"Es una pena que veamos este tipo de esquema"

“Este es el tipo de casos que se menciona tantas veces de fondos federales, que da vergüenza”. Así describió la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez los tres esquemas de fraude por los que fueron acusados ayer la exsecretaria del Departemento de Educación (DE), Julia Keleher; la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila; el contratista de la firma de asesoría financiera BDO, Alberto Velázquez Piñol y otras tres personas. Según las autoridades federales, los fraudes totalizaron $15.5 millones: $13 millones en Educación y $2.5 millones en ASES. “Es una pena que veamos este tipo de esquema, uno tras otro. Hay mucho por hacer por Puerto Rico y estos seis acusados se lucraron, buscaron beneficiarse para seguir con sus beneficios personales y no estaban en una posición de ayudar a Puerto Rico”, apuntó Rodríguez durante una rueda de prensa junto al jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la Isla, Douglas Leff; el director de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal (OIG), Robert Wolf; el subdirector de la OIG del Departamento de Salud federal (HSS), José Soto, y los fiscales del caso, José Capó y Marie Christine Amy, entre otros. El martes un gran jurado emitió una acusación de 32 cargos contra Keleher, Ávila, Velázquez Piñol, Fernando Scherrer Caillet —socio administrador de BDO—, Glenda Ponce Mendoza —exayudante especial de Keleher en el DE— y su hermana Mayra Ponce Mendoza, dueña de la compañía Colón & Ponce. Se alega que el grupo conspiró en dos esquemas en el DE y uno en ASES desde 2017 hasta 2019 para obtener fondos federales de manera fraudulenta. De acuerdo con el pliego acusatorio, los imputados utilizaron la posición de Keleher para beneficiarse, enriquecerse y defraudar a los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico. El primer esquema El primer esquema en el DE involucra a Keleher y las hermanas Ponce Mendoza, ambas amigas de la exsecretaria. El propósito de esta conspiración fue otorgar contratos a Colón & Ponce, la compañía de Mayra Ponce Mendoza. La acusación indica que aunque se utilizó un requerimiento de propuestas (RFP), el resultado de este proceso estaba predeterminado, ya que Keleher obligó a sus empleados a otorgarle el contrato a Colón & Ponce, a pesar de que nadie en la Oficina de Asuntos Federales de la agencia había solicitado esos servicios. “Glenda utilizó su posición como ayudante especial de Keleher para proveer información interna a su hermana Mayra y así facilitarle la preparación de la propuesta, dándole una ventaja sobre las demás compañías que participaron en la licitación”, afirmó la fiscal Rodríguez. Glenda Ponce Mendoza le envió la propuesta a una persona que trabajaba en Keleher & Associates —una empresa de la exsecretaria del DE— para que le ayudara a enmendar la misma. Esta persona —no identificada— indicó que Glenda debía añadir su experiencia de trabajo en Colón & Ponce sin revelar su identidad. La propuesta se entregó dos días después de la fecha límite. Se alega que cuando funcionarios del DE determinaron que Colón & Ponce no estaba cualificada para dar los servicios requeridos bajo ese contrato, Keleher presionó para que se le adjudicara. El contrato —que fue pagado con fondos federales— originalmente tenía un tope de $43,500, pero luego fue enmendado para aumentar la cantidad a $95,000. En agosto de 2017 intentaron enmendar el contrato incrementando la cantidad a más de $450,000, pero no se logró. El salario de una de las asistentes de Keleher, identificada como “Individuo E” en la acusación, se pagaba con los fondos del contrato de Colón & Ponce, a pesar de que esta persona no tenía nada que ver con esta compañía. El primer cargo es por conspiración para cometer fraude electrónico y los cargos del 2 al 11 son por fraude electrónico, debido a que las tres acusadas en el cargo uno —Keleher y las hermanas Ponce Mendoza— utilizaron correos electrónicos para desarrollar el esquema fraudulento, crear y presentar propuestas. El segundo esquema El segundo y tercer esquema de fraude son similares, sostuvo Rodríguez. Ambos involucran a Velázquez Piñol y a la firma BDO. Se alega que jefes del gobierno —que tampoco están identificados en la acusación— les daban acceso a las oficinas, información y operaciones gubernamentales a individuos que no eran empleados públicos ni contratistas. Esta práctica permitía a estas personas utilizar propiedad e información del gobierno para su beneficio personal. Asimismo, jefes del gobierno les permitían a personas ajenas a las agencias dar órdenes a directores de departamentos y de dependencias gubernamentales. Se indicó que los jefes del gobierno utilizaban cuentas de correo electrónico personales para llevar a cabo actos oficiales. Se alega que empleados públicos utilizaron aplicaciones de mensajería como Telegram para llevar a cabo trabajos oficiales. Telegram es una aplicación de mensajería con capacidad para cifrar (encriptar) y autodestruir los mensajes. El segundo esquema está detallado en el cargo 12 para presuntamente robar y desviar fondos del gobierno. En el mismo figuran Keleher, Velázquez Piñol y Scherrer Caillet. Se alega que BDO utilizó el acceso e influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Keleher para someter propuestas y obtener contratos con un valor en exceso de $13 millones en el DE. Estos contratos serían pagados con fondos federales. Los contratos contenían unas cláusulas en las que se prohibía la subcontratación de servicios y el pago de cabilderos. BDO incumplió con ambas cláusulas. A cambio de las gestiones que hizo Velázquez Piñol con Keleher para obtener los contratos, BDO utilizó fondos federales para pagarle comisiones de un 10% del valor de los contratos. Velázquez Piñol recibió aproximadamente $219,059 por sus servicios. A finales de diciembre de 2017 expiraba el contrato de Colón & Ponce con el DE, y Keleher le exigió a BDO contratar a su asistente especial conocida como “Individuo E”. BDO le pagó más de $45,000 al “Individuo E”, su salario entre enero a julio de 2018. Uno de los actos cometidos para lograr el objetivo de la conspiración ocurrió en febrero de 2018, cuando Keleher utilizó su teléfono para tomarle una fotografía a una comunicación interna del DE y envió la foto al correo electrónico de Velázquez Piñol. Asimismo, se indica que Keleher, Glenda Ponce Mendoza y la funcionaria del DE identificada como la “Persona B”, enviaron información a la agencia utilizando correos electrónicos personales para facilitar a BDO la preparación de las propuestas de contratación y enmiendas subsiguientes para aumentar las cantidades a facturarse en los contratos. Los cargos 13 al 18 incluyen los correos electrónicos utilizados por Keleher, Velázquez Piñol y Scherrer Caillet para desarrollar y perpetrar el esquema. La acusación alega que en mayo de 2017 el “Individuo D” —Manuel Cidre— envió a Keleher el resumé del “Individuo E” —Marie Estela Cestero—, quien dirigió su campaña a la gobernación para las elecciones generales de 2016. El tercer esquema Mientras, el tercer esquema es la conspiración detallada en el cargo 19, ocurrida en ASES. De acuerdo con el pliego acusatorio, BDO utilizó el acceso e influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Ávila para someter propuestas y obtener contratos con un valor en exceso de $2.5 millones en esa dependencia. Esos contratos serían pagados con fondos federales. Los contratos tenían unas cláusulas en las que se prohibía la subcontratación de servicios y el pago de cabilderos y BDO nuevamente incumplió con ambas cláusulas. En particular, a cambio de las gestiones que hizo Velázquez Piñol con Ávila para obtener los contratos, BDO utilizó fondos federales para pagarle comisiones de 10%. Velázquez Piñol recibió aproximadamente $710,000 por sus servicios. Uno de los actos cometidos por los tres acusados para promover el propósito de la conspiración ocurrió tan pronto Ávila fue nombrada directora interina de ASES. La entonces funcionaria comenzó a buscar la forma de favorecer y promover a personas y compañías que gozaban de la confianza de la nueva administración de gobierno (Partido Nuevo Progresista). Se detalla que el 16 de enero de 2017 Ávila obtuvo copia de los contratos que las “Compañías A y B” tenían con ASES y se los envió a Velázquez Piñol por correo electrónico. Dos días después Velázquez Piñol le envió copia del contrato de la “Compañía A” al presidente de la “Compañía C” y en el correo electrónico le escribió: “Este es el contrato que vamos a reemplazar. Cuando lo revises hablamos”. El 23 de enero de 2017 la “Compañía C” le envió al correo personal de Ávila su propuesta de contrato. Ese mismo día Scherrer Caillet le envió a Velázquez Piñol un modelo de negocios con dos opciones para pago de comisiones. Al día siguiente Scherrer Caillet le envió a Velázquez Piñol y a la directora de ASES una propuesta de contrato para reemplazar el contrato de la “Compañía B”. Ávila canceló los contratos a la “Compañía A” el 25 de enero de 2017 y a la “Compañía B” el 20 de enero. El mismo 25 de enero, Ávila se reunió con la junta de directores de ASES y le presentó las propuestas de contratos de la “Compañía C” y BDO, los cuales fueron ratificados por el organismo rector el 1ro de marzo de 2017.

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