Acciones de Trump hacen que familias migrantes evalúen el riesgo de enviar a sus hijos a la escuela

En muchos distritos, los educadores han tratado de tranquilizar a los padres migrantes señalando que las escuelas son lugares seguros para sus hijos, a pesar de la promesa de campaña del presidente de llevar a cabo deportaciones masivas. Sin embargo, los temores se intensificaron para algunos cuando el gobierno de Trump anunció el martes que permitirá que las agencias federales de inmigración realicen arrestos en escuelas, iglesias y hospitales, poniendo fin a una política de décadas de antigüedad. “¡Ay, dios santo! ¿Por qué quieren hacer eso?”, dijo Carmen, una migrante de México, después de escuchar que el gobierno de Trump había rescindido la política contra los arrestos en “lugares sensibles”. Ella planeaba llevar a sus dos nietos, de 6 y 4 años, a su escuela el miércoles en el área de la Bahía de San Francisco, a menos de que escuche por parte de los funcionarios escolares que no es seguro. \"Lo que me calma mis nervios es saber que la escuela está al pendiente y nos ha dicho que está con uno, con los estudiantes y si no es seguro mandar los niños a la escuela nos van a avisar\", agregó Carmen, quien habló con la condición de que sólo se use su nombre, por miedo a ser blanco de las autoridades migratorias. Los inmigrantes de todo el país están nerviosos por la promesa de Trump de deportar a millones de personas. Aunque los temores de redadas no se materializaron el primer día del gobierno, los rápidos cambios en la política migratoria han dejado a muchos confundidos e inciertos sobre su futuro. En un momento en que muchas familias de migrantes —incluso aquellas que se encuentran en el país legalmente— están evaluando si y cómo salir en público, muchos sistemas escolares están observando los efectos en la asistencia de los estudiantes. Varias escuelas dijeron que estaban recibiendo llamadas de padres preocupados por rumores de que agentes de inmigración intentarían entrar en las escuelas, pero era demasiado pronto para decir si un gran número de familias están manteniendo a sus hijos en casa. La medida del martes para despejar el camino para los arrestos en las escuelas revierte una guía que restringía a dos agencias federales, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), de llevar a cabo acciones en lugares sensibles. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que: “Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar el arresto”. Daniela Anello, quien dirige la Escuela Pública Bilingüe D.C. en la capital del país, comentó que estaba impactada por el anuncio. “Es horrible”, expresó Anello. “No existe tal cosa como esconder a alguien. No ocurre, no ha ocurrido... Es ridículo”. Se estima que 733.000 niños en edad escolar viven de manera ilegal en Estados Unidos, según el Instituto de Política Migratoria. Muchos más cuentan con la nacionalidad estadounidense, pero tienen padres que están en el país sin permiso legal. Funcionarios educativos de algunos estados y distritos han prometido defender a los estudiantes migrantes, incluido su derecho a una educación pública. En California, por ejemplo, los funcionarios han ofrecido orientación a las escuelas sobre la ley estatal que limita la participación local en la aplicación de la ley de inmigración. Una resolución aprobada por la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Chicago en noviembre destacaba que las escuelas no ayudarían al ICE en la aplicación de la ley de inmigración. Los agentes no podrían ingresar a las escuelas sin una orden judicial penal, según el acuerdo. Y el mes pasado, el distrito escolar de Nueva York les recordó a los directores de las escuelas públicas de la ciudad que existen políticas que incluyen la prohibición de recabar información sobre el estatus migratorio de los estudiantes. Ese no es el caso en todas partes. Muchos distritos no han ofrecido ninguna garantía para las familias inmigrantes. Los educadores en la Academia Charter Fugees de Georgia han aprendido que incluso los estudiantes y familias que están en el país legalmente están intimidados por las amplias propuestas de Trump para deportar a millones de inmigrantes y reducir los derechos de los que no tienen nacionalidad estadounidense. “No están ni siquiera en riesgo de deportación y aún así están asustados”, dijo la directora operativa Luma Mufleh. Los funcionarios de la pequeña escuela de Atlanta, que es autónoma y se enfoca en servir a refugiados e inmigrantes, esperaban que tantos estudiantes faltaran al colegio el día después de que Trump asumiera el cargo que los educadores aceleraron el calendario de exámenes para que los alumnos no perdieran pruebas importantes. Cuando se les preguntó el martes por los datos de asistencia, los funcionarios escolares no se sintieron cómodos compartiéndolos. “No queremos que nuestra escuela sea un objetivo”, indicó Mufleh. La nueva política migratoria para las escuelas probablemente hará que algunos padres inmigrantes que temen la deportación mantengan a sus hijos en casa, incluso si enfrentan poco riesgo, dijo Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes. Él cree que es parte del objetivo de la administración de hacer la vida tan insostenible que los inmigrantes al final se vayan de Estados Unidos por su propia voluntad. Para Iris González, en Boston, las escuelas parecen ser casi el único lugar seguro para alguien como ella que está ilegalmente en el país. Ha tenido a sus hijas en las escuelas de Boston durante casi una década y no espera que nadie allí la moleste a ella o a sus hijas por prueba de que están aquí sin permiso legal. Así que sus hijas seguirán yendo a la escuela. “La educación es importante”, señaló. González, quien llegó a Estados Unidos desde Guatemala de manera ilegal hace 14 años, sí se preocupa por entrar a un tribunal o conducir, aunque tenga licencia. “¿Y si me paran?”, se pregunta. “No duermo”, dijo. “Hay tanta incertidumbre. Cómo encontramos trabajo, si sigo manejando, que más va a cambiar”. Carmen, la abuela mexicana que ahora vive en California, dijo que regresar a casa no es una opción para su familia, debido a que enfrentó amenazas después de que su yerno fue secuestrado hace dos años en su casa en el estado de Michoacán, una zona plagada de organizaciones de tráfico de drogas. Su familia llegó hace dos años bajo el programa del expresidente Joe Biden que permite a los solicitantes de asilo ingresar a Estados Unidos y luego solicitar permiso para quedarse. Tras tomar posesión del cargo el lunes, Trump cerró de inmediato la aplicación CBP One que procesaba estas y otras llegadas y ha prometido “terminar con el asilo” durante su presidencia. Carmen ha tenido varias audiencias sobre su solicitud de asilo, que aún no le ha sido otorgada. “Mi mayor miedo es que no tenemos a dónde volver”, comentó. “Se trata de salvar nuestras vidas. Y proteger a nuestros hijos”. ___ La cobertura educativa de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.