El deshielo entre Estados Unidos y Cuba propicia extraños compañeros de viaje. Por una vez, miembros de las dos posiciones más extremas en las enrevesadas relaciones de EE UU con la isla, el Gobierno de La Habana y representantes del exilio de Miami, parecen coincidir en algo: la necesidad de reformar o incluso acabar con la Ley de Ajuste Cubano (CAA, por sus siglas en inglés).
Esta ley es la que ha permitido, desde 1966, que los emigrantes cubanos gozaran de un privilegio inasequible para tantos otros que sueñan con rehacer su vida en EE UU: ser residentes legales en breve tiempo. Concretamente, un año y un día después de haber pisado territorio estadounidense. Todo ello en un país que tiene a millones de personas sin papeles pese a llevar años, y hasta décadas, viviendo en su territorio.
Para enfado de La Habana, el Gobierno estadounidense insiste en que no piensa tocar esta normativa pese a la normalización de relaciones anunciada el 17 de diciembre. Una posición que no solo indigna a la isla, que considera que la ley es "el principal estímulo a la emigración ilegal y al tráfico de personas desde Cuba". Paradójicamente, en Miami, principal destino de los que se benefician de ella, se han alzado en los últimos tiempos voces de políticos, en su mayoría republicanos, contra la CAA. Ric Herrero, director ejecutivo de la organización CubaNow, sostiene que su rechazo tiene un trasfondo electoral. Esta ley "diluye el apoyo a los republicanos, porque los que están llegando de Cuba y están pasando por el registro para hacerse ciudadanos terminan votando, en gran parte, demócrata", afirma.
