Puerto Rico 17 junio 2022

Aumento vertiginoso en desahucios

Abogan por los beneficiarios del Programa de Vivienda Pública

Durante el pasado año se ejecutaron 41 desahucios de personas beneficiarias del Programa de Vivienda Pública por incumplimiento en el pago de su alquiler. En cambio, durante los primeros cinco meses y medio de 2022 esa cifra se catapultó hasta alcanzar los 421 desahucios, denunció ayer Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de la organización Ayuda Legal Puerto Rico.

Ante el aumento vertiginoso de casos, la abogada se comunicó con el titular de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Alejandro Salgado, para expresarle su preocupación, ya que la mayoría de estas demandas de desahucio son presentadas por los agentes administradores de residenciales públicos A&M y SP Management.

“Traemos a su atención que en la mayoría de estos casos la parte demandada no cuenta con representación legal (un número superior al 95%), ampliando la desigualdad de condiciones en el proceso de desahucio. Para organizaciones de servicios legales gratuitos, lograr comunicación y ofrecer apoyo a la parte demandante se complica toda vez que los agentes administradores, pese a conocer el teléfono de la persona residente, no lo proveen con la demanda. Así establecen un obstáculo adicional en la defensa de sus derechos”, señala la carta.

En un aparte con EL VOCERO, Godreau Aubert señaló que la práctica en contra de personas de escasos recursos les pone en una mayor situación de vulnerabilidad cuando la finalidad de la AVP y del gobierno mismo debe ser ayudar a las personas a tener un techo seguro.

“La gente necesita espacio para restablecer su capacidad económica… los cupones (Programa de Asistencia Nutricional) no dan. Y en un país con la inflación como está, el alza en la luz, en el agua. Es tan complejo todo”, manifestó.

Salgado, por su parte, explicó que al vencer en septiembre del año pasado la moratoria que se había establecido en la ejecución de desahucios debido a la pandemia de covid-19, muchas personas que no se pudieron poner al día con los pagos no pudieron permanecer bajo el programa que tiene unas regulaciones federales con las que hay que cumplir.

Dijo que emitió una orden para darles a los beneficiarios 30 días antes de que se ejecute un desahucio y en ese periodo los administradores deben ofrecerles orientación sobre el fin de la moratoria, sobre el Programa de Asistencia para la Renta (ERA, en inglés) y de la opción de un plan de pago, entre otras alternativas.

No obstante, reconoció que por reglamentación federal el ERA tiene un tope de 15 meses, por lo que no descartó que para algunas familias también haya vencido ya el paquete de ayuda.

Detallan el proceso

“No es algo que se hace de inmediato… El proceso comienza cuando hay dos meses de renta vencidos y adeudados. Se envía un recordatorio a la familia para dejarle saber que tiene un deber y que no ha cumplido con su pago. Una vez hay dos meses vencidos y adeudados, hay una notificación que se le envía a la familia en cuanto a la deuda que tiene. Se proveen alternativas para establecer planes de pago y eso está en nuestra regulación. Las alternativas las hemos provisto”, detalló el funcionario.

En caso de que haya una reducción en el ingreso familiar, ya sea por pérdida de empleo o alguna otra circunstancia, incluyendo el fin de la tarifa especial para beneficiarios del PAN, se revalúa la situación mediante lo que se conoce como un reexamen especial y se ajusta el pago de la renta para que sea conforme al nuevo ingreso, aseguró Salgado.

Según el administrador de Vivienda Pública, de las 50,000 familias en residencias subsidiadas, unas 19,400 pagan algún canon de arrendamiento ajustado al ingreso familiar. De esas se han “atendido” bajo el programa ERA a 15,700 familias.

Sin embargo, de los $325 millones que se separaron para ese paquete de ayuda, solamente se han desembolsado $150 millones y el programa vence dentro de tres meses, alertó Godreau Aubert, al tiempo que calificó como una “tragedia” que no se haya implementado el programa de forma más efectiva.

Cuando este medio le cuestionó a Salgado si se ha evaluado la falta de inventario de residencias de bajo costo y si las repercusiones de estos desahucios estaban provocando un aumento en personas sin hogar, el funcionario repitió una y otra vez que está obligado a cumplir con lo que dictan las normas federales.

En todo caso, evaluar si hay más personas sin hogar como consecuencia del aumento en los desahucios es algo que “podría considerarse”, pero a juicio del titular de la AVP tendría que ser un esfuerzo interagencial.

Piden ampliar periodo de ajuste

Una de las recomendaciones de Ayuda Legal Puerto Rico para lidiar con el problema que entiende está causando esta situación es ampliar el periodo de ajuste una vez se hayan agotado las ayudas de ERA, o de lo contrario el programa podría terminar siendo un subsidio a los administradores privados, quienes aseguran el pago de una deuda que quizás ya habían dado por perdida.

“Le llamamos a requerir a todo agente administrador que haya recibido el pago de ERA a nombre de un residente que no puede comenzar un proceso de desahucio conforme a la reglamentación estatal y federal aplicable hasta que transcurran 90 días desde el recibo del pago”, reza la misiva de la entidad.

Salgado aseguró que están evaluando la comunicación y no descartan implementar lo que redunde en un mejor servicio.

Fuente: elvocero.com

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