FBI 24 septiembre 2018

Sin tregua la pesquisa del FBI

Un gran jurado ha entrevistado a empleados de confianza y de mediano nivel del Municipio de San Juan, así como a contratistas

Un gran jurado federal comenzó a sesionar en relación a la pesquisa que realiza el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), sobre presuntos actos de corrupción en la oficina de compras del Municipio de San Juan.

Fuentes de EL VOCERO informaron que empleados de confianza y de mediano nivel del Municipio de San Juan, así como contratistas, han comparecido ante el panel acusador.

Según las fuentes, tres blancos de la pesquisa son: el exsecretario municipal Magdiel Pérez González; el exdirector de las Brigadas de Impacto, Henry Arriaga y el contratista Leonel Pereira de BR Solutions. Este último ha indicado a este diario que no ha incurrido en actos de corrupción.

Pérez González fue secretario auxiliar de Gerencia y Desarrollo de Proyectos de Vivienda. En marzo de 2012, la comisión de Asuntos de Familias y Comunidades de la Cámara de Representantes lo refirió al Departamento de Justicia por negligencia durante su participación en los proyectos de Comunidades Especiales desde el 2005 al 2008. El referido había sido por negligencia en la administración de la cosa pública, por violación a las leyes que establecen parámetros y la uniformidad en la contabilidad gubernamental y en la contratación con el gobierno.

Las autoridades federales presuntamente cuentan con evidencia para la radicación de cargos por conspiración, soborno y fraude electrónico.

La pesquisa está a cargo de los fiscales federales José Capó, director de la división criminal y Scott Anderson.

Voluminoso expediente

Hace unas semanas EL VOCERO informó que las autoridades federales cuentan con una voluminosa cantidad de documentos que incluye los contratos, órdenes de compras y grabaciones.

De acuerdo a las fuentes, luego de las denuncias que hizo a este rotativo una empleada del ayuntamiento alegando que directivos comenzaron a destruir y/o alterar la evidencia que pueda incriminarlos, el FBI investiga este asunto. A raíz de lo publicado por este diario, se ha limitado a los empleados de compras, sistemas de información y de recursos humanos el acceso al programa Oracle, que contiene información de los contratos, órdenes de compra y subastas.

La pesquisa del FBI surgió luego de que la exdirectora de compras, la abogada Yadira Molina, demandó al ayuntamiento capitalino en el Tribunal Federal por represalias en su contra tras denunciar supuestos actos de corrupción en la oficina que dirigía.

La demandante comenzó a trabajar en el municipio en 2014. Tenía a su cargo —entre otras funciones— la compra de equipo para las Fiestas de la Calle San Sebastián y para la remodelación de los baños del Estadio Hiram Bithorn con motivo de la celebración de la Serie del Caribe de béisbol. Molina se reportaba a Pérez González.

El documento indica que durante las Fiestas de la Calle San Sebastián de 2015, la demandante comenzó a percatarse de una práctica frecuente que consistía en que sus supervisores hacían peticiones de órdenes de compra por las tardes para que suplidores las entregaran al otro día. Se alega que dado a la “presión” por el tiempo artificial de las órdenes, el municipio pagaba a unos “suplidores preferidos” el triple que a los “suplidores regulares”, ya que los primeros podían hacer las entregas en poco tiempo.

Se señala que en ocasiones las órdenes de compra ni siquiera estaban completas, sino hasta que el suplidor entregaba los materiales.

“Suplidor preferido”

Presuntamente entre los suplidores preferidos se encontraba Pereira de BR Solutions.

El recurso legal menciona que en ocasiones el contratista entregaba los equipos antes de que se le solicitaran e incluso previo a que se emitieran órdenes de compra.

De igual forma, la demandante alega que Pereira le dijo que su empresa recibió la lista de materiales y especificaciones requeridas varios días o incluso una semana antes de que el municipio emitiera el listado oficial a la División de Compras para que esta a su vez solicitara las cotizaciones.

Se alega que debido a que BR Solutions tenía el conocimiento de que iba a ser seleccionada, conseguía los materiales semanas antes de que el ayuntamiento emitiera la requisición de compras.

El documento afirma que el director de las brigadas de impacto del municipio, Cándido “Henry” Arriaga, era quien le proporcionaba la información confidencial a BR Solutions para que fuera favorecida. Empero, supuestamente había un esquema de usar diferentes suplidores para aparentar que había varios, cuando en realidad la empresa favorecida era BR Solutions.

El 22 de enero de 2015, Arriaga envió un correo electrónico a Pérez González sobre una requisición para la remodelación de los baños del Hiram Bithorn. Se alega que aunque se envió la requisición a varias empresas, solo respondió LM Technical Services, otro de los suplidores preferidos.

Se menciona que el 27 de enero de 2015, Pérez González celebró una reunión con todos los compradores municipales en la que les informó que se iba a seleccionar un solo suplidor para la remodelación de los baños del estadio y que el mismo había sido aprobado por la alcaldesa Carmen Yulín Cruz.

La demandante afirma que el propietario de BR Solutions le confesó que él escribió las especificaciones de los materiales, tales como lavamanos, inodoros, etc. Según Molina, Pereira le dijo que Arriaga le informó lo que necesitaba ser remozado, que tenía las especificaciones exactas de antemano y que la clave para que le fuera adjudicada la compra era que sus competidores tuvieron el mínimo de tiempo para someter sus cotizaciones.

Se alega que LM Technical Services cotizó $235,000 por el listado de materiales. Sin embargo, la empresa Maderas Tres C cotizó $66,095.98 por la misma cantidad de materiales, pero fue rechazada por el ayuntamiento porque no pudo cumplir con el tiempo límite para someter la cotización.

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