Nicolas Maduro, en la mira de la Corte Penal Internacional

ROMA, Italia. — La orden de arresto contra Vladímir Putin emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra marca un hito histórico. Es la primera vez que un presidente en ejercicio y miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recibe una medida de este tipo, abriendo una luz de esperanza para países como Cuba y Venezuela, en donde existen gobiernos con señalamientos de crímenes de lesa humanidad ante la CPI. “La orden de arresto emitida contra un Pdte. de un país del Consejo de Seguridad de ONU, es un precedente histórico, valioso, trascendental de la Justicia Penal Internacional. Criminales de lesa humanidad en Vzla, véanse en ese espejo. La justicia tarda, pero llega”, escribió en una publicación en Twitter el abogado y politólogo venezolano Orlando Viera-Blanco. En este contexto, Cubanet conversó en exclusiva con el jurista, quien fue embajador de Venezuela ante Canadá durante el gobierno interino de Juan Guaidó. El abogado estuvo recientemente en La Haya y presentó ante la misma Corte casi 1 000 pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolas Maduro. “Nos hemos hecho presente en La Haya para entregar, en la fase de investigación sobre la situación Venezuela, casi 1 000 incidencias de crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado, para facilitar el trabajo a la Corte desde el punto de vista metodológico. Eso va a contribuir a reforzar la fase de investigación para después pasar a lo que se denomina fase de enjuiciamiento”, aseguró. El exembajador explicó que su presencia en la CPI es la respuesta a un llamado que realizó este ente a los venezolanos. “Recordemos que la sala de Cuestiones Previas aprobó una invitación a los venezolanos que son víctimas y a sus familiares para expresar sus opiniones. Y teníamos hasta el 7 marzo para presentar estos testimonios”, dijo. Ese proceso se abrió el 5 de diciembre de 2022 cuando el organismo puso en su web un formulario online para que las víctimas explicaran su caso y aportaran la documentación correspondiente. Asimismo, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) presentó en septiembre del año pasado su tercer informe anual, en el cual concluyó que los organismos de inteligencia del Estado venezolano, que responden al dictador Maduro, funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”. Este contundente informe documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por las fuerzas de la dictadura chavista desde 2014 hasta la actualidad. Además, la CPI tiene en sus manos numerosas denuncias de organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, entre ellos Human Rights Watch, y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Vale destacar que el fiscal de la CPI, Karim A. A. Khan, el mismo que sorprendió con la orden de arresto contra Vladímir Putin, también lleva el caso de Venezuela y el próximo 20 de abril deberá pronunciarse a través de la publicación de un informe. “Contundente: Sección Participación y Reparación de Víctimas [VPRS] @IntlCrimCourt recibió más de 2.000 formularios y vídeos de víctimas para consulta sobre continuar investigación contra criminales en caso Vzla. Fiscal @KarimKhanQC prorrogó informe por gran volumen de testimonios”, escribió Viera-Blanco en Twitter. La presentación del informe estaba pautada para el 30 de marzo, pero la avalancha de denuncias recibidas ha obligado a la Sala de Cuestiones Preliminares autorizar a una prórroga hasta el 20 de abril para que la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS por sus siglas en inglés) pueda analizar y procesar los formularios recibidos. MT — El fiscal Karin A. A. Khan podría solicitar una orden de captura o de presentación ante la Corte contra Nicolás Maduro. Sin embargo, tales medidas son de difícil cumplimiento, porque la CPI no cuenta con un órgano policial y Venezuela no cuenta con una ley de cooperación con este órgano. Entonces, ¿qué podemos esperar de la CPI sobre el caso Venezuela? OVB — Yo creo y tengo confianza que la Corte Penal está agotando, además con una celebrada celeridad, todo lo correspondiente a la justicia penal internacional. Nos podemos esperar que al término quizás de cumplimiento de estas fases, lo que lleve del año y parte del año entrante, tengamos la continuidad de una investigación y vayamos a una fase de enjuiciamiento a un régimen representado por Maduro y su cadena de mando. Tenemos conocimiento razonable de que se están perpetrando crímenes de lesa humanidad en Venezuela. De esta manera, estamos contribuyendo en un proceso importante para poner al descubierto lo que sucede en nuestro país. MT — ¿Qué tipo de denuncias entregó a la CPI? OVB — Tenemos básicamente de las 11 tipicidades de crímenes de lesa humanidad del artículo 7 del Estatuto de Roma. En Venezuela prácticamente se han cometido todas, pero mayormente siete de ellas, que se reducen a asesinatos, persecución política, tortura, tratos crueles y degradantes, y exterminios. Porque no solamente es el crimen que de pronto suena más horrendo como la tortura, sino que también recordemos que en Venezuela tenemos pensionados y tenemos personas que sufren de hambre y que mueren porque no tienen los recursos para alimentarse o porque tampoco tienen las medicinas para asumir sus enfermedades. MT — ¿Podría explicarnos algunos de los crímenes cometidos en Venezuela? OVB — Tenemos por ejemplo los crímenes de tortura y de aislamiento, de tipos de torturas realmente horribles, como poner a una persona por 48-72 horas en lo que se llama “la casa de los sueños”, que es como un ataúd. Someterlos a tratos degradantes o la tumba, por ejemplo, que es colocar a un preso de manera aislada a 3-4 pisos bajo el nivel de calle en absoluto aislamiento y bajo jornadas de frío intenso. En fin, torturas de maltrato, torturas de mutilación, torturas psicológicas que están descrita por sus propios testigos o por familiares que han sabido de ese tipo de torturas, como el Almirante Rafael Acosta Arévalo, que fue torturado y murió producto de esas golpizas que le perpetraron en ese momento. MT — Según el último reporte del Foro Penal Venezolano del pasado 13 de marzo, existen 282 presos políticos en Venezuela. E incluso se tuvo noticias de la huelga de hambre de 67 días que realizó hasta el pasado 30 de enero el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, quien está detenido desde el año 2018 tras ser acusado de conspiración. ¿Cuál es la situación de estos prisioneros? OVB — Igbert Marín Chaparro ha sido objeto de aislamiento, en un sitio que por cierto no es su lugar de reclusión porque debería estar en Ramo Verde y se encuentra en la sede del DGCIM. Parte de la tortura es no poder ver a sus familiares. Torturas de un aislamiento oprobioso, en donde no se tiene respeto a los derechos humanos. Tortura es también no tener un juicio cierto, estar sometido a una incertidumbre continua, es amanecer sin la esperanza de que haya justicia. Esto, sin duda alguna, está latente en los más de 200 presos políticos que existen en el país. Todo eso está incluido en el material (entregado a la CPI), está el crimen de persecución, el exilio, como muchos diputados que pertenecimos al servicio exterior de Guaidó y que no tenemos retorno a Venezuela por apartheid político. Los asesinatos que se han producido productos de las torturas, las desapariciones forzosas. Todas estas tipicidades están incluidas en ese informe que hemos presentado a la Corte Penal Internacional. MT — El pasado 7 de marzo usted estuvo en la Universidad John Cabot de Roma para dialogar sobre los desafíos de las democracias en América Latina y el rol del derecho internacional. En su paso por la capital italiana, se reunió con Matteo Angioli, secretario general del Global Committee for the Rule of Law – Marco Pannella (ONG defensora de los DD. HH.) y con el diputado Andrea Del Mastro Delle Vedove, viceministro de Justicia del Gobierno de Giorgia Meloni. ¿Qué espera del gobierno italiano? OVB — Es importante que Italia retome el liderazgo desde Europa de lo que ocurre en Venezuela. No puede ser la soberanía o la no intervención un principio para avalar un régimen, una tiranía, un Estado totalitario, una dictadura. Intentamos sensibilizar no solamente a nivel académico, sino también a nivel institucional, al Parlamento, a los funcionarios de gobierno. El país no se arregló, en Venezuela seguimos teniendo una crisis humanitaria severa, seguimos teniendo un proceso de éxodo de venezolanos que siguen buscando un nuevo futuro en el exterior. No es verdad que Venezuela está viviendo situaciones de normalización, en Venezuela lo que realmente es normal es la injusticia, es la carencia, es el hambre, es un pensionado al que le pagan dos dólares, cuando se lo pagan, al mes. Los médicos se han tenido que ir del país, tenemos un país que sigue sin agua, sin los servicios públicos básicos. Pedimos (al gobierno italiano) que eleven su voz por los presos políticos, por la libertad de los presos políticos, para que desde Europa se conozca nuevamente el caso venezolano.

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