Comercio15 julio 2019

Temen amenaza a la economía

Aseguran crisis de gobernabilidad afectaría la inversión, el clima de negocios y proceso de la deuda

Las renuncias de los últimos días en el gabinete del gobernador Ricardo Rosselló evidencian un mayor déficit en la configuración de su equipo económico, un factor que atenta directamente contra la credibilidad del gobierno entre los sectores de inversión, en el ambiente de negocios y en los procesos de negociación con acreedores, así como en el manejo legal de la deuda pública de la Isla.

Ese es el consenso entre representantes de diferentes sectores relacionados al tema económico, quienes ven una cuesta muy empinada para alcanzar la certeza necesaria que atraiga inversores, conseguir credibilidad en la buena fe del gobierno y que fluyan los procesos de Título III, que atiende la quiebra del gobierno.

Si la crisis fiscal laceró la credibilidad en el gobierno de Puerto Rico desde el primer impago de deuda en 2016, ahora la destitución reciente del principal oficial financiero, Raúl Maldonado, y la renuncia de Christian Sobrino, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y representante del gobernador ante la Junta Federal de Control Fiscal, colocan la credibilidad en niveles insospechados, plantearon algunos entrevistados.

“Ya de por sí, el gobierno tenía una deficiencia en el equipo económico. Christian Sobrino con muchos sombreros, y Maldonado igual, y no tenían una batería sólida financiera. Ahora es peor y no hay CFO (principal oficial financiero), ni nadie en OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), ni en Aafaf, mientras hay un proceso de negociación, mediación y quiebra, y asesores con facturaciones multimillonarias sin unas pautas de lo que va a pasar con la política fiscal. Esto abruma”, expresó una fuente relacionada a las negociaciones de la deuda.

La renuncia de Maldonado –en parte- fue cubierta en algunos puestos con Sobrino, quien renunció el sábado; y todavía no se ha hecho un anuncio de quiénes los sustituirán, ya que el gobernador enfrenta dificultades para atraer talento, indicó una fuente cercana a La Fortaleza.

Riesgo de más restricciones

Algunos de los consultados, mencionaron que la situación da herramientas a los que piden mayores restricciones a la concesión de fondos públicos para la Isla, y algunos no descartan que la junta pueda acudir al Congreso federal en reclamo de más poderes para nuevos controles.

“Aquí la junta puede sentir que tiene que ir al Congreso a enmendar la ley Promesa para buscar más poderes, de real control”, señaló una fuente, y mencionó que el retraso en la llegada de fondos federales y en un trastoque mayor de la economía puede hacer cambiar los supuestos de planes fiscales.

EL VOCERO solicitó una reacción de la junta fiscal, pero se informó que en torno a las recientes incidencias del gobierno no emitirían expresiones por el momento.

“Agenda... inalterada”

Manuel Laboy, secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), dijo a este medio que están enfocados y que no se ha detenido el trabajo. “Reconocemos el momento por el que atravesamos, pero continuamos en contacto directo con los inversionistas dándoles certezas y confianza sobre el clima de inversión y comunicando los pasos afirmativos para continuar fortaleciendo nuestro sistema a favor de los empresarios. Nuestra agenda de trabajo continua inalterada”, sostuvo Laboy, y enumeró gestiones como la firma del Código de Incentivos y la Reforma de Permisos.

Por el momento están paralizadas las negociaciones con acreedores de las obligaciones generales, al menos en el lado del gobierno, y no se sabe quién asistirá a una próxima vista ante la jueza Laura Taylor Swain, donde debía comparecer Sobrino en relación al acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), dijo el abogado Rolando Emanuelli, experto en quiebras y quien representa a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en reclamos en el proceso de reestructuración de la corporación. La vista es el 2 de agosto y Emanuelli anticipa un retraso en la aprobación del acuerdo.

“Todo esto para la economía es bien malo porque aguanta la inversión y genera conductas que en otros escenarios económicos no se darían, cuando tú no sabes cuál es el gobierno que va a imperar en Puerto Rico hasta el final del cuatrienio; y cuando cambian los jefes de las agencias todo empieza desde cero”, comentó Emanuelli.

Un momento complejo

Para la analista e investigadora en temas del mercado de inversiones, Cate Long, es un momento complejo porque “Promesa le da mucha autoridad a la junta fiscal en términos de la reestructuración de deuda, pero en el proceso hay un papel importante del gobierno de Puerto Rico”.

“Por ejemplo, el tribunal del Título III recientemente responsabilizó al gobierno de litigar si el interés de seguridad (gravamen) sobre la deuda de AEE era válido. El tribunal probablemente tendrá que suspender este proceso hasta que el gobernador designe un nuevo jefe para Aafaf y pueden dirigir a los abogados del gobierno en el proceso”, añadió Long.

Analizó que en general, la jueza Laura Taylor Swain ha reconocido que el gobierno de Puerto Rico “ha funcionado de manera corrupta durante décadas” y un ejemplo son los miles de contratos emitidos para publicidad y servicios artísticos.

El abogado experto en quiebras y analista John Mudd, no cree que el proceso de Título III necesariamente se atrase con toda la crisis de gobernabilidad, pero en cuanto al ambiente general no descarta mayor vigilancia federal. “Qué confianza puede tener un inversor en Puerto Rico con arrestos por corrupción, una junta tumbando bonos, y un gobierno pueril con ese chat. Esto puede llevar a una sindicatura mayor sobre los fondos federales”, analizó Mudd.

Reputación “destrozada”

Por su parte, Héctor I. Cordero Toledo, presidente de la Asociación de Agricultores, se mostró indignado con los recientes arrestos de funcionarios y contratistas del gobierno. “Nuestra reputación como país queda destrozada frente al mundo tras estos acontecimientos y solo queda indignarnos y exigir acción inmediata. Exigimos que el gobernador, sus asesores y todo su gabinete renuncien a sus puestos de manera inmediata”, sentenció.

Carlos M. Rodríguez, presidente de la Asociación de Industriales, dijo que “es muy lamentable que un pequeño grupo esté desprestigiando nuestra imagen a nivel nacional e internacional. En estas esferas se está ya generalizando a los puertorriqueños como corruptos”, y agregó que “la confianza toma años cultivarla y estas acciones la destruyen en solo horas”.

Fuente: elvocero.com

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