Puerto Rico04 junio 2019

Cambio a la licencia de conducir

Una enmienda a la Ley de Vehículos y Tránsito dispondrá que su validez se extienda por ocho años

La Cámara de Representantes aprobó ayer una medida legislativa que propone enmendar la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para extender a ocho años el término para renovar la licencia de conducir y la vigencia de la tarjeta de identificación.

Actualmente, los conductores a los que se les haya expedido una licencia de conducir deberán renovarla a los seis años.

El Proyecto de la Cámara 2036, presentado por los legisladores Luis Pérez, Wilson Román y José “Memo” González, también permitirá a los ciudadanos renovar la licencia de conducir 150 días antes de la fecha de expiración. Actualmente, el tiempo previo es de 60 días.

“Esto redunda en un beneficio de inmediato al pueblo, ya que estamos bajando las filas que se encuentran en los Cesco, acortando el tiempo que tienen que ir los constituyentes. Adicional a eso, radicamos también para dar más tiempo a las personas para que puedan ir con antelación a renovar su licencia de 60 días que está en estos momentos a 150 días dándole las herramientas al pueblo”, dijo González.

Alivio ante un desahucio

Además, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que propone extender el término jurisdiccional de apelación a una sentencia de desahucio a 30 días, contados a partir desde la fecha de la notificación para garantizar así un proceso justo para las personas y familias afectadas.

El Proyecto de la Cámara 1888, presentado por los representantes Denis Márquez, José “Quiquito” Meléndez y Ramón Luis Cruz, enmienda el Artículo 629 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933.

En la actualidad el Código de Enjuiciamiento Civil, entre otras cosas, establece un término de cinco días para que la parte perjudicada por la sentencia de desahucio presente el recurso de apelación y prestar la fianza, lo que trae como consecuencia que, de facto, en muchos casos el derecho a apelar quede anulado por el término.

Este recurso de apelación es uno complejo que requiere el conocimiento de un abogado, cumplir con la fianza designada por el tribunal e incurrir en gastos de radicación, los cuales ascienden a la cantidad de $102 en sellos de rentas internas.

“Si tenemos una persona que no pudo pagar su residencia o que no pudo pagar su hipoteca, su alquiler… de dónde va a sacar los recursos para conseguirse un abogado en cinco días para que radique un recurso de apelación”, cuestionó, por su parte, Meléndez.

Ambas medidas pasan ahora al Senado.

Fuente: elvocero.com

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