05 marzo 2020

Ética radica querella contra empleado de la AEE

Por supuestamente intentar obtener un beneficio económico de un cliente de la corporación pública.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella el pasado 26 de febrero contra un investigador de servicio al cliente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por supuestamente intentar obtener un beneficio económico de un cliente de la corporación pública.

La querella alega que en abril de 2019, el querellado se personó como investigador de servicio al cliente a una residencia ubicada en la urbanización Río Grande Estates con el propósito de dar servicios a un contador de la AEE colocado en dicha casa. En ese momento, el querellado removió el contador, instaló otro contador y se fue, detalla la querella, cuya copia obtuvo EL VOCERO.

“Pasados dos días, el querellado se comunicó con el ciudadano a cargo de la residencia y le informó que el contador tenía un pillo de luz, por lo cual enfrentaría una multa de $10,000, según los reglamentos de la AEE. El querellado le solicitó $6,000 al ciudadano a cambio de no informar el asunto a la AEE y evitarle la multa”, lee la querella.

Asimismo, se detalla que el querellado insistió en las solicitud de dinero e incluso refirió al ciudadano a una cooperativa en Canóvanas para que obtuviera por medio de un préstamo el dinero que le había pedido. “Alternativa que el ciudadano consideró, pero no materializó”, agrega la querella.

Contrario a la ley

El documento establece que el querellado utilizó los deberes y las facultades de su cargo para obtener un beneficio personal no permitido por ley. Estos actos, según la querella, constituyen una violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley 1-2012, la cual dispone que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido en ley”.

Asimismo, se establece que las acciones del querellado constituyen una solicitud de un beneficio a una persona privada como pago por dejar de hacer los deberes de su cargo en violación al Artículo 4.2 de la Ley 1 de 2012, que dispone que un servidor público no puede aceptar o solicitar de una persona privada o negocio, directa o indirectamente, un beneficio como pago por realizar, acelerar, dilatar o dejar de hacer los deberes y las responsabilidades de su empleo.

En la querella, que fue radicada en la secretaría de la agencia, se solicitan varios remedios y advertencias, principalmente una multa de hasta $20,000 por cada infracción demostrada. Esto luego de que se celebre una vista en sus méritos donde la parte querellada tendrá derecho a comparecer por derecho propio o a estar representada por abogado autorizado para ejercer la profesión legal en Puerto Rico; presentar evidencia y confrontar testigos; una decisión basada en el expediente oficial del caso; y una adjudicación imparcial.

En el documento se informa que la parte querellada tendrá un termino de 20 días para contestar las alegaciones de la querella y que —de no comparecer a alguna etapa del procedimiento— se podrá continuar sin su participación.

Fuente: elvocero.com

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