Fuerte debate por el plan de ajuste

El plan de ajuste del gobierno central que presentó la Junta Federal de Control Fiscal para reestructurar $35,000 millones de deuda y reclamaciones, así como $50,000 millones en obligaciones de pensiones a los retirados del servicio público, ha generado un fuerte debate entre la sociedad civil y política del País. “Es un plan donde no está claro cuál es la misión que se va a establecer, o sea, cómo vamos a crecer como país. Básicamente desvían los fondos del pueblo de Puerto Rico para pagar la deuda sin consideración de las necesidades y sin definición de lo que son los servicios esenciales”, expresó la economista Martha Quiñones a EL VOCERO. El plan dispone una reducción de pensión del 8.5% para los jubilados que devengan más de $1,200 al mes y que había sido acordado por el Comité Organizado de Retirados (COR) y la junta fiscal. “No creo que sea justo (el recorte de las pensiones). Sobre todo cuando vemos que están legislando para darle pensiones ‘súper Cadillac’ a los alcaldes y a otras entidades. Entonces, vienen a recortar a los servidores públicos, que son los menos que ganan”, sostuvo Quiñones. Un paso “positivo” Por su parte, el economista y presidente de la Junta de Directores de Estudios Técnicos, José Joaquín Villamil, precisó que “todo parece indicar, por lo que he visto, que es un paso positivo. Habrá mucho litigio porque obviamente va a haber mucho acreedor que le tocaría más dinero”. “Para poder realmente entender lo que se ha propuesto, hay que leer el plan porque esos planes son complejos, pero en general me parece un paso positivo”, abundó Villamil, quien recordó que el 8.5% en reducción a las pensiones fue algo que el COR negoció con la junta fiscal. “Traición” para los maestros En tanto, el portavoz del Capítulo de Jubilados de la organización magisterial Únete, Emilio Nieves Torres, tronó contra la gobernadora Wanda Vázquez al afirmar que traicionó a los maestros jubilados al entregarse al plan de la junta para reducir en 8.5% las pensiones de más de 33,000 educadores. “Esto implica una reducción mensual de entre $100 a $250, que es necesario para pagar un plan médico, medicamentos y alimentos. Es abusivo atentar contra los que no cotizan para el Seguro Social y sirvieron en el sistema educativo por 30 o 35 años”, expresó Nieves. Asimismo, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, mencionó que el plan de ajuste presentado por la junta fiscal es inaceptable para los educadores, los estudiantes y las escuelas públicas, por lo que debe ser cambiado, ya que elimina más de $1,000 millones en beneficios que negociaron y estuvieron sobre la mesa para el magisterio. “Anticipamos que las firmas de Wall Street tratarán de apropiarse de esos fondos para pagarse a sí mismos, mientras que nuestros maestros siguen invirtiendo su dedicación y esmero en ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus sueños. El plan de ajuste también propone un nivel de austeridad que socavaría los servicios públicos, incluido nuestro sistema de educación pública”, denunció en declaraciones escritas. Por su parte, el Capítulo de Retirados/as de la organización Educamos exigió que se respeten las pensiones, así como los bonos y cualquier otro beneficio para los docentes jubilados. “Rechazamos cualquier negociación o pacto que haga el mal llamado COR con la Junta de Control Fiscal. Le recordamos al COR que ellos no nos representan, que las canas se respetan y las pensiones también”, sostuvo en declaraciones escritas.