Vico C y su exmanejador llegan a acuerdo confidencial

El licenciado Edwin Prado, Edgar “Baldiri” Martínez e Icaro Services y Luis (Vico C) Lozada y su esposa Sonia Torres llegaron a un acuerdo confidencial, relacionado a la demanda radicada entre las partes hace varios años. El acuerdo se produjo de buena fe y cierra el capítulo del comentado litigio. “Afortunadamente se abrió el espacio para que se diera la comunicación entre nosotros y pudiéramos llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Resuelto este asunto podré concentrarme en la expansión de mi práctica en los Estados Unidos especialmente en la cuidad de Orlando, Florida donde ya hemos abierto operaciones”, expresó el licenciado Prado “Nos sentimos contentos que con este acuerdo podemos enfocar nuestros esfuerzos en el desarrollo de la carrera artística y gira de conciertos de Vico C luego de lograr dos proyectos exitosos en Puerto Rico, la película “Vico C, la vida del filósofo y dos conciertos en el Coliseo Jose Miguel Agrelot.” expresaron Vico C y su esposa Sonia Torres. En el mes de julio del pasado año, la jueza superior Iris L. Cancio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, dictó sentencia tras evaluar la prueba testifical, documental y pericial. La jueza dio ha lugar a los reclamos de la parte demandante, por lo que el artista tendría que pagar a Prado $329,164.39 y a Icaro Services Inc. $83,500. En el 2012, el licenciado Prado, como individuo y con su compañía RVM Entertainment, José “Pompi” Vallejo e Icaro Services Inc., demandaron a Luis A. Lozada, nombre de pila del artista, y a su esposa, Sonia Torres, por incumplimiento de contrato, daños, cobro de dinero e interferencia culposa de terceros. En los reclamos principales de la demanda se sostenía que Prado e Icaro Services, Inc. financiaron el disco Babilla, del exponente del género urbano, luego de que su disquera se negara a adelantarle el dinero al artista, alegando que ya lo había hecho cuatro años atrás. De esa manera Prado y Edgardo Baldiris, representante de Icaro Services, financiaron el disco y le anticiparon dinero a Vico C, para sus gastos personales y el adelanto de varias presentaciones artísticas. En ese momento, Prado e Icaro Services cubrieron los gastos de estudio, productores, arte y masterización del disco Babilla. Según el documento legal, el disco no contó con la promoción esperada, por parte de la disquera, debido a problemas internos, por lo que no tuvo buena difusión, a pesar de que obtuvo buenas críticas. En el 2010, los demandados sugirieron a José “Pompi” Vallejo para rescindir el acuerdo con Icaro Services. Otro de los reclamos principales de la parte demandante era los incumplimientos del artista, mayormente por problemas personales. Incluso, trascendió que el día en que se presentaría a los medios de comunicación un musical sobre su vida, Vico C estuvo lloroso durante toda la conferencia de prensa, debido a una discusión previa que tuvo con su esposa. Incluso, Torres se presenció en dicha conferencia e hizo unas declaraciones de índole personal, que no tenían que ver con la presentación. Con el tiempo, el caso se fue dilatando por diversas razones. El 9 de noviembre de 2016, a los demandados se les anotó rebeldía a la Regla 34 del Procedimiento Civil. La consecuencia jurídica de la rebeldía es que fueron aceptadas todas y cada una de las materias alegadas por la parte demandada. En el juicio, además, se declaró no ha lugar la causa de acción contra Joel Cardona, por interferencia torticera, ya que no se recibió prueba de ello. De igual manera ocurrió con los reclamos de Vallejo, sobre una cláusula de cesión en los contratos entre Vico y Prado, debido a que tampoco compareció al juicio. De modo que la jueza determinó que los demandados debían a Prado $135,264.39 por concepto de gastos y adelantos incurridos por el desarrollo de la carrera del artista, y $77,560 por la comisión que no le fue pagada. También deberían pagarle a Prado $116,340.00 por conceptos dejadas de devengar. El licenciado fue representado por los abogados Javier Villar y Rosa Ward. En el 2011, la jueza Giselle Romero García falló a favor del artista en un interdicto preliminar para detener sus contrataciones.