Escollos en el Permiso Único

La desconexión entre las agencias gubernamentales es una de las razones principales para que los comerciantes tengan que esperar largos periodos para completar sus procesos de permisos y puedan operar sus negocios, lo cual se ha convertido en una tranquilla para el desarrollo económico. Eso se traduce en más comercios que tardan en poder abrir puertas y en un detente en la creación de empleos. La carencia de comunicación para ponerse de acuerdo entre entidades como el Departamento de Salud, el Departamento de Hacienda, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y la Junta de Planificación quedó al descubierto durante una vista pública de la Cámara de Representantes celebrada ayer, dirigida a discutir la problemática de los pequeños comerciantes con el sistema de Permiso Único. Este debe permitir que se soliciten varios permisos en un solo trámite, para evitar unas siete transacciones separadas, como ocurría antes. Por ejemplo, un negocio nuevo necesita —como poco— los siguientes permisos para iniciar operaciones: permiso de uso, cumplimiento ambiental, certificación para la prevención de incendios y la licencias sanitaria. “Aquí lo que hay es un problema de comunicación entre las agencias. OGPe difiere de lo que dice Salud y Salud difiere de Hacienda. Esta es la realidad”, expresó Víctor L. Parés, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara. El legislador se refirió a que los funcionarios de las agencias mostraron en sus ponencias que no están de acuerdo con algunas decisiones que debieron tomarse en conjunto durante la planificación del sistema de permisos, para que las gestiones fluyan sin problemas. Desacuerdos y falta de personal Mayra Toro, secretaria auxiliar de Salud Ambiental, indicó que el nuevo sistema no les permite tomar decisiones en los negocios que están en incumplimiento y que, además, significa una gran pérdida en los ingresos de su división. “A los establecimientos reincidentes, que no cumplen con requisitos mínimos sanitarios, no les podemos revocar la licencia sanitaria permanentemente. Tienen que ir con Planificación conforme al reglamento conjunto. Nos vemos limitados, porque el proceso establecido es una querella en Planificación. Por otro lado, al comenzar el trámite nuevo, todos los recaudos para la expedición de licencias se quedan en OGPe, no en Salud Ambiental. La parte operacional y todo lo demás se paga de ahí”, expuso. Sobre este señalamiento, el licenciado Héctor Morales, director de la división legal de la Junta de Planificación, defendió el procedimiento previo a la implementación del Permiso Único. “Difiero, porque las agencias aceptaron todas las enmiendas. Que una disposición no sea cómoda para una agencia no quiere decir que queramos tener el control, es lo que sea más conveniente para agilizar el proceso. Las diferencias de las enmiendas se discutieron para aprobar el reglamento conjunto. Posiblemente hay que hacer cambios y hay faltas técnicas que tienen cabida para mejorar”, dijo Morales. El ingeniero Gabriel Hernández, secretario auxiliar de la OGPe, también defendió el procedimiento, aunque aceptó la falta de comunicación entre las entidades gubernamentales. “Vemos por qué los comerciantes no cumplen con los permisos y vamos al tribunal para revocarlos. El mayor reto que tenemos es la integración de las agencias. Entiendo que hay que llegar a acuerdos en una sola dirección. Se ha estado halando para sitios diferentes. Estamos trabajando con eso”, declaró el ingeniero. Otro factor que trajo a la mesa Toro es que no todos los inspectores están autorizados a inspeccionar los negocios que preparan alimentos y que, de hacerlo, incumplen con mandatos federales. “Los inspectores de alimentos deben ser adiestrados por FDA (Administración de Alimentos y Drogas) y es un proceso de capacitación continuo. Se debe cumplir con este requerimiento federal. Según las estadísticas tenemos cerca de 20,000 establecimientos a inspeccionar y no es suficiente el personal. Los inspectores también llevan a cabo otras tareas como investigación de casos de rabia, brotes de alimentación, muestras de vaquerías, muestreo de agua, etc.”, confirmó la funcionaria. Tecnología no compartida La dificultad de ponerse de acuerdo para tomar decisiones bien planificadas trae como consecuencia que no se toman en cuenta áreas medulares para lograr el éxito en la gestión de solicitar y obtener un permiso. La falta de un sistema tecnológico unificado entre las agencias de gobierno definitivamente es parte del problema. “No existe comunicación interagencial entre el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) y Permiso Único. No se contempló esa comunicación, no hay una infraestructura construida. Sí hay una apertura de comunicación con OGPe. El comerciante debe ir primero a SURI para registrarse y luego al Permiso Único. Recomiendo la conexión entre ambos sistemas para automatizar la interacción intergubernamental. En términos de infraestructura, estimaría seis meses para la integración en el mejor de los escenarios”, declaró el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés. Según el funcionario, el periodo para obtener los permisos puede demorar 30 días y la meta es que sea un máximo de siete días. Entiende que, con un sistema electrónico como SURI esta gestión sería más fácil y rápida. “Con esta herramienta creamos una plataforma con preguntas, según la licencia que se solicita. Se sabe si cumple o no con las disposiciones del Código de Rentas Internas. Esto agiliza y permite revocar licencias. Identifica a los cumplidores e incumplidores”, dijo Parés. En la actualidad se siguen emitiendo las licencias con agentes de Hacienda trabajando dentro de OGPe, en búsqueda de que el proceso de permisos se agilice. “Si el comerciante es nuevo y no conlleva alto riesgo, se le da el permiso condicionado y esas licencias van a Salud y Bomberos. Comenzamos conversaciones y estamos llegando a acuerdos para darle movimiento al proceso. Se busca la integración total y estamos haciendo la recomendación de algunas renovaciones a uno, dos o tres años”, aseguró Hernández. Adelantó que reclutarán 50 inspectores y empleados para el área administrativa.