Otro cubano con I-220A detenido por ICE en Texas: su esposa denuncia que quedará sola con una niña pequeña

Las detenciones de cubanos amparados bajo el estatus migratorio I-220A siguen en aumento en Estados Unidos, en medio de la política de mano dura contra la inmigración que impulsa el presidente Donald Trump. El más reciente caso es el de Pastor Michel Roque Armas, originario de Pinar del Río, quien fue arrestado en San Antonio, Texas, luego de acudir a una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque el arresto ocurrió en junio, su familia decidió hacerlo público ahora, después de que un juez de inmigración emitiera una orden de deportación el pasado viernes. Su esposa, Rosmery, relató al periodista Javier Díaz, de Univisión, que la decisión es devastadora, pues quedará sola en el país con su hija de apenas cinco años. Subrayó además que Roque Armas “es un hombre de bien” y que no tiene antecedentes en Estados Unidos. Una política que golpea a los emigrantes legales El caso de Roque Armas se suma a una oleada de arrestos de cubanos con I-220A, un documento que, si bien no concede residencia, ha permitido a miles de migrantes permanecer legalmente en el país mientras esperan regularizar su estatus o acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, las redadas de los últimos meses evidencian un patrón de persecución: inmigrantes sin historial delictivo, que cumplen con la ley, están siendo arrestados y enviados a procesos de deportación. Uno de los ejemplos más recientes es el de Yasmani Guía Pablo, conductor de Lyft en Georgetown, Texas, y también portador de un I-220A. Fue detenido durante su jornada laboral bajo la acusación de estar intoxicado, algo que su esposa —ciudadana estadounidense— desmintió, denunciando que se trató de un acto de racismo. Yasmani, músico y compositor cristiano, ahora enfrenta la posibilidad de ser deportado. Historias de abuso y desesperación Los testimonios de migrantes cubanos detenidos describen condiciones extremas en los centros de detención. Rogelio Lázaro González Moya, de 26 años, fue arrestado en Miami tras asistir a su primera audiencia de inmigración. Desde entonces ha sido trasladado a centros en Florida, Texas y Arizona, donde asegura haber sufrido encadenamientos prolongados, encierros en celdas frías y una alimentación insuficiente. En Phoenix, una joven cubana fue arrestada al salir de su trabajo pese a tener permiso laboral vigente. Pasó un mes detenida antes de ser liberada con grillete electrónico. Además, periodistas en Miami han documentado redadas en cortes de inmigración, donde decenas de cubanos con I-220A fueron arrestados al salir de sus audiencias, dejando claro que ni siquiera cumplir con sus citas legales los protege de ser detenidos. Un trasfondo político Este endurecimiento responde a la agenda migratoria del segundo mandato de Donald Trump, enfocada en frenar de manera drástica la inmigración, con un impacto particular en la comunidad cubana. Pese a que la Ley de Ajuste Cubano reconoce a los migrantes de la isla como víctimas de una dictadura, muchos hoy viven bajo el temor de ser deportados. No importa si trabajan, pagan impuestos o cumplen sus obligaciones: el mensaje que reciben es que la paciencia y el cumplimiento de las reglas no garantizan su permanencia en el país. El caso de Michel Roque Armas refleja esa contradicción: un padre de familia que huyó del régimen cubano en busca de refugio, pero que ahora enfrenta la expulsión por un sistema que parece castigar más la condición migratoria que los delitos reales. La comunidad cubana observa con creciente preocupación este patrón de persecución. Cada nuevo arresto confirma que, lejos de ser protegidos como refugiados políticos, los portadores de I-220A están siendo tratados como criminales en un país que históricamente había sido su principal refugio.

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