La inflación generada por la llamada Tarea Ordenamiento y el empecinamiento del Gobierno en controlar artificialmente los precios han llevado al cierre de centenares de puntos gestionados por trabajadores privados, dedicados a la venta de productos agrícolas.
Decenas de vendedores agrícolas cubanos han cerrado sus puestos por el tope de precios y el acoso de los inspectores
'El Estado no nos da nada y siempre lo tenemos encima', dice un vendedor de carne de la capital.
El diario oficial Granma informó que en las dos primeras semanas de enero (los primeros 15 días de la Tarea Ordenamiento) habían dejado de funcionar 600 de esos puntos de venta. Aunque muchos de esos cierres ocurrieron tras actuaciones del Gobierno contra alteraciones de precios y otras "violaciones" encontradas en más de 50.000 inspecciones realizadas en todo el país, también se debieron a que los negocios se volvieron irrentables para sus gestores.
El 5 de febrero, el programa de la televisión estatal Mesa Redonda informó que para combatir "ilegalidades" se habían impuesto solo en la capital 650 multas a vendedores de productos agrícolas, en su mayoría por violaciones de precios. Las multas oscilaban entre los 7.000 y 8.000 pesos.