Compleja y costosa la demolición de estructuras inhabitables

Las cientos de estructuras que han quedado inhabitables debido a los daños recibidos por los recientes terremotos y sus réplicas, las cuales deberán ser demolidas, representan un monumental reto económico y de logística para el gobierno, que también dependerá de los fondos federales para realizar parte del trabajo. En la mira del sector público —y también del privado— está que llegue la declaración federal de desastre mayor para ver si dentro de los recursos que se autoricen para Puerto Rico por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) se consignan partidas encaminadas a costear la demolición de estructuras y disposición de escombros. Aunque en su mayoría se tratan de propiedades privadas, como los tres condominios declarados inhabitables en Ponce —Torre Plaza del Sur, El Sureño y Ponciana—, los cuales se supone que estén asegurados contra desastres, en el caso de las casas de familias la historia es otra, ya que la mayoría no está asegurada. Estas, según varios entrevistados en el gobierno y en los gremios de constructores, podrían requerir de asistencia económica y la intervención del Estado para evitar que se conviertan en estorbos que atenten contra la seguridad pública. “Puede haber una intervención de FEMA si es que finalmente decide intervenir en este desastre o podría haber intervención del municipio si entiende que la persona no tiene los medios y está haciendo algo para eliminar un estorbo público o un área de riesgo para los residentes de ese sector”, opinó el ingeniero Carlos Pesquera, recién nombrado asesor de mitigación de daños de La Fortaleza. En Ponce, a la alcaldesa María “Mayita” Meléndez le urge que se tramite y llegue una contestación afirmativa para la declaración de desastre mayor, porque le allegará recursos para la recuperación por los daños en la ciudad, entre lo que se deberá incluir la remoción de propiedades colapsadas. En su caso, también tiene edificios públicos que se han declarado inhabitables. En los otros municipios del suroeste que fueron ampliamente golpeados por los sismos —como Guayanilla, Yauco, Guánica y Peñuelas— también se han identificado como no aptas para vivir cientos de residencias, así como escuelas, edificios privados y algunas estructuras gubernamentales. “El edificio Torre Plaza del Sur se ubica en la urbanización Perla del Sur, tiene 16 pisos, 60 unidades y 58 de ellas son residenciales, dos comerciales. El Sureño es un edificio de 10 pisos y la mayoría de ellos son estudiantes. El edificio Ponciana es un condominio de 12 pisos y los primeros tres ocupan espacios comerciales”, detalló Meléndez, para significar no solo la proporción del daño a las estructuras, sino la cantidad de familias que se quedan sin hogar. El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Ottmar Chávez, dijo que en este asunto es importante distinguir que “el programa de demolición de propiedades se aplica de manera diferente a las propiedades públicas y a las privadas”, y esto añade complejidad a la hora de manejar el desastre. Reconfirmó que para que FEMA pueda activar las ayudas contenidas en la declaración de un desastre mayor es vital que el presidente Donald Trump acoja y emita la comunicación oficial. A la pregunta de si ya existe un estimado de cuánto podría costar demoler las estructuras que no sean habitables y la disposición de los escombros, el COR3 no ofreció detalles. El inventario de daños todavía está en progreso. En cambio, Chávez optó por explicar que la demolición de propiedades públicas es parte del Programa de Asistencia Pública de FEMA y es por reembolso. “En este caso el subrecipiente puede realizar el trabajo con su personal o por medio de una contratación. Luego de completar el proceso de FEMA y llegar a una obligación del proyecto, puede solicitar el reembolso”, sostuvo. Respecto a la demolición de propiedades privadas, Chávez adelantó que solicitarán a FEMA una acción extraordinaria, pero advirtió que serían elegibles aquellas que se identifiquen como peligrosas para la salud, seguridad y recuperación económica de la comunidad. Hablan los constructores Humberto Donato, presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América, explicó que la responsabilidad primaria de demolición de esas estructuras recae sobre su dueño —público o privado— y recordó que muchas de estas deben tener pólizas de seguros que cubren huracanes y terremotos. En caso de que esos recursos no sean suficientes, indicó que la asistencia de FEMA “sirve como instrumento para llenar el hueco que no pueda cubrirse”, si cualifican. Además de los tres edificios que fueron declararos como inhabitables en Ponce, otros ocho aguardan por las evaluaciones de un ingeniero estructural y podrían correr igual suerte, señaló la alcaldesa Meléndez.Necesario agilizar los permisos Donato destacó que además del asunto económico para costear las demoliciones y disponer de los escombros, se requerirá que el gobierno impulse un proceso especial para que el trámite de permisos sea más acelerado y eficiente. “Demoler una estructura envuelve unos permisos de demolición que van atados a unos cumplimientos ambientales y son unos procesos establecidos por la ley en Puerto Rico y los reglamentos. En ese ejercicio el gobierno tiene que asistir y agilizar los permisos antes de que se conviertan en estorbos públicos”, afirmó. En los casos de viviendas multifamiliares, el también arquitecto comentó que hay hipotecas y otras garantías, lo cual hace que los procesos de demolición y la recuperación sean más complejos y conlleven mucho más tiempo. “Esas hipotecas los bancos las tienen que trabajar con cada uno de los residentes o propietarios, y eso tiene que ocurrir antes de que la estructura se demuela”, abundó. Entretanto, Pesquera, el asesor de la gobernadora Wanda Vázquez, opinó que a diferencia de la experiencia luego del devastador huracán María en 2017, cuando muchos dueños de propiedades aseguradas enfrentaron dificultades con sus reclamaciones y todavía algunas están en proceso, esta vez entiende que será menos difícil. Lo ve así porque son daños en una región y no en toda la Isla. “Recuerda que en este caso el asunto de los terremotos es localizado a cinco pueblos particularmente”, comento Pesquera, y puntualizó que “lo lógico es que eso es responsabilidad del propietario de la edificación”.