federal de Control Fiscal (JFCF) también aseguró que presentarán un plan de ajuste para la deuda del gobierno central en los próximos 30 días.

La jueza señaló que el acuerdo presentado carece de transparencia e información necesaria para poder entender si es razonable.

Recordó que lo mismo sucedió en las vistas del acuerdo de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) donde tuvo que hacer el pedido de información adicional que respaldara su validez en dos ocasiones. Alegó que el ente regulador aseguró que era razonable sin argumentos.

Ante esta situación, la jueza federal otorgó hasta el próximo miércoles, 19 de junio, para que el gobierno provea la información que considera necesaria. Detalló que necesita conocer las regulaciones que le afectan, el impacto a terceros y partes no litigantes, y su base legal, entre otros aspectos.

Insistió en que la información es primordial para que la corte pueda aclarar si tiene autoridad para aceptar un acuerdo que dispone modificar la deuda de la corporación, impone cargos a los abonados y requiere legislación para ejecutarlo.

Ante el pedido del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC) para que la AEE divulgue documentación sobre la legalidad del acuerdo, Swain se percató de un error en el proceso de la presentación de la moción. A la fecha, el gobierno no había sometido su declaración inicial del acuerdo.

No obstante, el abogado principal del ente federal, Martin Bienenstock, argumentó que una semana no es suficiente para que la AEE pueda entregar la información que le solicita la corte.

Empero, aseguró que estaban dispuestos a exponer argumentos relacionados a la moción que busca endosar el acuerdo. Mencionó además, que el pedido para certificarlo permitiría que los bonistas que lo respaldan avalen el plan de ajuste.

El abogado aseguró que pueden proceder con el acuerdo de reestructuración sin que el tribunal lo ordene y pidió autorización de la jueza para poder entregar un nuevo reporte de estatus a principios de la próxima semana.

Por otro lado, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) volvió a ratificar su oposición al acuerdo. Su abogada, Jessica Méndez, aseguró que más allá de reestructurar, altera considerablemente las prioridades e intereses de los unionados y coincidió con la corte sobre la falta de información.

Frente a la oposición de algunas partes al acuerdo, Swain decidió que las mociones continuarán vigentes en el expediente hasta recibir la información que necesita del gobierno. Sin embargo, recalcó que esto no significa que se considerarán como admitidas. Determinó también, que tanto el gobierno como la junta federal deberán entregar a los opositores cualquier información que radicarían relacionada al acuerdo para el próximo viernes.

Luego del acalorado debate, Swain acordó recibir el reporte de estatus el próximo lunes y sostuvo que discutirá el acuerdo de la AEE el 24 de julio.

El plan de ajuste

Al comenzar la vista, Bienenstock anunció que la junta federal presentará un plan de ajuste a la deuda del gobierno central en los próximos 30 días.

Asimismo, el ente federal presentó ante la jueza el acuerdo alcanzado con el Comité Oficial de Retirados (COR) que pretende evitar recortes adicionales a los beneficios del 61% de los pensionados actuales.

Pese a que el abogado del organismo regulador insiste en que se presentará un plan de ajuste en el próximo mes, necesitan que los pactos acordados sean aprobados por la jueza.

Swain sostuvo que todas las propuestas de acuerdos estarán supuestas a litigio y catalogó el pacto como un paso más adelante en el proceso de establecer un plan de ajuste.

Según el abogado del gobierno, Peter Friedman, la responsabilidad de proteger a los ciudadanos recae sobre el gobernador y defendió que la junta excede sus poderes al acordar recortes en las pensiones.

Alegó además, que los recortes propuestos no son necesarios porque el gobierno tiene la capacidad de continuar emitiendo el pago de las pensiones.

EL VOCERO pidió reacciones al gobierno y a la junta fiscal, pero al cierre de esta edición no se produjeron.

Fuente: elvocero.com

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