EDUCACIÓN14 noviembre 2019

Junta lanza críticas a Educación

Apunta al nivel de ahorros en el área administrativa, a los recortes en educación especial y a la falta de transparencia en los datos

El Departamento de Educación (DE) todavía no alcanza el nivel de ahorros esperado en sus gastos administrativos, señaló la Junta Federal de Control Fiscal, que -además- mostró su insatisfacción con la falta de claridad en datos, según trascendió ayer durante una audiencia enfocada en el avance del plan fiscal certificado para esa agencia pública.

Estas acciones -de acuerdo con miembros de la junta fiscal- han incidido en diferentes áreas del DE y en la situación de reclamo de más fondos para el Programa de Educación Especial. De hecho Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta fiscal, cuestionó el porqué de la reducción de 25% del presupuesto asignado a ese programa y resaltó que esa no fue una exigencia que se le hizo a la agencia.

Jaresko se mostró inconforme con la reducción de las partidas que afectan directamente a los niños que requieren de más atención educativa, e igualmente quedó insatisfecha con los recortes en el área administrativa, que a su entender fueron muy pocos.

“Cerraron el 38% de las escuelas y solo redujeron el 14% de los gastos administrativos. Le están quitando dinero a la partida de los maestros y estudiantes.

Deberían devolver el porciento que le quitaron al Programa de Educación Especial asignado a otras áreas. No han usado todo el dinero disponible, deberían aprovecharlo”, dijo Jaresko, al referirse a los $20 millones de fondos federales sobrantes del pasado año fiscal.

Esta millonaria cifra no utilizada la brindó Osvaldo Guzmán, subsecretario de Administración del DE, como parte de la presentación que incluyó los recortes y gastos que -empero- carecieron de datos básicos, durante su ponencia en la audiencia de la junta fiscal celebrada en el Centro de Convenciones de Miramar.

“En este informe no aparecen los gastos de las utilidades. ¿Ustedes pagan agua y luz en las escuelas?”, cuestionó Jaresko. A esta pregunta el funcionario se limitó a contestar que estos gastos se pagan cada dos o tres meses y que las agencias se tardan en enviar dichas facturas, sin aclarar por qué dichos gastos recurrentes no aparecen en el informe.

Por su parte Eliezer Ramos, secretario asociado de Educación Especial, adjudicó la situación del programa a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). “Esa decisión (de la reducción presupuestaria) la tomó la OGP. Los recortes tienen un impacto directo en los servicios de terapias y las evaluaciones de los más de 103,000 estudiantes. También hay necesidad de equipos y transportación”, comentó.

EL VOCERO solicitó una reacción de la OGP, pero al cierre de edición no se había producido.

En tanto José Carrión, presidente de la junta fiscal, habló sobre los datos inconclusos y la responsabilidad del gobierno en identificar las prioridades.

“La OGP decidió restarle dinero al Programa de Educación Especial; esas son decisiones del gobierno. Puede intervenir para que esta partida no se toque, el tema es gerencial y administrativo”, dijo Carrión ante el cuestionamiento de si la junta fiscal puede intervenir en la cantidad de fondos asignada a los estudiantes de educación especial.

Reclaman información precisa

Asimismo, la falta de datos específicos y claros fue mencionada por varios miembros de la junta fiscal, quienes exigieron documentos con información precisa que pueda brindarles un mejor panorama para asignar recursos a los sectores de prioridad.

“Aquí hay muchos temas de contabilidad que deben trabajar cómo se llevan a cabo. La transparencia es crítica en las finanzas del Departamento de Educación, que debe mejorar estos procesos”, comentó el miembro de la junta, Carlos García, a través de una llamada en conferencia.

Menos personal

Eligió Hernández, secretario del DE, defendió el ahorro de $47 millones alcanzado con la consolidación o cierre de 438 escuelas en los años fiscales 2017 y 2018. Además, aclaró que hay muchos profesionales de la educación que se consideran como recursos administrativos, tras el cuestionamiento del leve recorte en esta área.

“Puerto Rico siempre ha operado con el mínimo en las escuelas y algunos asistentes que dan servicio directo a los estudiantes, como los de lenguaje de señas, aparecen bajo administración cuando son docentes. Tenemos 35 escuelas que permanecen en uso como edificios administrativos y reducciones en todas las áreas de personal”, informó Hernández.

El funcionario se refirió a la disminución en la plantilla del 2017 al 2019. Durante este tiempo hubo una disminución de directores escolares de 1,166 a 910; personal de comedores de 4,147 a 3,707; conserjes de 2,707 a 2,235 y personal de oficina de 1,601 a 1,394. La cantidad de maestros bajó de 28,490 a 25,200; maestros sustitutos de 196 a 182; consejeros de 614 a 550 y trabajadores sociales de 1,228 a 1,116.

A paso lento

Otro tema discutido en la audiencia fue la lentitud de los procesos que son vitales para el buen funcionamiento de las escuelas y, por ende, para el sistema de educación pública, que según el informe del DE cuenta con una disminución de 28% en su matrícula de estudiantes.

“Hay 22 escuelas que desde el huracán María no se han podido abrir. Dos años es mucho tiempo para estar en el limbo. Si esperan unos años más, probablemente ya no harán falta”, comentó José RamónGonzález, miembro de la junta fiscal, quien también criticó la lentitud en la adjudicación de los sistemas de información, que toman cerca de seis meses.

Desanimados los maestros

Al final de la vista Aida Díaz, expresidenta de la Asociación de Maestros, expuso la falta de recursos asignados a los educadores.

“Con un salario básico de un poco más de $1,000 mensuales no vamos a tener maestros en el futuro. El único beneficio que veían era la pensión y ya sabemos lo que está pasando con eso. Trabajan en las peores condiciones, con temperaturas de más de 90 grados, sin acondicionadores de aire y salones con demasiados estudiantes. Hay que motivarlos”, sostuvo Díaz.

Fuente: elvocero.com

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