Gobierno se adelanta a la junta fiscal

Con una moción de 10 páginas, el gobierno de Puerto Rico “madrugó” a la Junta Federal de Control Fiscal. Antes de que el ente fiscal radicara el nuevo plan de ajuste (POA) para la deuda gubernamental, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) acudió al Tribunal Federal para dejar clara la oposición del gobierno al plan y al acuerdo de reestructuración (PSA) alcanzado con los acreedores de la deuda garantizada. Con esta movida, el gobierno dejó claro a la jueza federal Laura Taylor Swain que el pacto no se puede aprobar sin el consentimiento gubernamental, ni el establecimiento de las leyes facilitadoras. Hace una semana, la junta fiscal había señalado que no necesitaba la aprobación gubernamental para la validación del acuerdo que, a su vez, daría paso a la radicación de un nuevo POA que está pautado a someterse a finales de febrero. A través de la Aafaf, la gobernadora Wanda Vázquez defendió que el acuerdo no contribuye a los mejores intereses del pueblo y que, por tanto, no cuentan con el apoyo del gobierno para la legislación necesaria. Sostiene, además, que la oposición es “un asunto de justicia básica”. “Aunque la junta promociona su logro como un paso significativo hacia la confirmación exitosa de un POA para los deudores y la salida del Título III (de la ley Promesa), no menciona que el gobierno electo de Puerto Rico no respalda un plan basado en el PSA porque los términos actuales, por sí solos, no están en el mejor interés del pueblo”, señaló el documento. A diferencia del exgobernador Ricardo Rosselló, Vázquez se había destacado por mantener una política de colaboración con la junta federal. El revés en su postura pone freno a la relación con el ente fiscal y al trabajo en conjunto para lograr la reestructuración de la deuda gubernamental. Edward Zayas, portavoz de la junta fiscal, dijo que “la junta continúa en comunicación con el gobierno de Puerto Rico sobre el nuevo Acuerdo en Apoyo al Plan y espera que la gobernadora y la Legislatura se den cuenta del valor que este acuerdo brinda”. Añadió que “hay tiempo para obtener el apoyo del gobierno en este proceso, pero esperar y no hacer nada al respecto en el ínterin sería perjudicial para el objetivo de sacar a Puerto Rico de la bancarrota”. El gobierno sostiene que el nuevo acuerdo no es sostenible porque no cumple con los requerimientos de la sección 314 de la ley Promesa, la cual requiere que los proponentes del plan hayan obtenido cualquier aprobación legislativa, regulatoria o electoral necesaria según la ley aplicable para llevar a cabo cualquier disposición. “La junta no cuenta con el apoyo del gobierno para aprobar nueva legislación y, por lo tanto, no pueden demostrarlo… Sin el apoyo del gobierno al POA y al PSA, esto no puede convertirse en una realidad... Buscan prematuramente comenzar un proceso costoso para la confirmación del plan y que consume tiempo en un POA que simplemente no es factible sin el respaldo del gobierno”, señaló el gobierno en el recurso legal. Por tal razón, también se oponen a la petición del organismo regulador para el establecimiento de un calendario de aprobación para el acuerdo. “El establecimiento de un cronograma de confirmación del plan en esta etapa sería inútil porque el plan enmendado —que debe ser consistente con el PSA— no puede confirmarse bajo los requisitos de confirmación de Promesa”, sostiene el gobierno. “A menos que la junta articule claramente cómo propone confirmar el plan modificado sin el apoyo y la cooperación del gobierno, cualquier calendario de confirmación es evidentemente prematuro”, agregó la moción. Pese a esto, el director ejecutivo de la Aafaf, Omar Marrero, sostuvo a EL VOCERO que reconocen que el nuevo acuerdo contiene aspectos positivos como la reducción sustancial en la deuda pública de obligaciones generales. El pacto cuenta con el aval del 45% de los acreedores y busca reducir la deuda de $35 mil millones en bonos de Obligaciones Generales (OG) y de la Administración de Edificios Públicos (AEP) a poco menos de $11 mil millones, lo que representa una reducción de $24 mil millones o un 70%. Además, disminuiría el servicio de la deuda en $5 mil millones adicionales y acortaría el periodo de repago a 20 años. Sin embargo, Marrero, al igual que la gobernadora, insiste en que el acuerdo alcanzado es perjudicial para los pensionados gubernamentales, quienes en junio del pasado año —a través del Comité Oficial de Retirados (COR)— negociaron recortes balanceados directamente con el organismo regulador. No obstante, en septiembre Vázquez avaló una reducción de pensión del 8.5% para los retirados que devengan más de $1,200 al mes que daría paso a la reestructuración de $50 mil millones en obligaciones de pensiones. Según Marrero, el nuevo acuerdo “añade una serie de protecciones legales a los bonistas como reservas de pago y gravámenes estatutarios” que los coloca en una mejor posición en comparación con el acuerdo de septiembre pasado, pero mantiene los recortes a las pensiones de los retirados. “Los pensionados continúan en la misma posición que, contrario a la de los bonistas, no mejoró, por lo cual pues se exponen al mismo recorte de pensiones que se consideró en el acuerdo presentado en septiembre de 2019. Si los bonistas reciben un mejor trato, los pensionados también”, agregó el ejecutivo. Marrero aclaró que el gobierno no se opone a que el proceso del Título III avance y, que al igual que la junta federal, desea una resolución expedita de los casos.