El anuncio limita las demandas a unas 200 empresas y agencias estatales cubanas que ya son sujetas a sanciones estadounidenses especiales por estar ligadas a las fuerzas armadas y a las agencias de inteligencia de La Habana. La mayoría de las entidades no tienen vínculo alguno con los sistemas legal o financiero de Estados Unidos, por lo cual la capacidad de presentar demandas es prácticamente simbólica.
Además de la pequeña excepción al Título III, el gobierno estadounidense dijo que la suspensión tardará solo 30 días, abriendo la posibilidad de más sanciones en el futuro.
El gobierno cubano condenó la medida, calificándola de una amenaza para la estabilidad mundial.