calidad de vida22 mayo 2019

Difícil panorama para los ancianos

Son muchos los factores que se conjugan para empeorar la calidad de vida de estos ciudadanos

Son varios los problemas económicos y sociales que atraviesa Puerto Rico que podrían causar en los próximos años una nueva crisis que afectaría directamente a las personas de edad avanzada, y de la cual académicos y legisladores aseguran tener conocimiento.

El Negociado del Censo Federal estimó en su Encuesta a la Comunidad 2018 que en la Isla viven más de 600,000 personas de 65 años o más. Si ese retrato demográfico persiste en los próximos 10 años —atado al empobrecimiento de los ancianos y la falta de acceso a servicios de salud— existe la posibilidad de un potencial aumento en la cantidad de personas mayores que necesitarán cuidados extremos de sus familiares para sobrevivir, según la demógrafa Judith Rodríguez.

La académica dijo en entrevista con EL VOCERO que la población está envejeciendo aún más. Sin embargo, reconoció que el panorama empeoró debido al aceleramiento de la pobreza, las medidas de austeridad del gobierno, la falta de acceso a servicios de salud, la crisis en los sistemas de retiros, la migración y los problemas de salud mental.

“Históricamente los gobiernos descansan en la unidad que se llama la familia y la familia es el apoyo de esas personas. Como las familias se han visto tan amenazadas y abrumadas por la misma crisis económica, ha hecho que los mismos familiares que pudieran quizás dar ayuda se vayan del País y quede un solo miembro de la familia”, opinó.

Datos provistos por Rodríguez proyectan un potencial aumento de 31.6% entre 2019 a 2025, de personas mayores de 75 años o más que tienen dificultad para cuidarse. Para ese mismo periodo, habría un aumento de 24.46% de personas de 75 años o más que tendrán dificultades ambulatorias y otra alza de 24.36% en las que tendrán dificultades para llevar una vida independiente.

Señaló que las dificultades se notarían aún más en los mayores de 75 años. No descartó que el Estado —aún con sus limitaciones económicas— deba asumir mayor responsabilidad por el cuidado de estos ciudadanos. Los envejecientes que pasan a manos del Departamento de la Familia representan un costo de $3 millones mensuales para el gobierno, según estimados.

“El gobierno lo que se supone que haga es que sea un facilitador para las familias y que los ayude dándole un respiro para que el cuidador respire y haga sus cosas. Al estar la persona cuidando ahí 24 horas a sus padres se descuida su salud y si a eso le añades que es una persona retirada que ayuda a sus papás y a sus nietos y encima le bajan la pensión, todo se va a ver prácticamente afectado”, expresó.

Sin una política pública

La falta de una política pública específica en el gobierno para atender los problemas de esta población y evitar una nueva crisis, es un asunto que varios legisladores han identificado y plasmado en diferentes proyectos de ley; algunos cuyo lenguaje pude ser repetitivo y hasta chocar con otras leyes que han sido aprobadas en el pasado.

Ayer, por ejemplo, el Senado decidió devolver a la Comisión de Gobierno un proyecto de la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier, que busca enmendar el Código Penal para clasificar como delito el que se incumpla con la obligación de alimentar a una persona de edad avanzada o a una persona con impedimentos. La discusión del Proyecto de la Cámara 358 se paralizó luego de que la senadora popular, Rossana López, levantara bandera de que existe una ley que atiende ese asunto y que podría crear confusión en algunos casos judiciales.

López se refirió a la Ley 138 de 2014 que enmienda la Carta de Derechos para las Personas de Edad Avanzada. El presidente de la comisión senatorial, Carlos Rodríguez Mateo, solicitó que se devuelva a comisión para reexaminar el planteamiento de López y no descartó llevarlo a vistas públicas.

Actualmente, en la Legislatura hay un sinnúmero de proyectos dirigidos a los envejecientes y que parecerían ser “parchos” para mejorar la maltrecha calidad de vida de los ancianos, reconoció el portavoz de la delegación novoprogresista en el Senado, Carmelo Ríos.

“En las caminatas legislativas, cuando visitamos las casas veo muchos envejecientes encerrados en sus casas y me pasa mucho en las urbanizaciones que tienen 30 años o más, donde los hijos se hacen cargo de sus papás, tienen que trabajar y los encierran porque están solos y si están enfermos de la mente se van”, relató.

“No estamos listos”

Sin embargo, el abandono no solo se refleja en las caminatas legislativas sino que también en los hospitales. En lo que va de año, al menos 19 casos de envejecientes abandonados se han reportado dentro de la institución de los hospitales HIMA San Pablo.

“Nosotros como gobierno no estamos listos para la ola que nos viene encima, que no ha llegado, de personas que se pueden valer por si mismas, pero no pueden estar solas. En Florida, por ejemplo, se han hecho proyectos de interés social para que esas personas puedan vivir en un sitio que a una corta caminata tengan a una enfermera o alguien que los asista. Es una comunidad planificada, y ese sistema en Puerto Rico no lo tenemos. El estado no podrá en cinco o siete años bregar con la situación de los ancianos y los cuidos”, señaló Ríos.

El senador independiente y salubrista, José Vargas Vidot, fue otro que reconoció que el gobierno no ha asumido aún el cambio demográfico, al que describió como “abrupto” y que llegó “sin ningún plan de contingencia”.

Fuente: elvocero.com

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