La Legislatura aprueba el presupuesto de $10,112 millones con enmiendas

La medida pasa ahora a la evaluación de la Junta de Control Fiscal

Sin debate y luego de largas horas de negociaciones contra el reloj para cumplir con el nuevo plazo otorgado por la Junta de Control Fiscal, el Senado aprobó anoche el informe del comité de conferencia sobre la resolución presupuestaria para el año fiscal 2021-2022, ascendente a $10,112 millones, con enmiendas.

En síntesis, las enmiendas -que a su vez son la ficha de tranque- están relacionadas con el lenguaje restrictivo para que el Ejecutivo tenga que acudir a la Legislatura si desea modificar o reprogramar asignaciones presupuestarias. Otras enmiendas incluyen la redistribución de partidas realizadas en el Senado.

“Hemos hecho un esfuerzo enorme en el Senado de Puerto Rico para trabajar un presupuesto que cuente con la participación de los demás partidos, que cuente con la aprobación de la Cámara de Representantes, que cuente con el visto bueno del gobernador para que lo pueda firmar y que la Junta de Control Fiscal pueda certificar el primer presupuesto (que no sea su versión) en los pasados cuatro o cinco años”, dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, en una conferencia de prensa antes de la votación.

Versiones “incompatibles”

Dalmau Santiago precisó que el Senado tenía una “versión incompatible” con la versión de la Cámara de Representantes presentada en el comité de conferencia. Mencionó que en la Cámara no tenían los votos para sacar unas enmiendas que se introdujeron y que tienen que ver con la reasignación de fondos en las agencias y con los cabilderos de la estadidad.

Mientras, indicó que si se incluían esas enmiendas en el Senado se pondría en peligro la aprobación del presupuesto. “Así que, ante esa consideración, nosotros como delegación tenemos que poner en una balanza la siguiente situación: en el presupuesto que trabajó la Cámara y el Senado se lograron unas asignaciones de fondos que en una reunión en la mañana de hoy (ayer) con la Junta de Control Fiscal en su gran mayoría fueron aceptadas, modificadas o enmendadas”, aseveró Dalmau Santiago.

Esas asignaciones logradas iban en la dirección de otorgar fondos, según dijo, a la Universidad de Puerto Rico (UPR), para el alza salarial a los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y para cubrir los salarios de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que fueron transferidos a otras agencias tras no aceptar laborar para la compañía privatizadora LUMA Energy.

“Los fondos para los municipios, que necesitaban una partida de $44 millones, se consiguieron $22 millones y hay un lenguaje dentro de este presupuesto para identificar $22 millones adicionales para darles a los municipios el porcentaje que necesitan para equiparar los fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y de rehabilitación”, sostuvo.

También se había identificado los fondos para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, para los estudiantes y pacientes del Programa de Discapacidad Intelectual, para la comunidad sorda y para los programas de residencia de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la UPR, entre otros.

“Eso es muy importante que esté en el presupuesto y de no llegar a un acuerdo el presupuesto que se aprobaría, que sería el de la junta, no contiene esas asignaciones. Así que poniendo en una balanza el País por encima de cualquier otra consideración, nosotros estamos hoy (ayer) en la posición de aprobar un presupuesto con las enmiendas de la Cámara de Representantes”, añadió. Dijo que entonces luego hay que esperar que la junta fiscal emita una notificación de violación o aprobación de lo que se hizo en las cámaras legislativas.

Dalmau Santiago indicó que en la reunión que hubo ayer con la junta fiscal, su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, mencionó que no estaba de acuerdo con las enmiendas presentadas sobre el lenguaje de las transferencias entre las agencias. “Ella (Jaresko) dijo que ese lenguaje, probablemente cuando ella se lo presentara a la junta, no cumplía con el plan fiscal y la ley Promesa y que podría traer un asunto burocrático”,

Por su parte, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, advirtió temprano que dicha delegación no le votaría a favor a la resolución si se mantenía un lenguaje restrictivo con el que se “pretende ponerle una camisa de fuerza al Ejecutivo para poder ejecutar la obra de gobierno”.

El legislador dejó claro que mientras estén esas restricciones y se incluya la suspensión de leyes que se aprobaron durante el pasado cuatrienio, incluyendo el estatuto que habilita la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) -quitándole ahora toda autoridad a la agencia-, la delegación del PNP no estaría votándole a favor a la resolución presupuestaria.

Pulseo con el ente regulador

El día arrancó prácticamente con una reunión entre la junta fiscal y la Legislatura con miras a discutir los cambios que se le habían realizado a la resolución presupuestaria.

A su salida del encuentro los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara, Juan Zaragoza Gómez y Jesús Santa Rodríguez, respectivamente, se mostraron satisfecho” y anticipaban que había un buen ambiente para lograr la aprobación del presupuesto. Explicaron que, en ese momento, el reto mayor era encontrar la fuente de donde iban a sacar el dinero para sufragar los cambios en las redistribuciones de partidas.

Sin embargo, el ambiente cambió en cuestión de horas y se produjo un tranque que obligó a la Legislatura a tener que pedir una extensión a la junta, pues no pudo cumplir con el plazo de las 6:00 p.m. Esto obligó a que se iniciaran conversaciones entre la Legislatura y el Ejecutivo nuevamente para tratar de llegar a un acuerdo.

Fuente: elvocero.com

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