corrupción 07 septiembre 2022

Hallan múltiples irregularidades de la pasada administración de Trujillo Alto

Informe da cuenta sobre deudores por la libre, aumentos de sueldo irregulares y poca supervisión

Mientras el municipio de Trujillo Alto se encontraba en la debacle administrativa ocasionada por la renuncia del entonces alcalde José Luis Cruz y las acusaciones de corrupción contra el vicealcalde, Radamés Benítez Cardona, el alcalde interino Edgardo Díaz presuntamente aprobó de forma irregular aumentos de sueldo a 62 empleados.

Este es uno de los hallazgos del comité de transición que nombró el alcalde electo Pedro Rodríguez González, informe final que se le entregó ayer.

EL VOCERO tuvo acceso en exclusiva al documento en el que se concluye que durante la gestión de Cruz, ahora convicto por actos de corrupción, no había supervisión adecuada y predominaba la “total ausencia de comunicación” coordinación y coherencia entre las agencias municipales.

“El municipio estaba funcionando prácticamente por el compromiso y la experiencia de ciertos funcionarios… Yo también cuento con un equipo comprometido y varios de ellos —que tienen esa experiencia— se mantienen conmigo trabajando y yo como alcalde, como la cabeza, estaré pendiente sobre esos asuntos”, expresó Rodríguez González tras evaluar el informe.

Luis Cruz Batista, exdirector de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y presidente del comité de transición, informó que luego de 17 horas de vistas públicas y entrevistas “está claro de que la gestión gerencial era fragmentada y huérfana de un norte administrativo claro por parte del exalcalde y su equipo de trabajo”.

En el detalle de los hallazgos, se destaca que el municipio no hizo la gestión de cobrar las deudas de algunos de sus inquilinos. Al día de hoy, el déficit acumulado es de $2.6 millones, lo que obligará a un recorte en el presupuesto de 10% para cubrir la diferencia, detalló Rodríguez González.

Del informe se desprende que se asignaron fondos federales no recurrentes para pagar gastos recurrentes, sin identificar futuras partidas para cubrirlos.

También se encontró que presuntamente no había protocolos adecuados ni se investigaron correctamente las alegaciones de acoso laboral y hostigamiento sexual que involucran a dos empleados.

Según se desglosa en el informe, los aumentos de sueldos concedidos previo a la elección del nuevo alcalde generan un impacto anual de $193,000 que no están presupuestados. Se establece además, que se otorgaron sin que alegadamente mediara la evaluación del desempeño de los empleados beneficiados.

A juicio del comité de transición, tampoco se registraron debidamente los aumentos ante la Oficina de Recursos Humanos. De acuerdo con los integrantes del comité de transición, lo que les levantó bandera fue que los documentos en los expedientes “tienen tachones y cantidades añadidas a mano”.

El abogado Christian Varela, quien formó parte del comité de transición, señaló que el exalcalde interino no consultó con los directores de departamento antes de otorgar los aumentos. Agregó que Díaz los justificó indicando que el asunto no se había atendido antes y que procedían porque “conocía a la mayoría de los empleados… y esto le permitía saber lo justo de los aumentos”.

“No estamos en condiciones para decir de forma categórica que los empleados no lo merecían, pero categóricamente sí podemos decir que no existieron los criterios legales que exige la normativa para que se dieran”, aseguró Varela.

Por otro lado, se encontró que Codepola, organización que defiende y promueve el uso de armas de fuego, le adeuda al municipio $100,000. La entidad reclama un crédito por las alegadas mejoras que le hizo al local que alquilaron al municipio, a pesar de que el contrato establecía que se comprometían a ocuparlo en las condiciones en que se encontraba, por lo que no procede la reclamación, explicó Cruz Batista.

En medio de esa disputa, la Junta de Subastas municipal intervino de forma presuntamente irregular para negociar entre las partes, lo que le correspondía a la División Legal.

La Junta de Subastas también negoció y llegó a acuerdos de pago, aunque tampoco le correspondía, con la empresa WRI Vending Machine que tiene una deuda de $40,000 con el municipio.

Acciones

Ante estos hallazgos, el comité recomendó sustituir a todos los integrantes de la Junta de Subasta, incluyendo el representante del interés público, y evaluar si corresponde hacer referidos a la Oficina de Ética Gubernamental o del Contralor.

El alcalde dijo que nombró a José Ramón Castro como nuevo director para la división legal que evaluará las acciones que se deben tomar.

Otro caso que el comité entiende que requiere acción inmediata es el de la empresa El Chef Sabor Espectacular Inc. que tiene múltiples deudas acumuladas que incluyen $18,900 por rentas mensuales desde agosto de 2019 en un local en la plaza del mercado, así como $7,560 por el uso de un kiosko en la plaza de recreo y $1,270 por recargos. Además, la empresa no pagó patentes municipales ni el IVU municipal, lo que entienden es “un acto de apropiación ilegal”.

El comité recomendó no solo hacer las gestiones de recobro, sino evaluar si corresponde hacer referidos a los departamentos de Justicia y Hacienda, mientras que la inacción de empleados municipales podría desembocar en referidos a la Oficina del Contralor, indica el informe.

En el área de contratos, el equipo de transición corroboró que el exalcalde Cruz Cruz ignoró y se fue por encima de las recomendaciones que hizo un comité evaluador para el manejo de desperdicios sólidos y eligió a Waste Collection del empresario Oscar Santamaría. Precisamente, al conceder ese contrato, el entonces alcalde presuntamente se beneficiaba por medio de “kickbacks”, que forman parte de la evidencia en su contra por parte de las autoridades federales. Finalmente, el alcalde se declaró culpable de un cargo de corrupción.

Ahora le toca a Rodríguez González determinar si es costo efectivo hacer las gestiones para recuperar el dinero que el municipio pagó indebidamente por ese servicio.

El comité de transición no menciona en su informe de hallazgos datos relacionados con el contrato otorgado a J.R Asphalt del empresario Raymond Rodríguez Santos, que también fue parte del esquema por el que el exalcalde se declaró culpable.

Querellas de hostigamiento

Sobre las querellas de hostigamiento sexual y acoso laboral se indicó que las potenciales víctimas son tanto empleados del municipio como personas privadas que fueron hostigadas cuando solicitaron servicios. Para atender esa situación se contrató a un investigador privado e independiente para buscar garantizar que las conclusiones estén libres de presiones indebidas.

Varela reconoció que les preocupa el escaso grado de apertura que había en las dependencias llamadas a atender las querellas para darle continuidad a los protocolos, por lo que fue necesario reforzar esas áreas.

De otra parte, se informó que hay cinco proyectos con fondos obligados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) de unos $5 millones y están todos en etapa de diseño. Todos los proyectos son para obras en el casco urbano, indicó el alcalde. Al menos uno de ellos tuvo cambios para sacar mejor provecho de la oportunidad de reconstrucción, agregó. Aunque el informe de transición da cuenta de cinco contratos con firmas legales, no hay recomendación de que haya recortes en esas áreas.

Fuente: elvocero.com

Notas Relacionadas

Deja tu comentario