FBI 06 noviembre 2018

FBI pide más datos al municipio de San Juan

Los agentes analizan el registro de visitas de los contratistas a la Torre Municipal

La pesquisa que realizan las autoridades federales sobre presuntos actos de corrupción en la división de Compras en el municipio de San Juan continúa.

Fuentes de EL VOCERO informaron que la pasada semana agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) se personaron al piso 15 de la Torre Municipal para requerir el registro de visitas.

De acuerdo con las fuentes, los agentes buscan verificar las entradas y salidas de contratistas en el ayuntamiento.

Mientras, empleados municipales anticiparon que es muy poca la información que se puede encontrar en esas hojas.

“Porque antes, cuando venían los contratistas pasaban como Juan por su casa y algunos no se registraban. Ahora están más estrictos con eso, después de la investigación”, manifestó otra fuente.

No paran las visitas

Señaló que tras el allanamiento del pasado 16 de octubre, los agentes federales han acudido en al menos dos ocasiones para solicitar información. El propio director de esa agencia federal, Douglas Leff, encabezó la intervención.

Ese día los agentes allanaron los pisos 3, 4, 14 y 15, donde ubican las oficinas de Sistemas de Información, Auditoría Interna, Finanzas y Compras, respectivamente.

Las autoridades federales pusieron su ojo en el municipio de San Juan luego de que en febrero pasado la exdirectora de Compras, Yadira Molina, demandó al ayuntamiento por supuestas represalias en su contra tras denunciar irregularidades ante sus supervisores y a la Oficina del Contralor.

El pasado 24 de septiembre EL VOCERO publicó que un gran jurado sesiona en relación a este caso. Ante el panel acusador han declarado empleados y exempleados municipales.

Según las fuentes, tres de los blancos de la investigación son el exsecretario municipal Magdiel Pérez, el exdirector de las Brigadas de Impacto, Cándido “Henry” Arriaga y el propietario de BR Solutions, Leonel Pereira, quien siempre ha negado haber incurrido en actos irregulares.

Entre los cargos que pudieran ser radicados a los participantes de este esquema están conspiración, soborno, obstrucción a la justicia y lavado de dinero.

Como parte de la evidencia, las autoridades cuentan con grabaciones, órdenes de compra y contratos.

El presunto esquema

La demanda indica que durante las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2015, Molina comenzó a percatarse de una práctica frecuente que consistía en que sus supervisores hacían peticiones de órdenes de compra por las tardes para que los suplidores sometieran las cotizaciones al otro día.

El documento indica que dado a la presión por el tiempo artificial de las órdenes, el municipio pagaba a unos “suplidores preferidos”, entre los cuales se encontraba BR Solutions.

El recurso legal alega que Pereira le admitió a la demandante que su empresa recibía la lista de materiales y especificaciones requeridas antes de que el ayuntamiento emitiera el listado oficial a la Oficina de Compras para que esta a su vez sometiera las cotizaciones.

Se alega que debido a que BR Solutions sabía que iba a ser seleccionada, conseguía los materiales semanas antes de que el municipio emitiera la requisición de compras.

La demanda indica que Arriaga era quien le proporcionaba la información confidencial a BR Solutions para que fuera favorecida.

Fuente: elvocero.com

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