En la mira los contratos de última hora

Algunos de los poco más de 200 contratos por alrededor de $80 millones que aprobó la administración del gobernador Ricardo Rosselló en las últimas dos semanas de su gestión —antes de renunciar al cargo— serán escrutados por la Junta Federal de Control Fiscal, análisis que no descarta la cancelación o modificación de los que sean necesarios. Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta fiscal, le dio al gobierno hasta este viernes para que someta todos los contratos de ese periodo —y que no hayan sido aprobados por la entidad— para poder revisarlos y asegurarse que cumplen con la política de austeridad y el plan fiscal de la Isla. “De conformidad con la política establecida, solicitamos al gobierno de Puerto Rico que proporcione copias de todos los contratos ejecutados por cualquier entidad gubernamental designada como entidad cubierta por la Junta de Supervisión (que no sean municipios) durante las últimas dos semanas del gobernador Rosselló en el cargo. Solicitamos que dichos contratos se presenten a la Junta de Supervisión a más tardar el 16 de agosto de 2019”, reclamó Jaresko en carta dirigida a Omar J. Marrero Díaz, nuevo principal oficial financiero del gobierno (CFO). La junta fiscal advino en conocimiento de las contrataciones luego que informes de prensa alertaran sobre la cantidad de contratos expedidos justo previo a la salida de Rosselló, quien renunció en medio de una crisis política, arrestos por corrupción de exfuncionarias y contratistas y el repudio masivo hacia su gestión tras la revelación de un controvertible chat de Telegram. Gran parte de sus principales funcionarios y ayudantes también renunciaron. Jaresko advirtió que “algunos de estos contratos aun no aparecen en el sitio web de la Oficina del Contralor”, y le recordó a Marrero Díaz que “la Junta de Supervisión estableció una política de revisión de contratos de conformidad con la Sección 204 (b) (2) de (la ley) Promesa para requerir la aprobación de la Junta de Supervisión de ciertos contratos y asegurar que ellos ‘promueven la competencia en el mercado’ y ‘no son inconsistentes con el plan fiscal aprobado’. Todos los contratos gubernamentales y sus modificaciones con un valor agregado de $10 millones o más están sujetos a la aprobación de la Junta de Supervisión”. No obstante, Jaresko hizo la distinción de que la entidad que representa “en su discreción puede revisar cualquier contrato por debajo de dicho umbral”. Fue en octubre de 2017, luego del escándalo de la contratación por $300 millones de la empresa sin credenciales Whitefish por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) —en medio de la devastación del sistema energético causada por el huracán María— cuando la junta acordó que revisaría todos los contratos de $10 millones o más. En la carta de una página a Marrero Díaz, a manera de garantizar el cumplimiento de la solicitud, Jaresko va más allá y le amplia las advertencias. “Tenga en cuenta que la Junta de Supervisión puede emitir citaciones y ejercer cualquier otro poder otorgado bajo Promesa para llevar a cabo la política pública”. Entre los contratos que ya están disponibles en la Oficina del Contralor hay varios relacionados a servicios de asesoría a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la entidad que maneja el asunto de las negociaciones de deuda junto a la junta fiscal. Informes de prensa habían advertido que parte de esos contratos se relacionaban a firmas legales donde laboran exfuncionarios de Rosselló. “Estamos totalmente de acuerdo” Marrero Díaz señaló anoche a EL VOCERO que cumplirá con la presentación de los contratos, con lo cual “estamos totalmente de acuerdo. Estaremos facilitando la información”. Informó que ayer mismo tuvo comunicación informal con la junta fiscal y procederá a formalizarla a partir de hoy, particularmente porque hay agencias que no han presentado todos sus contratos al Contralor, ya que tienen para ello hasta 15 días y no se vencen hasta el sábado. Para esos casos pedirá que les permitan entregar esos contratos el lunes. Sobre la cantidad de contratos y la cuantía de más de $80 millones, Marrero Díaz planteó que al inicio del año fiscal suelen haber más contrataciones y sobre todo en medio del proceso de recuperación de la Isla tras María. Encaminado el caso de BDO El requerimiento para la revisión de contratos se suma a otra gestión anunciada la semana pasada por Jaresko, cuando informó que emitieron una solicitud de propuesta (RFP, por sus siglas en inglés) para contratar una firma independiente que realice una auditoría financiera, contable y de otros servicios prestados por la firma BDO Puerto Rico desde 2016. Esta es la empresa cuyo socio administrador, Fernando Scherrer, fue acusado por las autoridades federales junto al contratista Alberto Velázquez; la exsecretaria de Educación, Julia Keleher; la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila y otras dos personas por defraudar al gobierno federal en varios esquemas relacionados a contratos sobre los $15.5 millones. BDO mantenía más de 95 contratos con diferentes agencias gubernamentales.