FBI 23 octubre 2018

Empleados de San Juan desfilan ante gran jurado

Federales investigan presunta corrupción en la División de Compras del ayuntamiento

Preguntas sobre la destrucción de documentos, del proceso general de compras y del acceso de la directora de la División de Compras y Subastas del municipio de San Juan a las computadoras de los compradores, fueron los temas principales de las preguntas formuladas a empleados del ayuntamiento que comparecieron ayer ante un gran jurado que sesiona sobre presuntos actos de corrupción en esa oficina.

Fuentes de EL VOCERO informaron que unos cinco empleados de Compras y Subastas, un empleado de “data entry” de la División de Contratos y la exasistente administrativa del exsecretario municipal Magdiel Pérez fueron interrogados ante el panel acusador.

“Se hicieron preguntas sobre el proceso de las órdenes de compra y de las cotizaciones y sobre quién tomaba la decisión (para la adjudicación de las mismas). Si era común que las órdenes se hicieran de un día para otro”, señaló una de las fuentes.

Asimismo, indicó que se cuestionó su conocimiento sobre la destrucción de documentos y los responsables de esta acción. De igual forma, se les preguntó si la actual directora de Compras y Subastas tenía la contraseña de las computadoras de los empleados.

De acuerdo con las fuentes, la asistente administrativa de Pérez era su mano derecha en el ayuntamiento. Esta trabajó con Pérez cuando fue secretario auxiliar de gerencia y desarrollo de proyectos de vivienda del Programa de Comunidades Especiales desde 2005 a 2008. En ese entonces Pérez fue referido por la Comisión de Asuntos de Familia y Comunidades Especiales de la Cámara de Representantes al Departamento de Justicia.

Hace una semana que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron en la Torre Municipal las oficinas de Compras y Subastas, Finanzas, Sistemas de Información y de Auditorías. El director del FBI, Douglas Leff, dijo a la prensa que el operativo estaba relacionado a la posible comisión de fraude y obstrucción a la justicia.

El 2 de agosto, EL VOCERO informó que una empleada de Compras denunció la destrucción de documentos por parte de funcionarios allegados a Pérez.

Leff manifestó que la agencia que dirige tiene conocimiento de que documentos y computadoras fueron removidas de las oficinas del municipio.

Según las fuentes, tres de los blancos de la investigación son Pérez, el exdirector de Brigadas de Impacto, Henry Arriaga y el propietario de BR Solutions, Leonel Pereira.

El FBI comenzó a investigar el caso luego de que la exdirectora de Compras, Yadira Molina, interpuso un pleito contra el ayuntamiento por presuntas represalias por denunciar ante sus supervisores y ante la Oficina del Contralor supuestos actos de corrupción en esa división.

Según el recurso legal —radicado en febrero pasado— el ayuntamiento tenía varios “suplidores favoritos” y uno de ellos era Leonel Pereira, de BR Solutions Corp., empresa que fue incorporada el 23 de enero de 2013.

La demanda indica que en ocasiones el contratista entregaba los equipos antes de que se le solicitaran e incluso previo a que se emitieran las órdenes de compra. De igual forma, agrega que Pereira le dijo a Molina que su empresa recibía la lista de materiales y especificaciones requeridas varios días o hasta una semana antes de que el municipio emitiera el listado oficial a la División de Compras, para que esta a su vez solicitara las cotizaciones.

Se alega que debido a que BR Solutions tenía el conocimiento de que iba a ser seleccionada, conseguía los materiales semanas antes de que el ayuntamiento emitiera la requisición de compras.

El recurso legal explica que el proceso ordinario debía consistir en que tres suplidores tenían que someter sus propuestas para que los materiales fueran instalados por las Brigadas de Impacto. Se tenía que tomar en consideración el precio, la calidad, el cumplimiento con las especificaciones y si los materiales podían ser entregados en la fecha señalada.

Ningún suplidor podía comenzar a dar precios hasta que se emitiera una requisición formal por parte del municipio capitalino.

Fuente: elvocero.com

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