Deportes 22 junio 2017

Tremenda maroma para tumbarse millones

Poco recuerdan los ciudadanos sobre los programas implicados en el fraude federal, en el que está implicado Ramón Orta.

Son pocos los que recuerdan el programa Voces de la Juventud, auspiciado por el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y, aparentemente, menos los jóvenes de residenciales públicos que lograron beneficiarse de sus enseñanzas.

Sachelle Pagán Núñez, líder comunitaria del residencial Nemesio Canales en Hato Rey, fue la única persona entrevistada por Primera Hora que pudo recordar el programa Voces de la Juventud.

“Eso sí se dio, pero fue mediante un escogido de los jóvenes que estaban más orientados y con la visión de estar en las comunicaciones… y no es que haya sido un mal programa, pero el dinero que llegó se podía invertir en muchas otras cosas”, aseguró.

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Según la líder comunitaria, todo cambió en el momento en que Vivienda le pasó el dinero y la responsabilidad de los programas a Recreación y Deportes, porque ahora se duplican los esfuerzos y se imponen actividades sin considerar las que ya están organizadas y en funciones, como las clínicas de deportes.

Asimismo, Pagán Núñez dijo estar sorprendida y defraudada con el arresto de Orta.

“Era una persona accesible y que parecía comprometida con esto, y verlo que haya caído de esa forma es bien fuerte”, dijo.

En el residencial Vista Hermosa, nadie reconoció el nombre de los programas a pesar de que hubo participantes de allí.

Una líder comunitaria que acababa de llegar de una gira con un grupo de niños dijo que el coordinador con Recreación y Deportes -a quien no quiso identificar- no hizo ni impulsó nada en los últimos cuatro años.

Yeilie Martínez, quien trabaja para la empresa AM Contract que administra ese residencial, dijo que tampoco recordaba las iniciativas, alegadamente fraudulentas, pero quedó en consultar a fondo los documentos administrativos y ofrecer la información más adelante.

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Otra líder comunitaria del residencial Lloréns Torres estalló en risa al ir escuchando los nombres de los programas.

“Nada de eso me suena. Aquí no pudo haber sido que se ofrecieron”, indicó en entrevista telefónica a cambio de que no se mencionara su nombre. Otra líder recreativa -que tampoco aceptó que se le identificara- se expresó en los mismos términos: “jamás los había escuchado”.

Millonario truco

Tras la investigación federal realizada por el operativo “Mercenarios de la Educación”, se descubrió que los contratos fueron otorgados a corporaciones creadas con el fin de desviar fondos que se suponían fueran a programas educativos manejados por el DRD.

Los acusados en el esquema, aparte de Orta Rodríguez, son Edgardo Vázquez Morales, Oscar Rodríguez Torres, Miguel Sosa Suárez, Irving Riquel Torres Rodríguez, Cecilia Amador López, así como Juan Carlos Ortiz Nieves.

La acusación de 62 páginas ubica a Orta Rodríguez encabezando diversos esquemas para obtener dinero de Educación y Vivienda bajo el guiso de proyectos educativos.

“Orta Rodríguez firmó contratos entre Recreación y Deportes y la compañía Rosso (de Rodríguez Torres), sin que la compañía entablara un proceso de licitación o evaluación para los servicios prestados… Rosso inflaba los precios de los servicios a ser provistos bajo los contratos y la diferencia se la repartían entre los acusados”, indicó la jefa de la fiscalía federal.

El dinero que se embolsillaban lo usaban para viajes, inversiones y “hacer compras para una campaña política y un partido político”.

Según la acusación, el exjefe de Recreación y Deportes contrató a Rosso Group para realizar proyectos como Verano Saludable ($3.5 millones), Aprendo Saludable ($3,198,960), Matemáticas en Contexto ($924,500) y Voces de la Juventud ($1,413,000).

Por otro lado, Sosa pidió a la “persona A” (un productor de televisión) que prestara servicios para dos programas del DRD y que facturara a Rosso los servicios. Los programas, VEA y DRD.TV, costaban casi $17 mil por episodio, pero Sosa pidió inflar la factura a casi $39,500 por episodio, y al final quedó un sobrante para repartir más de $300 mil para Sosa y más de $400 mil para Rosso.

Orta también se benefició con el esquema. Parte del dinero obtenido ilícitamente lo obtuvo en pagos en efectivo y labores de construcción en su residencia en Guaynabo, donde fue arrestado. Por otro lado, Sosa no solo recibió los mismos beneficios sino que instaló un compartimiento secreto, referido como “un clavo” en el pliego acusatorio, en su residencia en Salinas, el cual, a entender de Rodríguez Vélez, se usaba para guardar chavos.

Los imputados enfrentan también nueve cargos por fraude electrónico, al usar cuentas de e-mail para desarrollar el engaño y presentar propuestas; y dos cargos de fraude postal, ya que “causaron que el Departamento de Hacienda enviara dos pagos por correo a Recreación y Deportes, uno por $3,046,452.50 y el otro por $3,998,7000 (…) por las propuestas otorgadas ilegalmente”, indicó la jefa de los fiscales.

También enfrentan cinco cargos por robo de identidad agravado, al usar nombres de otras personas en las propuestas presentadas a Educación, y 27 cargos de lavado de dinero, al usar las ganancias ilegales para crear empresas, abrir cuentas en bancos, hacer transacciones y pagar kickbacks (sobornos) y gastos a mejoras de viviendas y pagos de autos.

El fiscal federal Seth Erbe está a cargo del caso. Los acusados se exponen a 10 años por conspiración, robo de fondos federales, soborno y 20 por los fraudes y lavado de dinero, así como dos años mandatarios por cada cargo de robo de identidad agravado.

El esquema

-El ex titular de Recreación y Deportes, Ramón Orta Rodríguez, fue imputado de usar su posición para orquestar con seis personas un esquema con el que, entre 2013 y 2016, obtuvieron fraudulentamente $10,000,000 en fondos federales de Educación y Vivienda Pública.

-Se escribían propuestas que se adjudicaban a compañías fatulas sin pasar por licitaciones.

-Las propuestas eran infladas para quedarse con el sobrante.

-El dinero obtenido ilícitamente era usado para inversiones, compras, reparaciones de viviendas e incluso la construcción de “un clavo”, o espacio para guardar dinero en efectivo, en la residencia de uno de los conspiradores en Salinas.

Las empresas fatulas

-Rosso Group Inc.: creada en febrero de 2013 para financiar proyectos otorgados por Orta Rodríguez. Llegó a recibir casi $9 millones en fondos federales por como parte del esquema.

-Global Sports Iniciative: Organización sin fines de lucro promotora de eventos de boxeo, administrada por Sosa Suárez. Recibió $300 mil de Rosso y $200 mil de Recreación y Deportes.

-Administrative, Environmental and Sports Consultant Corp. (AESC): dirigida por Torres Rodríguez. Recibió más de $550 mil de Rosso.

-Sports Consultants Inc.: Incorporada por Ortiz Nieves. Recibió $72 mil en el esquema de la Sucesión A.

-Sucesión A: Compuesta por múltiples miembros, incluyendo a Ortiz Nieves. Dueña de una propiedad en Guayama que Orta Rodríguez arrendó para usar una parte como instalación deportiva, por cinco años a razón de $14,500 mensuales. Originalmente el precio de renta era $8,500.

Los co-conspiradores

-Edgardo Vázquez Morales fue ayudante especial de Orta Rodríguez entre enero del 2013 y diciembre del 2016.

-Oscar Rodríguez Torres es fundador, presidente, secretario, tesorero y dueño de Rosso Group, creada para financiar proyectos aprobados por Orta Rodríguez y que recibió $8,767,446.52 entre 2013 y 2016. A preguntas de la prensa, salió a relucir que la hoy convicta por el caso de Anaudi Hernández, Sally López, es pareja de Rodríguez Torres.

-Miguel Sosa Suárez, quien es contador público autorizado y contratista, recibió un contrato por parte de Orta Rodríguez para servicios profesionales por consultoría por un monto de $45 mil entre enero y julio del 2013. Cabe señalar que Sosa Suárez colaboró con David Bernier como parte del equipo de finanzas para la campaña para la gobernación bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD). A preguntas de la prensa, la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez sí dijo que el partido fue utilizado de manera “incidental”. Además, Sosa Suárez habría tenido contratos con la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), dirigida por Sally López.

-Irving Riquel Torres Rodríguez es presidente y tesorero de Administrative, Environmental and Sports Consultant Corp. Orta Rodríguez le otorgó un contrato de servicios profesionales por consultoría de propuestas por $11,700 de enero a junio del 2013.

-Cecilia Amador López, esposa de Torres Rodríguez, escribió y sometió propuestas a Educación a nombre de Recreación y Deportes.

-Juan Carlos Ortiz Nieves es creador y propietario de Sports Consultants, Inc.

Fuente: primerahora.com

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