Familiares de confinados levantan bandera

La cifra de muertes de confinados reportadas en las cárceles del País aumentó a 51 tras encontrarse en la noche del miércoles el cuerpo de un reo sin signos vitales en una celda de la Institución de Máxima Seguridad del Complejo Correccional de Ponce. Este número de fallecimientos —que continúa en ascenso— levanta bandera entre los familiares y amigos de los confinados, quienes exigen al gobierno que se tome acción para evitar que continúe en aumento. La cifra se considera elevada cuando se compara con el número reportado en otros años. Por ejemplo, el año fiscal 2018-2019 culminó con 47 muertes, de las cuales 16 fueron atribuidas a condiciones de salud, 15 están bajo investigación, siete a “causas por determinar”, cuatro por suicidio, cuatro por sobredosis de drogas y una muerte súbita. Según el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), estas 47 muertes equivalen a menos de la mitad del 1%, cuando se compara con la totalidad de la población penal que está integrada por más de 10,000 reos. El informe de muertes publicado por el Instituto de Estadísticas —que comprende el año fiscal 2018-2019— establece que el 19% de los reportes no identificaron la institución donde estaba ingresado el confinado. Mientras que 13% de las muertes fue de confinados del Centro de Ingresos de Bayamón 705 y 11% del Centro de Ingresos de Ponce 676. Son más los casos “Esto está pasando el récord porque según una evaluación que yo estuve haciendo de otros años —y según menciona la propia administración— hubo una ocasión que las muertes llegaron a 53, pero en esta ocasión no ha terminado el año. Uno tiene que alarmarse de que haya tantas muertes, pero además de eso, es que nunca se sabe de qué murieron”, dijo la portavoz del Comité de Amigos y Familiares del Confinado, Milagros Rivera Watterson, a EL VOCERO. Precisamente, la presidenta de la Defensoría de los Derechos Carcelarios, Inc., Dallie Cruz Ruiz, exigió al DCR realizar las investigaciones correspondientes y que comparta con la sociedad los resultados. “(El llamado es a) que revelen los informes o las estadísticas de las verdaderas cifras de muertes que han ocurrido en los penales. Estamos haciendo un llamado a que se comparta cuál es el resultado de todas las investigaciones que alegadamente inician, pero nunca sabemos el resultado. Ahora mismo tenemos (casos en) que el confinado ha cumplido un año de muerto y no se sabe de qué falleció”, explicó a este medio. Cruz Ruiz destacó que se asume que todos mueren por sobredosis sin tener una autopsia y sin haber una investigación. Agregó que —de las 51 muertes que han ocurrido— si se sabe la causa de muerte de dos o tres de estas defunciones, es mucho. “Recientemente se compartió en los medios que una muerte que hubo en el mes de enero en el campamento El Zarzal, que habían dicho que era una sobredosis, resultó ser que fue un asesinato. Diría que es la única que hemos sabido el resultado de la autopsia”, comentó. De hecho, el informe del año fiscal 2018-2019 establece que el 32% de las muertes fueron por causa natural, el 23% no naturales (violentas), 13% con causa indeterminada —según certificado de defunción— y el 32% están pendientes a culminar la investigación. El documento revisado por este medio evidencia, además, que en ninguno de los casos de muerte no natural (violenta), la Oficina de Inteligencia e Investigaciones reporta haber recibido copia del Protocolo de Autopsia del Negociado de Ciencias Forenses (NCF). Reveló, también, que de las 47 muertes reportadas ninguna cuenta con la certificación de muerte de Ciencias Forenses. De estas, 15 están pendientes de investigación por lo que no reportan causa aparente de muerte. También se desglosa que en el 30% de los casos, agentes del Negociado de la Policía tomaron 14 querellas en los casos de muerte, equivalentes al 30% y en 33 casos (70%) no se realizó el procedimiento. El informe de 38 páginas indica que el 59% de los reos muertos estaban sentenciados, el 20% sumariados y el 16% no fue reportado el estatus al momento de la muerte. De estos, la mayoría cumplía sentencias por delitos de Ley de Armas, contra la propiedad y contra la vida. “No podemos continuar con este ritmo de muertes. Deben atender todas las necesidades y preocupaciones. Principalmente brindar los servicios como corresponde. Los familiares de cada confinado que fallece no reciben nunca una contestación de la supuesta investigación que realiza el DCR”, afirmó Cruz Ruiz. La última muerte de un confinado se reportó a las 10:21 p.m. del miércoles. Según la información preliminar de la Policía, una llamada desde el Complejo Correccional de Ponce al Precinto de Ponce Oeste alertó sobre el hallazgo del cuerpo del confinado. EL VOCERO supo que el reo fue identificado como Flores Rodríguez Feliciano, de 43 años, quien había sido sentenciado a 301 años de cárcel por delitos de asesinato en primer grado, secuestro y violación a la Ley de Armas, por hechos ocurridos el 28 de octubre de 2007. A preguntas de este rotativo, el DCR informó que esta muerte está siendo investigada. La agencia cuenta con la Orden Administrativa AC-2005-04 —conocida como Protocolo de intervención en los casos de muerte de un confinado— que establece una intervención uniforme para el manejo de casos. Este año cuando comenzó a elevarse el número de muertes en las cárceles, el secretario de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, informó que había recurrido a buscar apoyo a las agencias federales y se ajustaron las políticas sobre los artículos que se permite llevar a los confinados por sus familiares, entre otras medidas.