Lo que hay que saber del fallo que bloquea la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento

Un abogado del Departamento de Justicia apenas había comenzado a presentar sus argumentos en un tribunal de Seattle cuando el juez del distrito de Estados Unidos John C. Coughenour empezó a bombardearlo con preguntas, calificando la orden ejecutiva de “abiertamente inconstitucional”. El magistrado procedió a bloquearla temporalmente en espera de más alegatos. A continuación, algunas cosas que debe saber acerca de la decisión y las demandas que desafían la orden de Trump. La ciudadanía por derecho de nacimiento supone que alguien nacido en un país es ciudadano de ese país. En Estados Unidos, este principio está consagrado en la 14ta enmienda a la Constitución, que establece que “Todas las personas nacidas o nacionalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”. Fue ratificada en 1868 para garantizar la ciudadanía de los antiguos esclavos después de la Guerra Civil. Los detractores de la inmigración sin restricciones han alegado que esto es un incentivo para que las personas entren o se queden en Estados Unidos ilegalmente: saben que si tienen hijos, esos niños serán ciudadanos y más tarde podrían solicitar que sus padres se conviertan en residentes legales permanentes. En un esfuerzo por frenar la inmigración ilegal, Trump emitió la orden ejecutiva justo después de asumir la presidencia para un segundo mandato el lunes. La medida provocó recursos legales inmediatos en todo el país, con al menos cinco demandas presentadas por 22 estados y varios grupos de defensa de los derechos de los migrantes. La presentada por Washington, Arizona, Oregón e Illinois fue la primera en ser escuchada. El fallo del jueves fue una orden de restricción temporal que impide al gobierno hacer cumplir o implementar la orden de Trump a nivel nacional durante los próximos 14 días. En las próximas dos semanas, las partes presentarán más informes sobre los fundamentos legales de la orden ejecutiva. Coughenour fijó otra vista para el 6 de febrero en la que escuchará argumentos a favor y en contra de dictar una orden preliminar, que bloquearía la orden ejecutiva a largo plazo mientras el caso avanza. Mientras, algunos de los otros recursos contra la orden también han echado a andar en los tribunales. La próxima audiencia será la del caso presentado en Maryland por CASA, una organización sin ánimo de lucro que apoya a menores que sufrieron abusos o malos tratos en hogares de acogida. Está prevista para el 5 de febrero en el Tribunal de Distrito en Greenbelt. Otro recurso, encabezado por Nueva Jersey en nombre de 18 estados, el Distrito de Columbia y San Francisco, y uno presentado en Massachusetts por el Centro de Trabajadores Brasileños aún no tienen vistas programadas. Además de discutir la constitucionalidad de la orden ejecutiva, los estados afirman que la medida sometería a todos los menores afectados a la deportación y convertiría a muchos de ellos en apátridas. Los privaría de sus derechos e impediría que participasen en la vida económica o cívica, de acuerdo con los estados. Coughenour no explicó su razonamiento durante la audiencia del jueves, pero su afirmación de que la orden es “abiertamente inconstitucional”, así como su interrogatorio directo al abogado del Departamento de Justicia Brett Shumate —y su falta de preguntas para el fiscal general adjunto de Washington, Lane Polozola— sugirió que estaba de acuerdo con los argumentos de los estados. Los estados sostienen que está bien establecido que la 14ta Enmienda garantiza la ciudadanía por nacimiento y que el presidente no tiene autoridad para determinar quién debe o no debe recibirla. “Llevo más de cuatro décadas en los tribunales. No puedo recordar otro caso donde la cuestión planteada fuese tan clara como este”, dijo Coughenour a Shumate. El Departamento de Justicia indicó más tarde en un comunicado que “defenderá enérgicamente” la orden ejecutiva del presidente. “Esperamos presentar una argumentación completa ante el Tribunal y el pueblo estadounidense, que está desesperado por ver que se cumplan las leyes de nuestra nación”, apuntó. Coughenour, de 84 años, se licenció en Derecho en la Universidad de Iowa en 1966 y fue nombrado juez por el presidente Ronald Reagan en 1981. Es juez federal desde hace más de cuatro décadas y, aunque ahora está semiretirado, sigue escuchando casos. Tiene reputación de ser un jurista duro, independiente y a veces cascarrabias. El recién elegido fiscal general de Washington, Nick Brown —exfiscal federal en Seattle— dijo después de la vista que no le sorprendió la reacción de Coughenour ante la “absurdidad” de la orden ejecutiva. “He estado frente al juez Coughenour y he visto su frustración personalmente”, indicó Brown. “Pero creo que las palabras que expresó y la seriedad que mostró han confirmado lo que hemos estado diciendo. Esto es bastante obvio”. Entre los miles de casos juzgados por Coughenour, que abarcan desde el derecho penal hasta el ambiental, probablemente el más famoso fue el del “terrorista del milenio”, Ahmed Ressam. Ressam fue arrestado a su entrada en Estados Unidos en diciembre de 1999 con un maletero lleno de explosivos y planes para atentar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en Nochevieja. Coughenour discutió repetidamente con los fiscales federales durante la vista de sentencia de Ressam por los beneficios que debería recibir por cooperar con la justicia después de su condena. En dos ocasiones, el juez sentenció a Ressam a 22 años, mucho menos de lo que pedía la fiscalía, y otras tantas veces el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos revocó su decisión. Finalmente, Coughenour sentenció a Ressam a 37 años en 2012. En aquel momento declaró que el caso de Ressam era el único que se le ocurría en el que la corte de apelaciones lo consideró demasiado indulgente. ___ Catalini informó desde Trenton, Nueva Jersey. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.