Estados Unidos 18 julio 2017

La Junta fiscal tiene un método para investigar las emisiones de bonos

El ente federal referirá hallazgos de conducta impropia a las autoridades correspondientes o buscará otros remedios para resarcir el daño

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) adoptó un protocolo para investigar la emisión y compraventa de los bonos emitidos por el gobierno. Pero los puertorriqueños, que pagan los gastos de ese organismo no conocerán el saldo de esas pesquisas a menos que el ente federal así lo decida.

Por años, El Nuevo Día ha reportado sobre la venta de bonos de la Isla a individuos y compañías de inversión en Puerto Rico que, a su vez, vendían participaciones a individuos que no tenían conocimiento suficiente acerca de los riesgos de la deuda del País. En 2013, una vez los problemas fiscales se hicieron más que evidentes, el valor de los bonos de la Isla se desplomó provocando miles de millones de dólares en pérdidas a inversionistas locales y de Estados Unidos.

Los eventos han resultado en querellas y multas millonarias de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la Asociación para la Reglamentación de la Industria Financiera (Finra, por sus siglas en inglés). En paralelo, en diversas instancias, desde el año 2008, la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha investigado diversas emisiones de bonos del Gobierno, entre ellas, los bonos de la Administración de los Sistemas de Retiro, la Autoridad de Energía Eléctrica y recientemente indaga sobre las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y las Obligaciones Generales de 2014.

El pasado 26 de mayo, en reunión ejecutiva, los integrantes de la JSF aprobaron de manera unánime el documento “Procedimientos para realizar investigaciones según PROMESA”.

El procedimiento busca dar cumplimiento a la sección 104 de la ley federal PROMESA. Dicho estatuto le concedió autoridad a la JSF para investigar las transacciones de deuda que Puerto Rico o sus dependencias han emitido. También le otorgó poder para emitir requerimientos de información a cualquier entidad o individuo en aras de cumplir con el mandato de restaurar la disciplina fiscal y el acceso de Puerto Rico a los mercados.

Se desconoce si, al presente, la JSF ya tiene investigaciones en curso.

La JSF iniciará las pesquisas, ya sea porque reciba querellas del público, comunicaciones de agencias federales o locales, por el examen de información pública disponible o motu propio.

No queda claro si, a la fecha, el ente federal ha llegado a algún acuerdo con agencias reglamentadoras o de ley y orden para intercambiar información.

Según el protocolo adoptado, la JSF referirá a las entidades correspondientes los hallazgos de conducta impropia que identifique en sus pesquisas y/o buscará otros remedios para resarcir dicha conducta.

El procedimiento surge mientras continúan vivos reclamos ciudadanos para que se audite la deuda de la Isla y en medio de señalamientos de organizaciones activistas como Hedge Clippers, que alegan que el gobierno de Puerto Rico fue objeto de transacciones financieras perjudiciales para las finanzas públicas de laIsla.

A grandes rasgos, la JSF conducirá sus investigaciones a través de dos procedimientos -formales e informales- y estas serán supervisadas por el asesor legal del ente federal, tarea que, al presente, estará en manos de Jaime El Koury. Según el procedimiento aprobado, la JSF centrará sus investigaciones en las prácticas de divulgación y venta que se usaron para que individuos compraran la deuda de la Isla. Eso incluye, según el documento, “cualquier representación inapropiada de riesgo para esos inversionistas y cualquier relación o conflictos de interés que mantuvo dicho corredor, casa de corretaje o asesor en inversiones según las reglas y procedimientos aplicables”.

Aunque el procedimiento se aprobó el 26 de mayo no se dio a conocer hasta el viernes pasado, cuando la JSF publicó las minutas de tres sesiones ejecutivas, incluyendo aquella donde se aprobó la radicación de los pedidos de Título III para Puerto Rico y donde se rechazó el acuerdo de negociación voluntaria de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Material confidencial

De acuerdo con el procedimiento adoptado por la JSF, para comenzar cualquier pesquisa se necesitará que sus miembros adopten una resolución a esos fines y se creará un archivo que debido a la naturaleza “sensitiva” del material que se reciba será “confidencial”. En primera instancia, la JSF intentará obtener el material o información de testigos de manera voluntaria, pero si ello no da resultados, la JSF usará el mecanismo de subpoena.

De tiempo en tiempo, el asesor legal informará al organismo del progreso de la pesquisa y si se identifican hallazgos, la JSF emitirá una notificación a las personas o entidades sujeto de la investigación, proceso similar a los de la SEC y Finra.

El procedimiento establece que antes de tomar acción definitiva sobre las recomendaciones que surjan de la investigación, la JSF tendrá que corroborar si alguno de sus miembros tendrá que inhibirse del proceso. Si es el caso, el directivo no podrá participar de ningún proceso deliberativo que se llevará a cabo en sesiones ejecutivas.

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