Puerto Rico 15 abril 2021

Desestiman la demanda sobre perspectiva de género del Proyecto Dignidad

Para las legisladoras, la actuación del gobernador violenta la separación de poderes, al usurpar el poder de la Asamblea Legislativa de evaluar la efectividad del Proyecto Piloto sobre educación con perspectiva de género.

El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, desestimó la demanda interpuesta por las legisladoras del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos, quienes pedían una declaración de inconstitucionalidad para las órdenes ejecutivas sobre el currículo con perspectiva de género en las escuelas públicas.

“El tribunal declara ha lugar la moción de desestimación presentada por el gobierno. Se desestima la demanda presentada por ausencia de legitimación activa, ya que las demandantes no han sufrido un daño claro y palpable ni un daño que afecte sus prerrogativas como legisladoras”, reza la sentencia.

Indica que los legisladores no están en una categoría superior o distinta que los releve del requisito de demostrar tener ‘standing’ al igual que cualquier ciudadano particular. Agrega que en este caso ni tan siquiera se cumple mínimamente con el requisito de que exista un daño claro y palpable.

“Además de esto, no se ve afectada ninguna de las prerrogativas constitucionales de las legisladoras. Al no existir una controversia entre las Órdenes Ejecutivas y la Ley Núm. 62, no existe un problema de separación de poderes ni un daño claro y mucho menos el daño irreparable que requiere un recurso de ‘injunction’ preliminar”, señala el recurso legal.

Las demandantes alegaban que el gobernador Pedro Pierluisi —mediante las Órdenes Ejecutivas 2021-013 y la 2020-78— ha usurpado los poderes de la Asamblea Legislativa de decidir si procede que se implante un currículo de perspectiva de género en el sistema público de enseñanza.

Para las legisladoras, la actuación del gobernador violenta la separación de poderes, al usurpar el poder de la Asamblea Legislativa de evaluar la efectividad del Proyecto Piloto sobre educación con perspectiva de género.

Tanto el gobernador como la designada secretaria de Educación, Elba Aponte, solicitaron la desestimación del recurso legal al argumentar que las demandantes no tienen legitimación activa y que el caso es una “cuestión política”.

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