Puerto Rico19 julio 2019

Defienden activación de guardias de Corrección

Para proteger vida, seguridad y propiedad en las protestas

El gobierno de Puerto Rico justificó la activación de recursos adicionales, como guardias del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), durante protestas y actividades multitudinarias como la ocurrida el miércoles en el Viejo San Juan en la que decenas de miles de personas reclamaron la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, al afirmar que así lo permite el acuerdo de la reforma de la Policía.

Los abogados del gobierno Arturo García, María Domínguez y Javier Micheo —del bufete McConnell Valdés— radicaron una moción el miércoles en la noche en el caso de la reforma policial en la que plantean que como parte del acuerdo el gobernador, a través del secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), puede activar los recursos necesarios.

“El gobernador... tiene la autoridad de contratar y/o activar recursos adicionales si es necesario para proteger la vida, la seguridad y la propiedad de todos los ciudadanos, incluidos, entre otros, el uso de guardias del DCR, en caso de que la situación se agrave y dé lugar a actos de violencia, como fue el caso el lunes 15 de julio”, señala la moción, la cual fue desellada ayer.

“En consecuencia, los demandados por este medio respetuosamente notifican que pueden necesitar comprometer y/o activar recursos adicionales durante las protestas de hoy (ayer), en caso de que sea necesario proteger la vida, propiedad y seguridad de los manifestantes, de los residentes del Viejo San Juan, del personal y residentes de La Fortaleza, de los oficiales de la Policía de Puerto Rico y otros, como último recurso”, agrega el escrito.

La moción del gobierno de Puerto Rico surge luego de que el miércoles la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) pidiera al juez Gustavo Gelpí —quien preside el caso de la reforma policial— que prohibiera el uso de una unidad especializada del DCR para asistir a la Policía durante la protesta del miércoles.

La ACLU argumentó que la activación de esta unidad viola el acuerdo de la reforma policial y pondría en peligro a los ciudadanos y a los propios oficiales correccionales, debido a que carecen del entrenamiento requerido por el acuerdo.

Gelpí emite orden

Ayer, Gelpí emitió una orden en la que le recuerda al gobierno de Puerto Rico que cualquier persona que no sea un miembro de la Policía y que sea asignado para trabajar bajo las directrices del secretario del DSP “debe cumplir en todo momento todas las condiciones establecidas en el acuerdo (de la reforma policial)”.

El juez denegó la solicitud de la ACLU al exponer que la entidad es un “amigo de la corte” en el caso de la reforma y que no tiene la legitimación activa para hacer cumplir el acuerdo. Empero, ordenó una reunión de las partes con el monitor interino de la Policía, John Romero.

Por su parte, la División de Litigios Civiles del Departamento de Justicia federal concurrió con el juez en el sentido de que los colaboradores de la Uniformada en estos eventos tienen que cumplir con la reforma policial.

Asimismo, informó a la corte que tanto Justicia federal como el monitor Romero están recopilando y analizando información sobre los eventos en el Viejo San Juan.

Fuente: elvocero.com

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