Alertan sobre cambios al ajuste de deuda

El Equipo de Mediación de Puerto Rico en los litigios de quiebra bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) sometió un informe preliminar donde alertan la posible presentación de un nuevo plan de ajuste para la deuda de casi $72 mil millones que mantiene el gobierno central. En septiembre de este año, la Junta Federal de Control Fiscal radicó un plan de ajuste para reestructurar $35 mil millones de deudas y reclamaciones, así como $50 mil millones en obligaciones de pensiones a los retirados. La jueza federal de quiebras, Barbara Houser -quien encabeza el equipo de mediación-, aseguró que “el ente federal, el gobierno y varias partes acreedoras han estado participando en negociaciones sustantivas y cuidadosamente balanceadas con respecto a los términos de un posible plan de ajuste modificado”. “Si estas negociaciones tienen éxito, podrían dar lugar a la presentación de un plan de ajuste modificado que difiere del plan actual y tendría mucho más apoyo de los acreedores. La presentación de dicho plan enmendado y la declaración de divulgación podría causar que las recomendaciones de programación y secuencia con respecto al plan actual queden sin efecto”, indicó Houser. Adelantó que los objetores al informe preliminar deberán comparecer a la vista ómnibus del caso de la deuda de Puerto Rico, pautada para el próximo 11 de diciembre. Ante las circunstancias planteadas, el Equipo de Mediación determinó que el enfoque más adecuado sería presentar un informe y recomendaciones provisionales que aborden solo la programación y secuencia de asuntos actualmente en disputa que consideran deberían avanzar o atenderse a corto plazo. Asimismo, la jueza también recomendó que se levante la suspensión (stay) para ciertas disputas relacionadas con bonos de ingresos. Según indicó, el Informe Provisional abordará la programación y secuencia de litigios relacionados con la validez de ciertas series impugnadas de bonos GO y PBA, el estado asegurado o no garantizado de reclamos sobre bonos GO y PBA, y los derechos de los tenedores de bonos de ingresos (como los de la Autoridad de Carreteras y Transportación) y otras deudas emitidas por ciertos instrumentos de Puerto Rico. Los bonos GO (por sus siglas en inglés) se refieren a la deuda de las obligaciones generales, que poseen garantías constitucionales y es pagadera por el Fondo General. Mientras, los PBA (por sus siglas en inglés) son los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos, que poseen garantías del gobierno central. En junio pasado, la junta fiscal informó que logró un acuerdo con ciertos bonistas del gobierno “en el marco de un plan de ajuste para resolver $35,000 millones en deuda y las reclamaciones no relacionadas con la deuda”. Esto, reducía el monto de los bonos del gobierno en circulación “a menos de $12,000 millones, equivalente a una reducción que supera un 60%. Mientras, el servicio de la deuda del Gobierno, incluyendo principal e intereses por los próximos 30 años, se reducirá a menos de la mitad, de $43,000 millones a $21,000”. “Estos temas se encuentran entre los más fundamentales en los casos del Título III. Afectan decenas de miles de millones de dólares en bonos y tienen el potencial de impulsar resultados generales de reestructuración. En lugar de que permanezcan suspendidos por más tiempo, unos cinco litigios de bonos deberán comenzar o reiniciarse tan pronto como sea posible”, agregó Houser. La jueza también mencionó que entienden que la junta federal presentará cuatro nuevos procedimientos adversos, como objeción a reclamos de algunos de los mayores tenedores de los bonos de ingresos relevantes. Los nuevos procedimientos reemplazarán los procedimientos adversos pendientes como el de la ACT, por lo que recomienda que permanezcan pendientes hasta que el tribunal determine las cuestiones que se plantearán en los nuevos procedimientos. “Luego de la adjudicación final de los asuntos presentados en los nuevos procedimientos adversarios, estos procedimientos adversarios que están actualmente pendientes pueden ser descartados o retirados por acuerdo de las partes”, indicó. Por otra parte, Houser explicó que la junta, así como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), tienen la intención de avanzar en los aspectos de las mociones para el alivio de la suspensión automática que se consolidará con los nuevos procedimientos adversos relacionados con bonos de ingresos. “En la medida legalmente permitida, el Equipo de Mediación cree que la consolidación de cuestiones superpuestas en las mociones de suspensión con las cuestiones que probablemente se planteen en los nuevos procedimientos adversos relacionados con bonos de ingresos tiene sentido”, enfatizó. No obstante, aclaró que, dado que los nuevos procedimientos adversarios aún no se han presentado, las partes que han presentado o presentarán mociones de suspensión de levantamiento de los procedimientos no están dispuestas a aceptar la consolidación. Finalmente, la letrada hizo hincapié en que la estructura de informe presentada permite que ciertos asuntos impugnados y algunos procedimientos adversos puedan comenzar y da paso a la continuación de las “negociaciones sustantivas” a través de la mediación de posibles enmiendas al plan de ajuste. “Tenemos la esperanza de generar más apoyo de los acreedores para dicho plan enmendado, al tiempo que se asegura que el tribunal y las partes interesadas no analicen un calendario de confirmación propuesto que se vuelve irrelevante si se avanza mediación en los términos de un plan de ajuste más consensuado”, puntualizó. Por su parte, Cate Long, analista de mercado y quien realiza investigaciones sobre la deuda de Puerto Rico, alertó que el litigio que pueda surgir del asunto expuesto en el informe podría extenderse de 12 a 16 meses sin incluir las apelaciones. “No está claro que la Casa Blanca tenga la intención de volver a nombrar a los 7 miembros actuales de la junta fiscal, por lo que los nuevos miembros, cuando sean confirmados por el Senado estadounidense podrían hacer cambios en el enfoque para resolver problemas con los tenedores de bonos y detener el litigio”, señaló, en declaraciones a EL VOCERO. Long sostuvo, además, que “la juez Houser no obtuvo el apoyo suficiente al negociar el plan de ajuste con las partes involucradas”. Por lo tanto, la propuesta del informe “implicaría al menos una clase de consentimiento”. Este medio intentó obtener una reacción de la Junta Federal de Control Fiscal y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), pero no estuvieron disponibles al cierre de edición.