Puerto Rico 27 enero 2022

Comunidad sorda sigue esperando la oficina de enlace

Nueva dependencia no cuenta con presupuesto ni director

La Junta de Control Fiscal (JCF) volvió a solicitar al gobierno que no se implemente la Ley 22-2021, que crea la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda, hasta tanto se confirme cómo se financiaría la nueva dependencia.

Una carta enviada el pasado lunes por la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, establece que aunque el gobierno había admitido, en agosto de 2021, que la oficina encargada en poner en vigor la ley no contaba con el presupuesto requerido, a la fecha no han sometido la certificación que indique de dónde provendrán los fondos.

La petición de información por parte de la junta fue hecha inicialmente en octubre. “Hasta la fecha de esta carta la junta no ha recibido la información solicitada o la confirmación. La junta vuelve a solicitar el estimado formal y la certificación revisada y entretanto pide al gobierno a confirmar que se abstendrá en la implementación de la Ley 22”, comunica la carta de Jaresko.

“La junta también reitera su apoyo al propósito de la ley y alentamos al gobierno a comprometerse a encontrar los fondos necesarios para permitir que la Ley 22 sea implementada de manera que no viole el plan fiscal certificado, el presupuesto o Promesa (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico)”, añade la directora ejecutiva del ente regulador.

Sin intérpretes las agencias

En la medida que la Ley 22 no se implemente, la comunidad sorda queda desprovista de servicios que necesita, como son los intérpretes en las agencias de gobierno.

“Al aprobarse la Ley 22 de 2021, tuvo el efecto de derogar la Ley 136 de 1996 en cuanto servicios de intérprete en las agencias administrativas. Técnicamente, pienso que es un asunto prioritario en atender, ya que esa oficina representa una oportunidad de comenzar una nueva política pública de servicios, de inclusión y atención a la comunidad sorda de Puerto Rico, porque la verdad es que en cuanto a nuestros sordos, se trata de un asunto de derechos humanos”, expuso el abogado Juan Troche Villeneuve, de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL).

Según se informó, la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI) ha constatado las dificultades que confronta la comunidad sorda desde que comenzó la pandemia de covid-19. La mayoría de las quejas que han llegado a la defensoría tienen que ver con personas sordas que dependen de la labiolectura para entender a otros, tarea que se torna imposible con el uso de la mascarilla.

“Hemos tenido situaciones en agencias de gobierno donde el servicio no se le brinda adecuadamente a la persona sorda porque la persona no se puede remover la mascarilla o usar un ‘face shield’ en lugar de mascarilla”, explicó el defensor interino de la defensoría, Gabriel Corchado.

El funcionario indicó que por orden ejecutiva las agencias deben proveer acomodo para que la comunidad sorda reciba los servicios que requiere. Agregó que los empleados públicos deben removerse la mascarilla cuando atiendan a la persona sorda que depende de la labiolectura. Informó que con el propósito de hacer cumplir la directriz, se comunicó con la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

Necesitan $1.5 millones para comenzar

Corchado indicó que para habilitar el área administrativa de la Oficina Enlace se requiere la asignación de $1.5 millones. Agregó que la cifra no cubre el costo de contratar intérpretes, por lo que el presupuesto para operar la dependencia no se ha determinado.

Señaló que la identificación de los fondos —como pide la junta fiscal— no supone que la Oficina Enlace comenzará a brindar servicios, pues antes hay que nombrar al director ejecutivo.

Corchado afirmó que en agosto de 2021 La Fortaleza comenzó el proceso de recibir recomendaciones para designar a un director ejecutivo, pero al cierre de año en diciembre el proceso no había culminado.

EL VOCERO supo que hace unas semanas, la oficina de nombramientos de La Fortaleza envió cartas a profesionales que laboran con la comunidad sorda para ampliar el listado de recomendados al puesto.

Corchado señaló que queda un largo trayecto para que la Oficina Enlace pueda entrar en funciones y adelantó que la próxima semana se reunirá con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para discutir el presupuesto que se necesita para que comience a funcionar. Agregó que luego comunicará los números a la junta fiscal para obtener su aprobación.

Plan B de la defensoría

Aunque Corchado admite la urgencia de proveer remedio en las agencias para facilitar la comunicación con las personas sordas, el presupuesto limitado de la defensoría no lo permite.

Según explicó, esa dependencia cuenta con un presupuesto de $1.2 millones, del cual 80% va dirigido a la nómina de 54 empleados, de los cuales solo 20 reciben un salario que proviene enteramente de fondos estatales y al restante se le paga el sueldo con fondos federales.

Ante la necesidad de remedio a corto plazo, Corchado contempla como alternativa proveer a ciertas agencias que proveen servicios una tableta en la cual puedan utilizar un programa que conecte a la persona sorda y al empleado con un intérprete de señas.

“Yo me estoy preparando para que la población no quede desatendida porque en la implementación de toda ley nueva el papel puede decir algo, pero la implementación se tarda meses, hasta años”, advirtió.

“Y como al sol de hoy no tenemos un director ejecutivo —que es el que va a establecer el organigrama y la necesidad— pues yo tengo que entonces velar por un plan B”, puntualizó Corchado.

Fuente: elvocero.com

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