Para justificar los ataques contra pandillas y cárteles del narcotráfico latinoamericanos, el gobierno de Trump se basa en un argumento jurídico que ganó fuerza después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, lo que permitió a las autoridades estadounidense usar fuerza letal contra combatientes de Al Qaeda que atacaron el World Trade Center y el Pentágono.
¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Pero los grupos que son objeto ahora de los ataques de Estados Unidos son un enemigo muy diferente, surgido en las prisiones de Venezuela y alimentado no por una ideología antioccidental, sino por el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
El uso que hace Trump de una fuerza militar aplastante para combatir a esos grupos y la autorización de acciones encubiertas dentro de Venezuela —posiblemente para derrocar a su presidente, Nicolás Maduro— traspasa los límites del derecho internacional, según los expertos legales. Y todo esto ocurre mientras Trump amplía el papel del ejército en el ámbito nacional: desplegó a la Guardia Nacional en varias ciudades y afirmó que está abierto a invocar la Ley de Insurrección, de hace casi 150 años, que permite el despliegue militar solo en casos excepcionales de disturbios civiles.