Cuerpos de seguridad del Estado son parte del accionar violento que vulnera los DDHH en zonas fronterizas de Venezuela

Apure y Bolívar donde se han generado graves daños a la población civil, con saldos importantes de afectaciones a la vida y propiedad, siendo esto parte de los hechos violentos en frontera durante el mes de noviembre, y que FundaRedes refleja en su informe de Contexto Fronterizo. En este contexto, destaca la proliferación de actividades relacionadas con la esclavitud moderna, narcotráfico, detenciones arbitrarias, deficiencia en la prestación de los servicios públicos y atención hospitalaria que, vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, quienes no tienen una respuesta oportuna para superar las condiciones precarias en que se encuentran. Desde FundaRedes, se ha monitoreado, documentado y registrado gran cantidad de hechos que afectan estados como (Anzoátegui, Delta Amacuro, Apure, Bolívar, Táchira y Zulia); que se reflejan en el estudio fronterizo en noviembre de 2022. Violencia en el corredor fronterizo venezolano De acuerdo al registro en este informe el estado Zulia continúa encabezando la lista de entidades con mayor índice violento, detectando que durante el mes de noviembre, se registraron altos índices de presuntos enfrentamientos armados, con la participación de cuerpos de seguridad y miembros de las bandas “JL”, “Los Pitufos” y “El Adriancito”. Las comunidades indígenas como Wayúu y Añú de la Guajira, durante este mes se vieron envueltas en hechos de vulneración de derechos humanos, detectando altos índices de desnutrición y embarazos en niñas y adolescentes, hechos a los que se le suman la gran cantidad de derrames de petróleo en esta entidad fronteriza, los cuales dejan saldos graves de ecocidios por parte de las empresas petroleras. Por lo que es importante resaltar que en lo que va del año 2022 se han evidenciado cuatro derrames que ha provocado la muerte de especies marinas y fauna silvestre, condenando al hambre y miseria a pescadores artesanales, que cuentan con lo obtenido en estas labores como único medio de vida. Incertidumbre en la población del estado Bolívar por allanamientos y detenciones arbitrarias, es parte de lo que sucede en esta entidad y que, deja a la deriva a pobladores que se manejan bajo amenazas. Igualmente, el Táchira sigue registrando un aumento significativo de hechos violentos donde se vulneran los derechos humanos, por lo que esta entidad andina continúa posicionándose como la primera en la unidad de análisis de desapariciones y/o secuestros, por su conexión y la dinámica propia entre la frontera colombo-venezolana. El estado Apure, una zona donde se evidencian hechos graves de violencia, también ha dejado desde homicidios, desapariciones forzosas, hasta desplazamientos, durante el mes de noviembre, así mismo figura el hecho donde varios integrantes de una familia residente en la población de El Amparo fueron asesinados, entre las víctimas figuran padre, madre y un tío con cinco niños, quienes quedaron totalmente desamparados, dentro de la espiral de violencia y criminalidad por las actuaciones de los grupos armados irregulares. A su vez, la desatención por parte del Estado venezolano, ha dejado en manos de la comunidad de la parroquia San Camilo, del municipio Páez, el sostenimiento de las instituciones educativas, por la falta de insumos para mantener la infraestructura educativa, además de las carencias permanentes de servicios públicos, situación que los pobladores han tenido que solventar. En Anzoátegui, los índices de actuaciones violentas, han puesto en la punta del iceberg el uso excesivo de la fuerza y abuso de poder, a esto se le adhiere, las denuncias hechas por el coordinador del movimiento de trabajadores de la Salud en el estado Anzoátegui, quien demanda que, equipos de refrigeración de la morgue del Hospital Universitario Dr. Luis Razetti tienen 3 años inoperativos, dejando en total vulnerabilidad y riesgo a pacientes y miembros del centro de salud lo que puede generar epidemias de enfermedades como la peste, cólera, tuberculosis y viruela. Por su parte, en el estado Delta Amacuro, resalta las redes de trata y tráfico de personas, lo que se refleja en el análisis que realiza FundaRedes que, por la desesperación de la emergencia humanitaria compleja que viven estos pobladores, se ven obligados a incluirse en estas actividades ilícitas, para poder sobrevivir. Educación y medio ambiente con altos índices de amenaza FundaRedes registra los altos índices de vulnerabilidad que son evidentes en el tema educativo, donde predomina que para el año escolar 2022-2023, se matricularon 190 mil 499 niños y jóvenes menos con respecto al periodo escolar anterior, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Disminución, según el estudio, que quedó en 7.051.074 el total de inscritos en los centros educativos del país. Finalmente, el olvido por parte de las autoridades en el área de salud y protección de la vida de la población en condiciones de prisión o de presidio es desmedido, por lo que se documentó que 55 reclusos fallecieron en calabozos de centros de detención preventiva en lo que va de 2022, mientras que 2.624 reclusos padecen o han padecido de alguna patología médica y menos del 8% de los centros de detención preventiva cuentan con algún servicio de enfermería. Por lo que el llamado de atención una vez más es para el Estado venezolano, quien de manera evidente y sistemática continúa vulnerando los derechos humanos, siendo esta una situación negativa para las personas que se encuentran en estos sitios vulnerables y peligrosos, por la presencia de grupos armados irregulares, donde no se evidencia la protección del Estado.