Puerto Rico 31 enero 2022

Empleados públicos exigen que se aclaren dudas sobre el cambio a las pensiones

Los empleados públicos se manifestarán al mediodía en el lado sur del Capitolio —donde se proponen reunirse con legisladores— y luego se movilizarán hacia La Fortaleza, donde esperan reunirse con el gobernador o algún asesor del ejecutivo.

Ante las lagunas que entienden persisten en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) —confirmado el 18 de enero por la jueza federal Laura Taylor Swain— el Movimiento 447 de empleados públicos, anunció que desde hoy realizarán manifestaciones “en la calle” para exigirle a la Legislatura y al Ejecutivo que aclaren las dudas en cuanto a la eliminación de las pensiones definidas, el Sistema de Retribución Uniforme y la implementación de la Ley 80-2020 de Retiro Incentivado.

Los empleados públicos se manifestarán al mediodía en el lado sur del Capitolio —donde se proponen reunirse con legisladores— y luego se movilizarán hacia La Fortaleza, donde esperan reunirse con el gobernador o algún asesor del ejecutivo.

El próximo 15 de marzo de 2022, se hará efectiva la reestructuración del gobierno central si el Plan de Ajuste no es objetado por los acreedores, la administración del gobernador Pedro Pierluisi o la Legislatura, según ha establecido el tribunal.

En la conferencia de prensa realizada ayer en el restaurante Gran Bahía, en el Distrito del Centro de Convenciones, en Miramar, Enilda Mundo, presidenta del Movimiento 447, expresó que tienen “grandes preocupaciones” con lo aprobado. Añadió que “nosotros, los que representamos tanto a los empleados activos del Movimiento 447 —cobijados bajo la Ley 447 y sus enmiendas— y los empleados de la Ley 1 y sus enmiendas, tenemos grandes preocupaciones con el PAD. Tenemos dudas que prevalecen a todas las que han sido aclaradas hasta el momento”.

“Estamos en la mejor disposición de recibirlos en la Fortaleza y escuchar sus planteamientos como siempre lo hemos hecho”, señaló.

Mundo también afirmó que están contentos con lo que se ha logrado en el PAD para beneficio de los maestros y la policía. Agregó que pueden decir lo mismo sobre cómo afecta a otros empleados públicos, cobijados bajo la Ley 447 y la Ley 1.

Según se explicó, la Ley 447-1951 estableció el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Ley 1-1990 enmendó la Ley 447 para la otorgación de mayores beneficios de retiro y mantener la solvencia del sistema.

“Tenemos los puntos donde se habla de la eliminación de pensiones definidas… Tenemos también el concepto de sistema de retiro de retribución uniforme a empleados públicos. ¿Qué empleados públicos? ¿Activos? ¿Qué significa para ellos una retribución uniforme efectiva a enero de 2023? Finalmente —y mucho más importante aún—: ¿En qué estatus está la implementación de la Ley 80? Esta es la última ley de justicia para los empleados de la Ley 447 y la Ley 1”, cuestionó Mundo.

La portavoz de los empleados bajo la Ley 447, Elizabeth Santiago, hizo un llamado al gobernador a que se siente a la mesa, dialogue sobre este asunto y se alcancen acuerdos. “Estamos a la disposición de usted para que nos abra sus puertas y así poder dialogar y llegar a unos acuerdos, para hacerle justicia a empleados de 30 años o más de servicio que hemos estado pagando nuestro seguro social y nuestro retiro con dignidad”, puntualizó.

Por su lado, Esteban Escribano, portavoz del Frente Unido de Empleados Públicos, sostuvo que la preocupación mayor es que los acuerdos contenidos en el Plan de Ajuste no hacen una “clara manifestación” sobre los empleados del servicio público cobijados por la Ley 80.

Según la Ley 80, son elegibles al programa de retiro incentivado los servidores públicos cobijados por la Ley 447 —empleados antes del 30 de marzo de 1990— y los de la Ley 1, que entraron al gobierno entre abril de 1990 a diciembre de 1999.

“Hasta ahora, lo que se entiende por los beneficios definidos a congelarse por 10 años, sería la eliminación de las pensiones para los empleados de la Ley 1 y la Ley 447. Actualmente, tenemos empleados de la Ley 447 que ya están entrando en 40 años de trabajo y no los dejan salir con este beneficio de la Ley 80”, precisó Escribano.

La secretaria de la gobernación, Noelia García, indicó a EL VOCERO que “las puertas de la Fortaleza siempre han estado abiertas para todos”, y destacó que la actual administración “trabajó arduamente para defender las pensiones de nuestros retirados y el gobernador ha sido claro en su respaldo a un retiro justo y digno”.

Fuente: ELVOCERO.COM

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