Puerto Rico 13 marzo 2019

Exigen la salida de la junta

Legisladores del PPD sostienen que el gobierno debe representarse a sí mismo en los casos de quiebra

Si la Junta Federal de Control Fiscal quedara inoperante, ya sea por la decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston que declaró inconstitucional la designación de sus miembros o por el vencimiento de dichos nombramientos en agosto próximo, la administración de Ricardo Rosselló no tendría trazada la ruta a seguir o cuáles serían sus propuestas para enmendar la ley Promesa, opinaron ayer dos miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara.

Los representantes populares Luis Vega Ramos y Javier Aponte Dalmau pidieron al gobernador que avale una propuesta enmienda, apoyada por legisladores populares y novoprogresistas, para que el gobierno pueda representarse en los casos de quiebra que se diluciden en los tribunales sin la intervención de la junta fiscal. Sus expresiones surgen a horas de que los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal visiten la Isla para evaluar el impacto de la ley Promesa, firmada por el entonces presidente Barack Obama en junio de 2016.

El sábado pasado Rosselló dijo a la prensa que recibiría a los miembros del comité federal en La Fortaleza y que allí haría sus recomendaciones para enmendar Promesa. Indicó que recomendará que se aclare el lenguaje de la ley para que la junta fiscal no se pueda meter en asuntos operaciones y de política pública del gobierno.

Ayer EL VOCERO cursó un pedido de reacción a La Fortaleza sobre los señalamientos de los representantes populares y al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Vega Ramos comentó que han transcurrido 25 días desde que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston dictó que los miembros de la junta fiscal fueron nombrados de espaldas a la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. En su decisión, el Apelativo concede un plazo de 90 días para que el Ejecutivo y el Congreso federal corrijan la anomalía.

“El gobernador ha dejado pasar la oportunidad de hacerle un planteamiento a Washington de qué hacer para atender los problemas de Promesa y una potencial situación de limbo si no se actúa para corregir los defectos de Promesa en la designación de la junta, modificarla sustancialmente o que el presidente (de EE.UU.) y el Senado (federal) se pongan de acuerdo en una nueva composición”, expresó el legislador en entrevista con este diario.

A segundo plano el estatus

Para Vega Ramos, el tema del estatus político debería pasar a un segundo plano en estos momentos decisivos para la Isla. “La presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, Lisa Murkowski, le preguntó si él (Rosselló) entendía que era necesario considerar enmiendas a Promesa y el optó por concentrarse en hablar de una estadidad que nadie en Washington está discutiendo ni quiere. En vez de aceptar su invitación para discutir qué hacer con Promesa”, abundó.

El representante consideró que esta semana es crucial para activar esa discusión en la comisión cameral que preside el congresista Raúl Grijalva. “El gobernador es la figura electa por los puertorriqueños y se dice demócrata, que es la mayoría actual en la Cámara (federal). Esa Cámara ha demostrado un interés por mirar las deficiencias de la ley Promesa en los aspectos éticos de la junta fiscal y más controles éticos. La realidad es que lo que era una teoría de que las medidas de austeridad afectarían los servicios esenciales hoy es una realidad innegable”, sostuvo.

Tras un costo menor

En tanto, Aponte Dalmau destacó que si el gobierno pudiera representarse en el tribunal, sin la figura de la junta, el costo de los procesos “sería muchísimo menos”. Para el año fiscal 2018-2019, la junta fiscal contó con un presupuesto de $64,750,000. “Esto es un plazo y ese plazo va a tener un efecto; o actuaste dentro de los 90 días (que dijo la corte de Boston) y el presidente sustituye a los miembros, o no actuaste. Si no actuaste el efecto será ver si se mantendrá el ‘stay’ o no porque ya la determinación del tribunal es que todas las decisiones de la junta van a tener validez”, expresó.

El llamado “stay”, que se concedió a la Isla a través de la ley Promesa, pone freno a las demandas de cobro contra el gobierno de Puerto Rico. La deuda del País, que nunca se ha auditado a pesar de que esa acción se ha convertido en el reclamo de muchos sectores, es de más de $70,000 millones.

Aponte Dalmau no favoreció el pedido de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) para que el tribunal declare nulas las acciones del organismo federal. “Sería una decisión arbitraria y contraproducente para la propia economía de Estados Unidos si los tribunales no protegen la determinación de todos esos acreedores”, sostuvo.

Entre los comentarios que hará el PPD a los miembros del comité cameral este viernes, figura la lentitud en la llegada de los fondos federales asignados a la Isla para la recuperación post huracán María y los problemas de los alcaldes para acceder a los fondos de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA).

Fuente: elvocero.com

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