Puerto Rico 13 enero 2022

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, plantea que se puedan grabar conversaciones

Abogados y criminólogos lo creen peligroso para los derechos civiles

En medio de críticas que catalogan al Departamento de Justicia como una agencia inerte ante casos de corrupción pública, el secretario Domingo Emanuelli cree que enmendar la ley para permitir grabar conversaciones entre personas es una herramienta que ayudaría a atajar este tipo de crimen.

En entrevista con EL VOCERO, Emanuelli reiteró que el asunto no es una competencia de radicación de cargos con las entidades federales —quienes han llevado la batuta en casos recientes—, pero reconoció que a nivel estatal existen limitaciones y desventajas.

“La gente no debe ver que quién puede más, quién puede menos. No. Ahora, de que los federales tienen más recursos, sí, los tienen. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos posibilidad de grabar telefónicamente porque la Constitución lo prohíbe. Estamos trabajando para que se incluya y se permita lo que está bajo la Ley de Crimen Organizado, que es grabar conversaciones personales”, declaró Emanuelli.

Al presente, y al amparo de la Ley de Crimen Organizado y Lavado de Dinero (Ley 33 de 1978), el secretario de Justicia puede solicitar autorización de un juez para grabar “cualquier comunicación oral que no sea telefónica, cuando tenga motivo fundado de que una persona se dedica o está envuelta en un patrón de actividad del crimen organizado”.

Sin embargo, la ley le impone al juez una serie de requisitos para que autorice el permiso, como por ejemplo que la grabación sea realizada únicamente por un investigador o persona privada que actúe como informante o agente encubierto autorizado y haya otorgado su consentimiento.

“Eso está muy reglamentado por la ley y para algunos casos específicos, porque para crimen organizado se permite. Pues, se puede trabajar donde se haga extensivo eso a los casos de corrupción, pero que sean conversaciones de persona a persona. Estamos trabajando, teniendo conversaciones con distintos segmentos del País para que si hubiera que hacer legislación se trabaje sobre eso”, explicó Emanuelli.

Durante el mes de diciembre hubo conversaciones en la Legislatura sobre una medida a estos fines, pero hasta el día de ayer no se había radicado como proyecto de ley. La inclusión de llamadas telefónicas tendría que ejecutarse mediante una enmienda a la Constitución de Puerto Rico, particularmente la Sección 10 del Artículo II.

“Peligroso y terrible”

De acuerdo con abogados y criminólogos, la propuesta se catalogaría como una intromisión a los derechos civiles y sería una movida peligrosa que no abonaría a la resolución de casos de corrupción, problema que ya cuenta con suficientes leyes para atajarlo.

Según el abogado Eduardo Villanueva, “una vez tú abres una puerta, quién va a pasar por esa puerta no lo puedes garantizar. Por eso digo que es muy peligroso”.

El abogado señaló que existen maneras más creativas, disponibles para atender el problema, pues el Estado ya cuenta con agentes encubiertos, protección a los “whistleblowers” (denunciantes) y agencias como la Oficina del Contralor y el Departamento de Hacienda que pueden hacer un análisis forense de bienes e ingresos de un funcionario o una institución para detectar irregularidades.

“Hay un montón de cosas que no violan derechos constitucionales como violar el derecho a la privacidad. ¿Cómo van a discernir en qué se van a utilizar? Se corre siempre el riesgo para que eso se use para chantajes políticos y para intimidar cambios de movimiento social. Podrías pensar que es exagerado, pero ya sucedió con J. Edgar Hoover (cuando dirigió del Negociado Federal de Investigaciones), que intervenía a todos los jefes políticos de los Estados Unidos y los chantajeaba”, exclamó Villanueva.

La puerta que se abriría en este caso se ensancharía, pues una vez se permita la grabación de conversaciones entre personas para casos de corrupción, se podría ampliar su alcance, según la abogada Wanda Valentín.

“Suena convincente cuando se dice que se va a hacer para usarse contra la corrupción, pero una vez se permite, se permite para cualquier función investigativa. A mí me parece que nosotros tenemos mucha legislación, incluso en el área de la corrupción, que no se utiliza para esclarecer y procesar. Me parece que primero deben demostrar diligencia en lo que ya tenemos, antes de requerir un acceso tan invasivo en la privacidad de las personas, especialmente en la trayectoria de la Policía y los entes investigativos”, apuntó Valentín.

La expresidenta de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados subrayó que la redacción de la legislación debe analizarse con calma, pero luce como un escenario adicional de rendición de libertades a manos de una institución cuya trayectoria incluye represión, carpeteo y hasta carpeteo digital.

Recordó el caso de las carpetas, que se basaba en reunir información de ciudadanos independentistas y sus actividades ideológicas, y no fue hasta el 1988 que se declaró inconstitucional, a raíz del caso judicial Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, ante el Tribunal Supremo.

Más recientemente, en 2017, el Departamento de Justicia, entonces dirigido por Wanda Vázquez Garced, le solicitó a la empresa Facebook información sobre los medios de prensa digital Diálogo, Pulso Estudiantil y el Centro de Comunicación Estudiantil para iniciar una investigación, lo que culminó en la radicación de cargos contra cinco estudiantes particulares de la Universidad de Puerto Rico (UPR). En conferencia de prensa, los acusados calificaron el suceso como una nueva instancia de carpeteo por parte del Estado.

La ley

Al amparo de la Ley de Crimen Organizado y Lavado de Dinero (Ley 33 de 1978), el secretario de Justicia puede solicitar autorización de un juez para grabar

“cualquier comunicación oral que no sea telefónica, cuando tenga motivo fundado de que una persona se dedica o está envuelta en un patrón de actividad del crimen organizado”.

“El problema con esas medidas es que van normalizando el principio de que la criminalidad y la corrupción específicamente es derivado de derechos civiles, que es la culpa por la que ellos no pueden procesar delincuentes. Eso es bien terrible, porque normaliza la visión de que los derechos civiles son las causas para los problemas sociales como la criminalidad”, argumentó, por su parte, el criminólogo Gary Gutiérrez.

Indicó que esa práctica se vio en la década de 1990, cuando el Estado adoptó la “Mano Dura” contra el crimen.

“Una vez coges ese sendero que cualquier crisis en criminalidad se resuelve con reducirnos los derechos a todos los ciudadanos, pues, ¿dónde tú lo paras? Las sociedades funcionan por tendencias y hacia dónde nos dirigimos. O te diriges a una sociedad más democrática o a una sociedad más represiva”, subrayó Gutiérrez.

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