Puerto Rico 21 octubre 2020

Cuestionan su rol en querella de hostigamiento sexual

La abogada y aspirante a la Cámara por acumulación bajo Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, dijo en conferencia de prensa ayer que el acuerdo al que llegó el municipio lo que buscaba era "acallar" a la víctima.

Candidatas del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) cuestionaron que Miguel Romero pueda dirigir los destinos de San Juan cuando sostienen fue quien exoneró al hijo del acusado exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, en un señalamiento administrativo por hostigamiento sexual.

La abogada y aspirante a la Cámara por acumulación bajo Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, dijo en conferencia de prensa ayer que el acuerdo al que llegó el municipio lo que buscaba era “acallar” a la víctima.

“Nosotros entendemos que esta persona no tiene la capacidad de administrar una ciudad en la que el tema de la violencia sexual y género se exacerban cada día”, dijo la abogada. “Todos los días nos levantamos con mujeres muertas, acosadas. Casi todas las semanas recibo llamadas de mujeres con preguntas sobre cómo obtener una orden de protección”, añadió.

Nogales expuso que esto eventualmente le costó al municipio y al erario $1 millón. “Este caso de hostigamiento sexual que Miguel Romero no atendió bien le costó al municipio alrededor de $1 millón en fondos públicos. Hay que explicar la diferencia de una transacción de un millón y una transacción que se hace para no continuar con el pleito”, expresó Nogales, al añadir que esta cifra fue otorgada “para acallar y tapar lo que ocurrió allí y eso es lo que estamos denunciando. ¿Cómo es posible que haya hecho esa transacción y que en el espacio administrativo no se haya encontrado causa contra el hijo de O’Neill?”, cuestionó.

Reacciona Romero

En declaraciones escritas, Romero respondió que su trabajo como representante legal del municipio fue hace cinco años.

“En esa etapa administrativa nunca se presentó toda la evidencia que posteriormente se sometió en el juicio en la corte federal. Fueron dos procesos distintos en su naturaleza y su propósito”, afirmó.

Adjudicó a los Cánones de Ética el no poder ofrecer información sobre la evidencia que evaluó a nivel administrativo.

Romero fungió como oficial examinador del municipio de Guaynabo en el caso de hostigamiento contra O’Neill, hijo, y estuvo al frente de una investigación administrativa que exoneró al también empleado municipal.

En octubre de 2018, hace exactamente dos años, la jueza federal Aida Delgado Colón determinó que el municipio debía responder por el alegado hostigamiento sexual perpetrado por Héctor O’Neill García, hijo del alcalde, contra una abogada empleada del ayuntamiento. Esta abogada impugnó a Romero como investigador del caso por entender que —a la misma vez que investigaba el caso— ofrecía representación legal a la Oficina de Recursos Humanos del municipio, según consta en reportes de prensa.

Romero reiteró que no tuvo acceso a toda la evidencia en este caso y añadió que “la Comisión Federal de Oportunidades en el Empleo, que también consideró este asunto en su inicio, no emitió una determinación sobre las alegaciones presentadas”.

Fuente: elvocero.com

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