En problemas la seguridad en Instituciones Juveniles

Aunque reconoció que hubo una mejoría en algunas áreas, la monitora federal en el caso de violación de derechos de los internos en la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ), Kimberly Tandy, afirmó que la persistente falta de personal continúa siendo uno de los principales problemas que incide en el área de seguridad de este caso que data de 1994. El hallazgo está contenido en su informe trimestral sobre el pleito, presidido por la jueza Carmen Consuelo Cerezo. “La presión para cerrar las instalaciones como medida de ahorro de costos y, en última instancia, el cierre de Humacao en enero, ha llevado a un nivel peligrosamente bajo de personal, así como otras condiciones de seguridad tanto para el personal como para los jóvenes en las dos instalaciones restantes (Villalba y Ponce)”, reza el informe. Insiste en que la falta de personal obstaculiza la capacidad de mantener un ambiente seguro para los jóvenes y el personal. Detalla que los pasados 10 y 12 de septiembre, en la institución de Ponce un joven fue agredido por otro con un instrumento cortante y se requirió de que le tomaran 18 puntos de sutura en el rostro y que fuera hospitalizado. En Ponce también se produjo otro incidente violento entre ocho internos, el cual dejó un saldo de tres heridos, uno de ellos hospitalizado. El 30 de junio un interno fue agredido con una media cuyo interior contenía una barra de jabón. Fugas y agresiones El pasado 22 de septiembre dos internos escaparon de ese mismo centro. El oficial de custodia de turno se autoasignó a supervisar 14 jóvenes en el área del gimnasio. Advino en conocimiento de la fuga cuando posteriormente hizo el conteo de rigor. Este guardia había tenido que hacer doble turno ese día. La monitora comenta que uno de los internos que escapó fue asesinado el pasado 1ro de octubre mientras se encontraba prófugo. Para el tercer trimestre de 2019, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) (no demostró) un cumplimiento de rendimiento sostenible con las proporciones mínimas requeridas de personal por número de jóvenes, mostrando una dependencia cada vez mayor del doble turno, destacó. Mencionó que el extitular de la agencia, Erik Rolón, solicitó a la Junta Federal de Control Fiscal (JFCF), fondos para 1,200 guardias adicionales. En ese momento, la agencia tenía aprobado un presupuesto para 300 nuevos oficiales a ser entrenados en una nueva academia. A identificar recursos Apuntó que es vital que el DCR continúe trabajando con sus asesores financieros, así como con la JFCF para identificar los recursos necesarios, asegurar que estén contenidos en la propuesta de presupuesto para el 2020 y determinar de dónde se asignarán los dineros. Afirma que hay poca información en los reportes de la JFCF sobre las instalaciones juveniles. Mantiene que los costos asociados con las operaciones están “inexplicablemente entrelazados” en el presupuesto general de la dependencia. Plantea que en el presupuesto no hay una partida separada para el personal, ni de los recursos necesarios para lograr el cumplimiento. Falta un proceso claro Cuando se necesitan recursos, no existe un proceso claro y consistente sobre cómo se aprueban los gastos, además de que la AIJ compite con cualquier otra necesidad del DCR, agrega. Destaca que el plan fiscal presentado por el gobierno de Puerto Rico a la junta fiscal en septiembre del 2018 estimó que la AIJ gasta $42 millones anuales y que debería reducir $19.4 millones anuales para el 2022. Comenta que el informe del gobierno estatal refleja una tasa de dietas extraordinariamente altas de $692. La AIJ atiende a 115 jóvenes “esto comprensiblemente plantea muchas preguntas”, expresa el documento. Indica que se han asignado más de $20 millones para personal que no trabaja en las instalaciones de la AIJ y que labora en las instituciones de adultos. Mantiene que la fusión de los costos operativos de la AIJ con el presupuesto general del DCR en los últimos años pudo haber contribuido al problema presupuestario que limita ofrecer los servicios a los jóvenes. Violaciones al acuerdo de cumplimiento “El hecho de no presentar un presupuesto a la Legislatura para solicitar personal adecuado, reparaciones físicas de la planta, equipo de seguridad que funcione y para la adecuada atención de salud mental, está en violación directa del Acuerdo de Conciliación y ha creado un peligro y un daño para las condiciones de los jóvenes en las instalaciones de Ponce y Villalba”, indica el documento. “El DCR debe asegurarse de que su presupuesto aborde los requisitos adecuados de personal, capacitación, recursos y planta física para cumplir plenamente con las disposiciones de la Orden de Consentimiento y el Acuerdo. Si esto se puede hacer dentro de los límites de su presupuesto actual o si necesita fondos suplementarios adicionales, el Estado Libre Asociado (ELA) lo determinará y la JFCF lo aprobará”, agrega. Mejoría parcial en 29 áreas De otra parte, el informe menciona el cumplimiento parcial en 29 áreas. Entre estas figuran: uso de la fuerza, entrenamiento de trabajadores sociales, planes para el tratamiento de jóvenes con problemas de abuso de sustancias controladas, investigaciones de alegados malos tratos hacia los menores, servicios psiquiátricos y psicológicos, calificación de profesionales, seguridad, códigos de los edificios donde son ingresados y el cumplimiento con la Ley para Personas con Discapacidades (ADA). Asimismo, destaca una mejoría en el cumplimiento de medidas para la prevención de suicidios, en la reparación del edificio en Villalba, en la instalación de cámaras de monitoreo en una de las unidades de vivienda. Empero, esto no ha ocurrido en las facilidades en Ponce debido a la falta de fondos. Destacó que en una reunión con el liderazgo de la dependencia se le aseguró que se asignarán unos $800 mil para las mejoras. Reacciona la AIJ Por su parte, la AIJ destacó que si bien es cierto que se necesitan más oficiales en el sistema juvenil, “no estamos de acuerdo en que hayan violaciones de derechos civiles. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones de proteger los derechos constitucionales de los jóvenes transgresores. Tanto así, que en este año se han logrado cerrar ciertas estipulaciones del caso, lo que demuestra que estamos trabajando en la dirección correcta sin violación a los derechos civiles como se intenta afirmar”. “Desde septiembre, la monitora tiene conocimiento de que se están haciendo esfuerzos para regresar oficiales que se encontraban en instituciones de adultos a las de juveniles. Se le comunicó, además, que estamos trabajando con la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) y la Junta de Supervisión Fiscal para que nos permitan comenzar una academia para reclutar nuevos oficiales de servicios juveniles. Esto ayudará a subsanar la necesidad de oficiales”, destacó la institución en declaraciones escritas a EL VOCERO. Agregó que hasta comienzos del 2000, en 11 instituciones juveniles habían 1,200 jóvenes, mientras que en la actualidad “el sistema cuenta con un promedio de 122 jóvenes en dos instituciones”. “Si bien la cantidad de ingresados se ha reducido, en el último año se ha mantenido constante el número. Al día de hoy hay 105 jóvenes”, finalizó la Administración de Instituciones Juveniles.