Puerto Rico 19 noviembre 2021

Crece la factura de servicios prestados por asesores y abogados que laboran en la quiebra de Puerto Rico

Los casos de Título III ya le han costado a los contribuyentes cerca de $1,000 millones, sin contar lo que cobrarán asesores y abogados por la prolongada vista de confirmación del Plan de Ajuste

Mientras el proceso judicial para la confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central llega a su fin, la pila de facturas de abogados y asesores por su participación en el proceso de bancarrota más grande en la historia de Estados Unidos, sigue creciendo.

En el pasado mes, el macroeconomista Andrew Wolfe y firmas como Ernst & Young (EY), Zolfo Cooper, Álvarez & Marsal y The Brattle Group, entre otras, presentaron sus respectivas solicitudes de compensación a la jueza de distrito federal a cargo de los Casos de Título III, Laura Taylor Swain.

En algunos casos, las facturas radicadas en lo que va de noviembre y octubre pasados, corresponden a servicios prestados entre los meses de junio y septiembre de este año. En otras instancias, las facturas corresponden a servicios prestados hasta mayo pasado. Entonces, ni siquiera había comenzado el proceso judicial para examinar la conveniencia del PDA del gobierno central.

A manera de ejemplo, durante los meses de junio a septiembre pasados, Alvarez & Marsal, que asesora a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), facturó sobre $346,000 en honorarios y gastos reembolsables o el equivalente a una compensación combinada por hora de $516.43.

Los ejecutivos principales de The Brattle Group, una firma especializada en reestructuraciones que asesora a Proskauer Rose LLP, a su vez representante legal de la JSF, cobran entre $625 y $650 por hora. Los analistas de la firma cobran a razón de $285 por hora. Solo en el cuatrimestre de junio a septiembre pasados, The Brattle Group solicitó al menos $631,000 en honorarios.

Zolfo Cooper (ZC) funge como asesor financiero del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), cuyos honorarios también son pagados por Puerto Rico. ZC llegó a la bancarrota de la isla por estar vinculada a una entidad sucesora de Doral Bank, que busca cobrar del gobierno puertorriqueño diversos acuerdos contributivos. Ello, a pesar de que un litigio entre los años 2013 y 2015 sirvió para demostrar que los tratos contributivos preferenciales que Doral Bank pactó con el Departamento de Hacienda eran nulos.

Según el expediente judicial, entre junio y septiembre pasados, ZC facturó $907,060 por sus servicios, de los cuales busca cobrar un 80%. La compensación combinada por hora rondó unos $889.

No todo lo que facturan las firmas se paga, pues los honorarios y gastos reembolsables son examinados por el oficial examinador de honorarios y gastos reembolsables designado por el tribunal para los Casos de Título III de Puerto Rico, Brady C. Williamson.

Luego de que el examinador comprueba la veracidad y adecuacidad de lo facturado, se presenta una moción para que la jueza Swain apruebe los honorarios.

Cada orden emitida por Swain sirve para que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) desembolse los pagos a las firmas de los Casos de Título III.

¿Por dónde va la factura?

Según los informes de Williamson hasta julio pasado, habían transcurrido 45 meses desde la radicación del Título III y unas 50 firmas profesionales habían sometido unas 375 solicitudes de pago.

Hasta ese momento, la factura ya se acercaba a $1,000 millones.

Como resultado, dicha cifra no incluye las facturas presentadas en los pasados tres meses y tampoco las que vendrán como resultado de las vistas de confirmación del PDA del gobierno central y que se espera terminen el próximo lunes.

Anticipando que una audiencia de confirmación de 10 días podía tener “el potencial de añadir de manera significativa a la ya notable carga por honorarios y gastos que pesa sobre el gobierno”, Williamson estableció una serie de guías acerca de los honorarios que podrían facturarse.

Por ejemplo, solo se pagaría una persona asistente a cada abogado que tuviera un rol activo durante las vistas de confirmación.

El valor de un testigo experto

Luego de diversos acuerdos de último minuto entre la JSF y algunos objetores al PDA, el proceso de interrogatorio de testigos se acortó. Con todo, las vistas de confirmación ya superan sobre 30 horas de argumentaciones.

Hasta el cierre de la edición, el expediente judicial del Título III del gobierno central daba cuenta de unos 19,303 documentos, varios cientos de estos, radicados en los pasados tres meses.

A continuación, ofrecemos un vistazo a cuánto podrían facturar los expertos y las firmas contratadas por la JSF para analizar y expresar su apoyo al PDA del gobierno.

El contrato del macroeconomista Wolfe venció en junio pasado, pero este esperaba la renovación del acuerdo con la JSF. El otrora economista del Fondo Monetario Internacional (FMI) cobra $300 por hora o hasta $25,000 por mes.

Ojas N. Shah es uno de decenas de ejecutivos de McKinsey & Co. que han trabajado para la JSF y la semana pasada se pronunció a favor del PDA tras analizar los supuestos financieros de este.

En los pasados meses, el honorario combinado por hora de los ejecutivos de McKinsey & Co. se ha reducido a unos $400 por hora.

Pero entre los meses de febrero y mayo pasados, la firma -que ha sido señalada en medios estadounidenses por posibles conflictos de interés al asesorar a clientes aunque ello no se concluyó en el caso de Puerto Rico- facturó entre $1.2 millones y $1.4 millones cada mes, con una compensación combinada que superaba $500 por hora.

David M. Brownstein es una conocida figura en el mercado de deuda municipal estadounidense y a lo largo de sobre 30 años de carrera ha asesorado a unos 200 emisores de deuda, incluyendo a la isla. En total, el ejecutivo de Citigroup Global Markets, ha contribuido a allegar sobre $30,000 millones de capital a gobiernos municipales y estatales en todo Estados Unidos. Citi recibe una compensación mensual por parte de la JSF y su factura más reciente, de marzo pasado, cubre además servicios prestados entre junio y septiembre de 2020. El banco de inversiones reclamaba entonces $4.8 millones en honorarios y gastos reembolsables por $7,115.

Varios ejecutivos de EY, entre ellos Gaurav Malhotra, Sheva R. Levy, Adam Chepenik y Juan Santambrogio presentaron declaraciones o fungieron como testigos de la JSF. Entre febrero y mayo pasados, EY facturó unos $10 millones por los trabajos de unos 128 profesionales para el organismo fiscal. La factura supone un honorario combinado de unos $517.50 por hora.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, también figuró entre los expertos que utilizó el organismo fiscal para abogar por la confirmación del PDA. El salario de la ejecutiva que tiene el rol de enderezar las finanzas del país ya es sabido: $625,000 al año, compensación que si se considera una jornada semanal de 40 horas rondaría $325.

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