Puerto Rico 16 mayo 2022

Cuestionan el trámite legislativo anticorrupción

Ante el surgimiento de más casos de funcionarios investigados y acusados por las autoridades federales

En lo que va de cuatrienio, el gobernador Pedro Pierluisi ha radicado tres proyectos de ley para atender la corrupción, pero ninguna de las medidas ha prosperado en la Asamblea Legislativa dominada por el Partido Popular Democrático (PPD).

La información sobre las piezas legislativas pendientes fue entregada por oficiales de La Fortaleza, luego de que el primer ejecutivo aseguró haber radicado los proyectos anticorrupción, al ser cuestionado sobre los recientes casos que involucran a alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y otros funcionarios elegidos.

Ayer, el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, junto al representante por el Distrito 4 de San Juan, Víctor Parés Otero, ambos del PNP, denunciaron que no se haya aprobado ninguna de las medidas enviadas por La Fortaleza.

¿Consideras que en Puerto Rico existen suficientes leyes para atacar la corrupción gubernamental?SíNoVote View Results

“No se ha actuado con medidas de gran necesidad, como el PC 1113, de la autoría del compañero José ‘Che’ Pérez, el cual fue radicado el 6 de diciembre de 2021 y el cual obliga llevar a subasta todo contrato para el manejo de desperdicios sólidos en los municipios. Aun conociendo la importancia de esa medida, el Partido Popular se ha sentado (sobre la medida) sin atenderla por seis meses”, señaló Aponte Hernández.

Parés Otero sostuvo que “el patrón es obvio: no actúan a favor de erradicar la corrupción”.

Aponte Hernández solicitó a la delegación del PPD en Cámara y Senado “que atienda estas medidas con la urgencia que representan y no continúen arrastrando los pies”.

La primera medida anticorrupción enviada por La Fortaleza fue radicada en febrero de 2021, y propone que la auditoría a la deuda del País sea realizada por la Oficina del Contralor.

Cabe señalar que la deuda del gobierno central comenzará a ser pagada a partir del 1ro de julio, con la aprobación del nuevo presupuesto que —por primera vez desde que se radicó la quiebra— incluye este pago.

Aunque para la Resolución Conjunta de la Cámara 63 (RCC 63) se realizó una vista pública en la Comisión de Hacienda, en marzo de 2021, la medida no se ha movido al siguiente trámite.

El segundo proyecto fue radicado en abril de 2021 y enmendaría la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas “para establecer una prohibición general para que ninguna persona natural o jurídica que tenga contratos o aspire a tener contratos con el gobierno pueda realizar donativos políticos 90 días antes de las elecciones generales, 90 días antes de tener un contrato gubernamental o 90 días después de obtener dicho contrato”.

En la Cámara, el proyecto fue referido a la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional, pero no ha sucedido nada más. En el Senado fue referido a la Comisión de lo Jurídico y tampoco ha habido movimiento.

El último proyecto anticorrupción radicado por el gobernador es de enero de 2022, cuando radicó en el Senado el PS 718. Ese mismo mes la medida fue referida a la Comisión de Gobierno sin que hubiera más acción legislativa. Esta medida propone enmendar la ley para impedir a las agencias y corporaciones públicas contratar servicios profesionales por más de $250,000 sin que medie un proceso competitivo abierto.

El secretario auxiliar de la Gobernación para asuntos legislativos, Carlos Rivera Justiniano, expresó el pasado viernes en conferencia de prensa en La Fortaleza que al menos este último proyecto —que establecería procesos competitivos para los contratos que sobrepasen los $250,000— ya se implementó por orden ejecutiva, pero el gobernador quiere que exista por ley.

“Lo que busca el proyecto es elevar eso a rango de ley”, indicó.

Reaccionan legisladores

El portavoz de la delegación popular en la Cámara, el representante Ángel Matos, indicó por su parte que —además de radicar los proyectos— el gobernador debe asegurarse de que la delegación del PNP los impulse, particularmente en una Legislatura dominada por otro partido. Aseguró que la medida anticorrupción que obligaría a realizar subasta para contratar el servicio de recogido de basura se está moviendo en la Cámara.

“El gobernador sabe que —en adición a radicar los proyectos— obviamente tiene que darle seguimiento a través de su delegación y que los compañeros sean proactivos para que las medidas se muevan. No era tan solo radicar; eso lo sabe don Pedro”, afirmó.

El representante popular Héctor Ferrer, quien preside la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara, señaló que existen leyes para evitar la corrupción y que las agencias no están actuando para implementarlas.

“Puerto Rico tiene un sinnúmero de legislación sobre mecanismos legales que buscan erradicar la corrupción, que es el mayor problema que estamos enfrentando, pero hay que evaluar la fiscalización y la ejecución de esa política pública”, explicó. “Debemos enfocarnos en esos organismos que están a cargo de fiscalizar y encontrar actos de corrupción y ahí es donde entiendo que debemos enfocarnos”, agregó.

En el Senado, el portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau, informó por escrito que han solicitado ponencias sobre el proyecto que propone imponer limitaciones a los donantes políticos (PS 341).

“Se ha solicitado en tres ocasiones la posición de los cinco partidos políticos. Hasta el momento, solo el contralor electoral ha presentado su posición, la cual es favoreciendo el proyecto”, indicó. “Fortaleza tiene conocimiento de que ni siquiera el PNP ha sometido sus comentarios al respecto”, agregó.

Sobre la medida que impone procesos competitivos a los contratos mayores de $250,000 (PS 718), el senador planteó que en enero solicitaron ponencias a varias agencias y que todavía esperan la postura del Departamento de Justicia.

“La comisión evalúa si realizará vistas públicas”, acotó.

¿Hace falta más legislación?

Para la socióloga Linda Colón y Lydael Vega, expresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, la corrupción debe ser atacada con acciones y coincidieron en que el gobierno falla en no hacerlo.

Según Colón, no se hace lo suficiente para combatir la corrupción gubernamental porque “no se quiere” y porque hay demasiados intereses involucrados y en peligro.

Apuntó a que la gente que pertenece a unas élites tiene acceso a las personas con poder y el ánimo de lucro y beneficio personal se impone. Expuso también que las personas que no pertenecen a la clase alta —aunque no participan de la misma manera— siguen el ejemplo y se acercan al Estado para buscar “su pedacito de beneficio”, sin que les importe cómo se afecta la gestión pública.

Aseguró que esta dinámica inició cuando el gobierno se convirtió en el lugar en que para conseguir un empleo o un ascenso en la escala social “tenías que ser de un partido o te tenías que corromper”.

Colón sostuvo que de ahí en adelante han sido múltiples los saqueos que no se investigan y enfatizó que los que emitieron deuda ilegal, los que escondieron vagones con suministros tras los terremotos de 2020, los que continúan asfaltando de manera irregular y los que desperdiciaron miles de botellas de agua después del huracán María siguen sin rendir cuentas.

“Son demasiados intereses envueltos y no se hará nunca lo suficiente porque son muchos los que saldrían perjudicados si se investiga y esos intereses pertenecen a esas élites que están atadas a los dos partidos políticos que han estado en el poder. La única esperanza que yo pudiera ver de que se haga algo es que entre otra gente a gobernar, que se les dé espacio y oportunidad a otras personas”, afirmó.

Mientras que Vega considera que no hay voluntad para resolver el problema de la corrupción gubernamental, porque “la visión neoliberal de que el Estado se tiene que achicar” hace creer que la privatización es “la gran panacea que resolverá todo”.

Agregó que las personas desencantadas con los servicios que no llenan sus necesidades son convencidas de que es mejor privatizar. Sostuvo que ante la situación surgen los que aseguran que van a resolver el problema, pero “el interés no es ayudar, sino aprovecharse de las vulnerabilidades de las familias más necesitadas”.

Vega puntualizó que la desigualdad de la corrupción a nivel gubernamental se evidencia cuando a las familias pobres que han ocupado terrenos ante la falta de vivienda, el gobierno les envía la fuerza policial y les corta de inmediato los servicios esenciales.

Lo contrastó con las familias con poder adquisitivo que invadieron una zona natural protegida en Salinas. “Los que privatizan cada vez más nos están validando que no sirven, no atienden las situaciones de vulnerabilidad en que vive la mayoría del País. No hay voluntad para hacer lo que hace falta”, indicó.

La trabajadora social considera que la Legislatura no hace lo suficiente para fiscalizar al Ejecutivo y agregó que se concentran en legislación que no atiende las necesidades de la gente ni frena la corrupción.

Fuente: elvocero.com

Notas Relacionadas

Deja tu comentario