Los que se deben ir

Danny es un cubano de 64 años dueño de un pequeño negocio de cortinas en el sur de la Florida, un tipo orgulloso de haber logrado el sueño americano de tener casa propia y una hermosa familia. En la década de los 80 Danny cumplió prisión por tráfico de drogas. Desde entonces y por más de 20 años ha reconocido su error y enmendado su conducta de forma evidente, pero su nueva vida y trayectoria no anulan la orden de deportación que tiene en su contra, y hoy Danny es oficialmente conocido como un pendiente. Con esta categorización se clasifican a miles de emigrantes cubanos juzgados por cometer delitos en Estados Unidos antes de adquirir la ciudadanía norteamericana y a quienes, como sentencia accesoria, se les impuso la deportación hacia su país de origen. La deportación es una consecuencia habitual para los extranjeros sentenciados por tribunales norteamericanos, pero con los cubanos no se puede ejecutar de inmediato porque La Habana se resiste a recibir de regreso a estos condenados. Algo que pudiera cambiar con el reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Danny se confiesa desesperado con los nuevos ruidos de reconciliación y está desatendiendo el negocio del que vive toda su familia. Cree que en cualquier momento lo recogen y aparece en La Habana, la ciudad de la que emigró hace mucho y en la que no tiene nada que hacer, ni siquiera colgar cortinas. Según él, Cuba tiene poco que ofrecer en la nueva relación diplomática y, como Raúl Castro necesita hacer méritos con Obama, lo más posible es que acepte el regreso de todos los deportados. El abogado Willy Allen, un reconocido profesional en el tema migratorio en Miami, tiene otra opinión: las deportaciones de cubanos siempre han existido, lo que en números tan bajos e inconstantes que no llegan a marcar una estadística. Según Allen, La Habana solo acepta entre 15 y 20 cubanos de la larga lista de deportados que anualmente le presenta la autoridad migratoria norteamericana, e inclusive hay años en que no admite a ninguno. La cifra récord fue entre 1986 y 1987, cuando Cuba repatrió alrededor de 1.300 emigrantes como parte de un acuerdo de reinserción de asesinos, enfermos mentales y delincuentes que en 1980 había enviado intencionalmente desde sus prisiones y hospitales, aprovechando el éxodo del Mariel. Pero este tipo de acuerdo no ha vuelto a respetarse desde la crisis de los balseros en 1994. Atendiendo al ritmo actual de operaciones, Allen se atreve a vaticinar que durante 2015 la cifra de deportados cubanos no superará el centenar. Nada de qué preocuparse, le parece. Desde que salen de la cárcel, los deportados cubanos viven en un limbo legal dentro de Estados Unidos. Deben presentarse a firmar, al menos una vez al año, ante la oficina del Departamento de Seguridad Nacional para poder renovar sus autorizaciones de trabajo, licencias de conducción y permisos de residencia. Los firmantes saben que esta visita puede ser el susto de solo unos minutos o el envío definitivo, en avión, hacia la Isla, porque durante esta cita, y sin previo aviso, ocurren las detenciones de los que han sido aceptados por las autoridades cubanas. Roberto lo tiene muy claro, por eso cada vez que le toca firmar se despide en casa abrazando a su mujer e hijos con efusividad. Los hace desaparecer entre sus enormes brazos, casi a punto de asfixiarlos con sus 300 libras de peso, como si fuera el adiós final. Roberto es un exoficial del Ministerio del Interior (MININT) que escapó en bote a principios de los 90 y en Cuba es considerado un desertor. Se emociona y deja escapar algunas lágrimas cuando se describe como un hombre de bien, que no ha robado ni traficado con drogas. Su falta fue sencilla, pero igual de grave en sus consecuencias: cuando llegó a Miami Roberto no dijo a las autoridades migratorias que pertenecía al MININT, tuvo miedo de que le devolvieran. Años después, cuando las autoridades supieron de esta omisión, se anuló el proceso migratorio y Roberto fue deportado. Ahora teme que Cuba lo reclame para vengarse de su supuesta traición, sospecha que en cualquier arreglo su nombre será de los primeros que acepten y él no tiene nada en la Isla, ni siquiera alguien que se preocupe por su suerte. Según el abogado Allen esta condición favorece a Roberto, porque hasta ahora Cuba solo reclama a aquellos que tengan familia con casa en la Isla o a alguien que les pueda brindar abrigo y comida. Roberto no debe sentirse como una pieza exclusiva en este conflicto, puesto que en las estadísticas del bufete de Allen hay varias historias similares: militares que escaparon de Cuba y hoy se encuentran como él, viviendo en la Florida con una orden de deportación. Otro pendiente es Víctor, un chofer de camión que cumplió sanción por una estafa de bienes raíces. Él insiste en ser el único del caso que se presentó ante la justicia y el único de todo el grupo con orden de deportación. Víctor cree que \"cuando los yumas paguen en dólares por cada deportado La Habana los va a querer a todos de vuelta\". Está seguro de que tiene sus días contados, pero les tiene preparada una venganza, \"una sorpresita\", como él mismo le llama. Tan pronto llegue a La Habana, Víctor tiene pactado que lo recoja una lancha de Miami. Lo \"cuadró\" hace dos años, \"desde que Obama comenzó a arreglarse con Raúl\". Víctor asegura que cuando el supuesto bote lo encuentre en una playa habanera, ya tendrá un carnet de identidad falso, con nombre y datos diferentes a los suyos y habrá quemado con ácido las huellas dactilares de todos sus dedos. Entonces se presentará en Miami como un cubano nuevo, en busca de la Ley de Ajuste, fingiendo asombro por todo lo que vea y burlándose de los registros migratorios norteamericanos. Víctor no calcula que con solo idear y planificar este absurdo está cometiendo un peligroso delito federal que le puede condenar a la cárcel por el resto de sus días. Además, Víctor está equivocado: Estados Unidos siempre ha pagado alrededor de 10.000 dólares por cada uno de los regresados a Cuba y estos pagos nunca han cambiado el ritmo de aceptación por parte de las autoridades migratorias cubanas. No son tiempos fáciles para Willy Allen, desde que las consultas sobre deportaciones se han disparado en el bufete. El abogado intenta calmar a sus clientes informándoles que no hay indicios de cambios en la política de repatriación entre ambos países. Además, si se llegara a un acuerdo, Allen opina que Cuba y Estados Unidos comenzarían deportando a aquellos que ahora mismo cumplen sanciones, o a los que estén relacionados con delitos de actualidad e impacto en la sociedad norteamericana, como las casas de marihuana o los robos al Medicare. Como si citara una sentencia bíblica, Allen asegura que los últimos siempre serán los primeros deportados, personas con menos de siete años en el país, con posibilidades de reinsertarse inmediatamente en Cuba y que ahorrarán millones de dólares al sistema penitenciario norteamericano si deciden partir de regreso antes de cumplir su sentencia. Pero sobre todas las cosas, Allen insiste en que hay más de 34.000 cubanos pendientes. En cualquier escenario que se presente se necesitarán muchos años para completar el regreso de todos. Según él, es prácticamente imposible. A pesar de estos razonamientos, la mayoría de los pendientes no confían y creen que su momento se acerca. Todos, al igual que Danny, Roberto y Víctor, han perdido el sueño, se sobresaltan cada vez que escuchan sonar sus teléfonos y miran a ambos lados de la calle cuando salen de sus casas. Por lo pronto Danny busca sustitutos para llevar el negocio y mantener a su familia cuando él no esté, Roberto acaricia la cabeza de sus hijos con más frecuencia que antes y Víctor mira constantemente las yemas de sus dedos, como si se despidiera para siempre de ellas. \"Total\", dice mientras suspira y frota sus falanges, \"estos garabatos son unos chismosos que solo me han traído problemas en mi vida\". Los nombres de tres de los entrevistados han sido cambiados por solicitud de ellos.

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