El Tribunal Supremo de Estados Unidos atenderá mañana el primer caso que llega al máximo foro judicial vinculado a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), en el cual pasará revista sobre la constitucionalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta Federal de Control Fiscal, lo que a juicio de varios analistas consultados por EL VOCERO tendrá serias implicaciones para la Isla.
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En juego el futuro de la junta y la Isla
Afirman que decisión del Supremo federal podría trastocar la Constitución de PR
El pasado mes de julio, la corte acogió la solicitud de ‘certiorari’ de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y la consolidó con otras cuatro que —con argumentos diferentes— buscan que se invalide la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos realizados por el entonces presidente estadounidense Barack Obama y que nunca fueron sometidos al Senado federal ni confirmados por este cuerpo. Están de acuerdo con la determinación de la corte apelativa de declarar inconstitucional las designaciones, pero rechazan —por lo cual acuden al Supremo— que se sostengan vigentes las decisiones tomadas por la junta en los pasados años, como decidió el tribunal.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Eudaldo Báez Galib, las implicaciones de la audiencia son de tal magnitud que podrían trastocar la Constitución de Puerto Rico y reafirmar el estatus colonial de la Isla.