Genocidios y crímenes de lesa humanidad: el informe de Estados Unidos sobre los regímenes de China, Rusia e Irán

El Gobierno de Estados Unidos publicó este lunes diversos informes de países sobre prácticas de derechos humanos en el año 2022. Entre otros, pone la lupa en los regímenes de China (incluye Hong Kong, Macao y Tíbet), Rusia e Irán. Los reportes, realizados por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del gobierno de Joe Biden, dan cuenta de los graves abusos de derechos humanos cometidos por las autoridades de los respectivos países, que incluyen genocidio, ejecuciones sumarias, torturas y homicidios, en una lista casi infinita de atrocidades “La República Popular China es un estado autoritario”, reza el informe, en el que se destaca que Xi Jinping continuó ocupando en 2022 los tres cargos más poderosos como secretario general del partido, presidente de estado y presidente de la Comisión Militar Central. El Ejército Popular de Liberación es el principal responsable de la seguridad externa, pero también tiene algunas responsabilidades de seguridad interna. “Las autoridades civiles mantuvieron el control efectivo de las fuerzas de seguridad. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos graves y generalizados”. “Durante el año se produjeron genocidios y crímenes de lesa humanidad contra uigures predominantemente musulmanes y miembros de otros grupos minoritarios étnicos y religiosos en Xinjiang”, denunció Estados Unidos en el reporte. “Estos crímenes continuaban e incluían: el encarcelamiento arbitrario u otra privación severa de la libertad física de más de un millón de civiles; esterilización forzada, abortos bajo coacción y aplicación más restrictiva de las políticas de control de la natalidad del país; violación y otras formas de violencia sexual y de género; tortura de un gran número de detenidos arbitrariamente; y persecución, incluidos trabajos forzados y restricciones draconianas a la libertad de religión o creencias, la libertad de expresión y la libertad de movimiento”. La enumeración de los reportes creíbles de volaciones contra los derechos humanos que menciona el informe son numerosas. “Homicidios arbitrarios o ilegales por parte del gobierno; desapariciones forzadas por el gobierno; tortura por parte del gobierno; condiciones penitenciarias y de detención duras y potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios por parte del gobierno; represión transnacional contra individuos en otros países; la falta de un poder judicial independiente y el control del Partido Comunista sobre el sistema judicial y legal; interferencia arbitraria con la privacidad, incluida la vigilancia y el monitoreo técnico generalizado e intrusivo, incluido el uso de aplicaciones de seguimiento de COVID-19 para fines no relacionados con la salud pública; castigo de los miembros de la familia por delitos presuntamente cometidos por un individuo; serias restricciones a la libertad de expresión y los medios de comunicación, incluidos ataques físicos y enjuiciamiento penal de periodistas, abogados, escritores, blogueros, disidentes, peticionarios y otros; serias restricciones a la libertad en Internet, incluido el bloqueo de sitios”, entre tantos otros. El informe denuncia que funcionarios del régimen chino y los servicios de seguridad a menudo cometieron abusos contra los derechos humanos con impunidad: “Las autoridades a menudo anunciaron investigaciones tras casos de denuncias de homicidios cometidos por la policía, pero no anunciaron los resultados ni los hallazgos de irregularidades policiales o medidas disciplinarias. La aplicación de las leyes sobre la corrupción era inconsistente y no transparente, y la corrupción estaba muy extendida”. “La Federación Rusa tiene un sistema político autoritario altamente centralizado dominado por el presidente Vladimir Putin”, reza el reporte, que también menciona que en este país hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad de Rusia cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos. Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022 y las fuerzas armadas rusas cometieron numerosos crímenes de guerra y otras atrocidades y abusos, advierte. “Hubo informes fidedignos de ejecuciones sumarias, torturas, violaciones, ataques indiscriminados y ataques dirigidos deliberadamente contra civiles e infraestructura civil por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, todos los cuales constituyen crímenes de guerra. El gobierno ruso participó en la deportación forzada de civiles de Ucrania a Rusia, a menudo después de un proceso de “filtración” duro y abusivo, y hubo numerosos informes de deportaciones forzadas y adopciones de niños de Ucrania”. Aparte de los abusos contra los derechos humanos cometidos por Rusia en relación con su invasión de Ucrania, “las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de: ejecuciones extrajudiciales, incluso de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales en Chechenia por parte de las autoridades gubernamentales locales; desapariciones forzadas por o en nombre de autoridades gubernamentales; tortura generalizada por parte de agentes del orden público del gobierno que a veces resultó en la muerte y ocasionalmente involucró violencia sexual o encarcelamiento psiquiátrico punitivo; condiciones duras y potencialmente mortales en las prisiones; arresto y detención arbitrarios; presos y detenidos políticos y religiosos; represión transnacional contra personas ubicadas fuera del país; severa interferencia arbitraria con la privacidad; prestar apoyo a un grupo armado que reclutó o utilizó niños soldados; represión severa de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia contra los periodistas y el uso de leyes “antiextremistas” y otras leyes para enjuiciar a la disidencia pacífica ya los miembros de grupos religiosos minoritarios”, entre otros. Para Estados Unidos, el régimen de Putin “no tomó las medidas adecuadas para identificar, investigar, enjuiciar o sancionar a la mayoría de los funcionarios que cometieron abusos y se involucraron en actos de corrupción, lo que generó un clima de impunidad”. Irán es una república teocrática autoritaria con un sistema político islámico chiíta basado en velayat-e faqih (tutela del jurista). El líder supremo es el jefe de estado y tiene autoridad constitucional sobre el poder judicial, los medios de comunicación administrados por el régimen y otras instituciones clave. El ayatolá Ali Khamenei ocupa el cargo desde 1989, describe el informe. “El líder supremo tiene la máxima autoridad sobre todas las agencias de seguridad. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos a lo largo del año”, denuncia el informe de Estados Unidos. Irán experimentó disturbios generalizados durante el año pasado. Múltiples protestas en todo el país comenzaron después de la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini bajo la custodia de la policía moral después de que supuestamente violó las leyes obligatorias sobre el uso del velo y las fuerzas de seguridad usaron fuerza letal contra los manifestantes. Mujeres y jóvenes encabezaron las protestas, coreando “Mujeres, Vida, Libertad” y “Muerte al Dictador”. A fines de año, las fuerzas de seguridad mataron a más de 500 personas, incluidos al menos 69 niños, y arrestaron a más de 19.000 manifestantes, incluidos niños, según la organización no gubernamental Human Rights Activists News Agency. Algunos de los detenidos se enfrentaban a la pena de muerte, incluidos niños. “Los asuntos importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte del gobierno y sus agentes, más comúnmente ejecuciones por delitos que no cumplen con el estándar legal internacional de ‘los más graves delitos’ o por delitos cometidos por delincuentes juveniles, así como después de los juicios sin garantías de un juicio justo; desaparición forzada atribuida al gobierno y sus agentes; tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno y sus agentes; arresto o detención arbitrarios; matrimonio infantil, precoz y forzado, mutilación/ablación genital femenina, feminicidio y otras formas de violencia; violencia contra las minorías étnicas, incluidas las minorías kurda y baluch; crímenes, violencia o amenazas de violencia motivados por el antisemitismo; trata de personas; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”, entre otros crímenes cometidos por el régimen iraní, que “tomó pocas medidas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidas la muerte de manifestantes y abusos bajo custodia o corrupción. La impunidad siguió siendo generalizada en todos los niveles”.

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