Tras controversia por invasión de terrenos ubicados en la reserva natural
Varias agencias federales descendieron hasta la comunidad Las Mareas en Salinas para llevar a cabo una inspección ocular en los terrenos de la Reserva Nacional Estuarina de Bahía Jobos.
Entre las agencias que llegaron hasta los terrenos en controversia en el Camino del Indio durante la mañana de hoy están el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), el Departamento de Justicia, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
También estuvieron presentes la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, junto a la División de Investigaciones Criminales del Ejército.
El jefe del FBI, Joseph González, explicó el motivo de su presencia: "Donde haya alegaciones, nosotros vamos a investigar. Ese es el deber del FBI". En tanto, el subjefe de la Fiscalía federal, Héctor Ramírez Carbó, dijo que analizan posibles violaciones a la Ley de Agua Limpia y la Ley sobre Ríos y Puertos, entre otras. No descartan que también se encuentren violaciones a leyes federales sobre fraude y soborno.
"No vamos a entrar en detalles de en qué etapa de investigación estamos ni cómo vamos, pero les aseguro que si hay violaciones de ley federal, nosotros las vamos a procesar. Si hay alguien que haya pagado algún soborno, si hay alguien que haya violado leyes ambientales, vamos a procesarlo hasta las últimas consecuencias. Y por eso estamos aquí en el día de hoy y queremos reiterarle al público y al pueblo de Puerto Rico que no vamos a dejar que esto pase por desapercibido", dijo Ramírez Carbó.
"Si no hay delito federal y es estatal, vamos a trabajar mano a mano con nuestros compañeros", agregó por su parte González.
En tanto, la fiscal del Departamento de Justicia, Roxanne Rivera Carrión afirmó que la investigación que comenzó la agencia a finales de marzo está adelantada y aseveró que era una investigación grande.
"Hemos recibido mucha documentación, las agencias están cooperando, las personas, testigos que pudieran aportar también han ido al departamento a ser entrevistados. Es grande la investigación, pero esta trabajándose diariamente", expresó Rivera Carrión.
Aunque han habido denuncias desde 2014, la prominencia del caso se remonta al 21 de marzo pasado cuando la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, emplazó al entonces secretario del DRNA, Rafael Machargo, a que tomase acción en contra de la "destrucción" de la reserva a la que calificó de “crimen ambiental”.
A partir de allí, comenzaron una serie de acciones que buscan desalojar los terrenos e iniciar un proceso de reforestación para que el área recupere su estado natural.
Preliminarmente, se calcula que los daños a la reserva sobrepasan los $4 millones.
“Nuestros expertos, científicos ambientales y biólogos, nos han dicho que el daño sí es reversible”, aunque va a tomar muchos años que el sector afectado recupere el área verde, manifestó la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez. Incluso, dijo que podría tardar una década la recuperación de la zona.
Una evaluación del impacto causado por los invasores en el sector conocido como Camino del Indio, sostenida mediante querellas del Cuerpo de Vigilantes, muestra que se realizaron cortes ilegales de árboles de manglar, relleno ilegal del manglar, instalación ilegal de muelles y rampas en la Zona Marítimo-Terrestre, entre otras irregularidades.
El 28 de abril pasado, el DRNA anunció que presentaría una demanda contra los 12 invasores de la Bahia de Jobos, que además pretendía que el tribunal emitiera una sentencia declaratoria para reafirmar que la agencia es el único dueño en pleno dominio del terreno en controversia.
Además, de la orden de desahucio contra los 12 individuos que han ocupado ese terreno ilegalmente, el DRNA buscaba una acción reivindicatoria para que se removiesen bienes muebles, se demolieran estructuras inmuebles y que todos esos costos corriesen a cargo de los demandados.
Se trata de Jorge Oppenheimer Méndez, Miguel A. Flores Torres, Pablo Vergara Ramos, Brendaliz Cotto León, Edgar Cruz Falcón, Ángel Benítez Rodríguez, Víctor Feliciano Bonilla, Carmen Santiago Bermúdez, Myrna Mercado Collazo, Ramón López Vélez, Grecy Marie Correa Carrasquillo y Rafael Caraballo Díaz. No se descartó que haya más implicados.
Según documentos judiciales, “los codemandados compraron una participación proindiviso de la Finca 3752, originalmente propiedad del matrimonio Guillermo Godreau Marrero y Josefa Veguilla, pero se ubicaron físicamente y construyeron en la Finca 5791, donde se ubican los terrenos de la Reserva”, propiedad del DRNA.
Esa agencia adquirió esta finca en 1982 para dedicarla exclusivamente al santuario estuarino con fondos provenientes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Estos terrenos pertenecían a un dueño privado denominado “Aguirre’s Share Holder’s Liquidating Trust”.
Desde su adquisición, la reserva se administra a través de un Memorando de Entendimiento entre la División de Reservas Estuarinas de la NOAA y el DRNA.
Aunque el caso cobró fuerza a principios de este año, en una vista ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes se denunció que el DRNA no había atendido querellas por construcciones ilegales en la reserva desde el 2004. También hubo otras irregularidades como que el Cuerpo de Vigilantes emitió multas por $250,000 que luego fueron reducidas a $3,000 por la División Legal.
Además de la demanda del DRNA, el Departamento de Justicia lleva a cabo su propia investigación de naturaleza criminal para identificar violaciones en la reserva.
Por otra parte, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico lleva a cabo una investigación sobre los daños allí ocasionados.
Esta reserva de alto valor ecológico es hogar de varias especies en peligro de extinción, entre ellas, la mariquita de Puerto Rico, el pelícano pardo, el carey de concha y el manatí antillano, agrupando la población más grande de Puerto Rico de este último, además de tener un rico ecosistema marino de mangles.
La proliferación de construcciones y obras ilegales dentro la reserva agrava el fraccionamiento del manglar que se ve desplazado y trae consigo una reducción en la protección que ofrece. Esta pérdida de mangle reduce el hábitat para especies de peces, aves y otros organismos.
Los mangles, así como los corales, son la primera defensa de mitigación de la energía del mar que se desplaza hacia la costa durante marejadas ciclónicas, evitando o mitigando inundaciones costeras. Igualmente, son una barrera de mitigación contra el aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global.
Fuente: elvocero.com
