Gobierno 02 marzo 2021

Camino empinado auditoría de la deuda

También se cuestiona el peritaje de la Oficina del Contralor

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes espera iniciar la próxima semana las vistas sobre la resolución del gobernador Pedro Pierluisi para auditar seis décadas de emisión de deuda, pero la contralora Yesmín Valdivieso afirmó que la auditoría no podrá realizarse en seis meses como lo propone la legislación.

En discusión estará si la asignación de $1 millón es suficiente para que la Oficina del Contralor cuente con peritos en derecho y finanzas para realizar la auditoría, y qué se podrá hacer luego con los resultados, en medio de las negociaciones iniciadas con los acreedores del gobierno.

“El proyecto de ley habla de evaluar todo, desde que se conceptualizó hasta que se utilizó el último centavo y ahí yo digo que no tengo problema en dar un informe cada 60 días —como dice el proyecto—, pero hacer una auditoría como esa en seis meses, yo lo dudo”, advirtió Valdivieso. “Hay gente que me critica porque yo dije que no, pero hace seis años atrás, cuando vinieron a mi oficina, yo ayudé. Me dijeron que querían ver los dineros que se robaron los consultores. Eso no es auditar la deuda, eso es una investigación. Auditar la deuda es desde que se sacó el primer centavo y se utilizó”, añadió.

Valdivieso —cuyo nombramiento de 10 años como contralora ya venció y quien sigue en el cargo porque no se ha designado la persona que la sustituirá— rechazó comenzar el proceso partiendo de la premisa de que habrá culpables.

“Esa auditoría que se le ha vendido al mundo entero, que es la de que vamos a recoger los dineros de los consultores, eso no sería una auditoría y eso no es lo que nosotros vamos a hacer. Ninguna auditoría me puede decir a mí cuál es la conclusión antes de empezar. La auditoría es como una ciencia: eso no se inventa. Tenemos que ser independientes, ir con objetividad, determinar qué es lo que vamos a mirar”, detalló.

“No todas las emisiones de deuda las vamos a poder ver porque eso es imposible. Vamos a ver las más importantes, las que se cuestionaron por su legalidad”, puntualizó la funcionaria.

En el primer paquete de medidas radicadas desde La Fortaleza, el gobernador incluyó la Resolución Conjunta de la Cámara 63 que ordena a la Oficina del Contralor una auditoría a la deuda emitida por el gobierno, sus corporaciones y municipios desde 1952 hasta 2016. Faculta a la entidad a referir las personas que estime pertinentes a las agencias como el Departamento de Justicia y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

La medida ordena que el informe final esté listo en seis meses, pero se podrían solicitar otros seis. Ordena que la Oficina de Gerencia y Presupuesto asigne $1 millón para esta auditoría, con la opción de otorgar fondos adicionales.

Precede el informe de la junta

Lo más cercano a una auditoría de la deuda del gobierno es el informe que produjo la Junta de Control Fiscal hace tres años, en el cual expuso posibles irregularidades en algunas transacciones. A preguntas de EL VOCERO, el ente regulador no expresó si favorece o no la gestión actual del Ejecutivo y detalló el trabajo que realizó.

“Entre otras cosas, el informe contiene una serie de recomendaciones que pudieran reducir o eliminar una crisis financiera futura resultante de un endeudamiento excesivo. Como parte de la investigación se contactó a más de 90 entidades, se revisaron unos 260,800 documentos que constan de casi tres millones de páginas y se entrevistó a 120 testigos, incluidos ex altos funcionarios del gobierno, aseguradoras, agencias de calificación, así como profesionales y asesores externos”, enumeró la junta fiscal por escrito.

El organismo regulador puntualizó que en 2017 contrató los servicios de la firma Kobre & Kim LLC para llevar a cabo la investigación de la deuda y luego de un año presentó el informe de más de 600 páginas, disponible en su página web.

Como la nueva resolución en discusión busca establecer la posibilidad de hacer los referidos necesarios, el designado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, indicó que una vez reciban el referido “es entonces que estaríamos en posición de evaluar el mismo conforme a la ley. En ese momento, podremos determinar cómo procesar cada caso y si aplicaría algún periodo prescriptivo”.

Entre tanto, Valdivieso entiende que debe contar con personal especializado para atender las complejidades de la auditoría.

“Yo tengo que traer asesores legales. Hay opiniones del secretario de Justicia diciendo que es legal una emisión, cuando está siendo cuestionada. No puedo usar gente que haya trabajado en las emisiones de deuda. Tengo que traer gente que no haya tenido nada que ver en 70 años de deuda de Puerto Rico”, señaló la contralora.

Aseguró que su oficina ha comenzado a organizarse para iniciar la auditoría una vez se apruebe la resolución y se asignen los fondos. Valdivieso indicó que ya se han comunicado con las agencias concernidas y han buscado información sobre la deuda en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

“Organizados estamos”, afirmó la funcionaria.

EL VOCERO consultó con un especialista en emisión de deuda —que prefirió no revelar su nombre porque ha prestado servicios al gobierno— y explicó que seis meses no es un tiempo real para evaluar deuda desde los años 50. Añadió que es un análisis de alta sofisticación “y si se determina que una deuda es ilegal, ¿cuál va a ser el siguiente paso?”.

“Esto abre la puerta a una serie de complejidades, lo cual podría ir en contra del deseo de salir de la deuda ya, como es la política pública del gobernador Pierluisi”, añadió. “Una cosa es si hay una irregularidad en el proceso y otra cosa es si el dinero —de la emisión— se usó adecuadamente, lo cual es un análisis más difícil”. También cuestionó si la junta fiscal permitirá el uso de fondos públicos para el proceso. Hará vistas públicas la Cámara

El presidente de la comisión cameral de Hacienda, el representante popular Jesús Santa, adelantó que espera comenzar vistas públicas sobre la resolución para auditar la deuda a partir del 11 de marzo. Informó que ya pidió memoriales explicativos de agencias como Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina del Contralor y de Aafaf.

“Yo no veo mal que se haga la auditoría. Debió haberse hecho hace tres años porque estamos ahora a mitad de una negociación y no sé qué efecto podría tener con los bonistas esa auditoría”, afirmó el legislador. “Aun así, la favorezco. Mi inquietud es si la Oficina del Contralor tenga el personal y el ‘expertise’ para llevar a cabo este tipo de auditoría y para eso quiero esperar que me sometan el memorial”, agregó.

Además del proyecto del gobernador, la delegaciones legislativas del Movimiento Victoria Ciudadana radicaron un proyecto de ley (PS 159) que busca crear la Comisión de la Verdad para la Auditoría Integral de la Deuda Pública. Los legisladores de este partido discutieron el proyecto en la reunión reciente con el gobernador en La Fortaleza. El senador Rafael Bernabe expuso sus reservas de que se encargue la auditoría a la Oficina del Contralor, al entender que “requiere un organismo excepcional”.

Mientras, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público ya expresó preocupación y planteó que la Oficina del Contralor no cuenta con los recursos. Eva Prados, quien forma parte de esa comisión, resaltó que el pueblo espera una auditoría independiente y “la que se está pidiendo requiere otras capacidades”.La constitucionalidad

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, señaló que el proyecto se atenderá junto con la medida que propone una comisión diversa para analizar la deuda. Afirmó que ha escuchado la preocupación sobre el choque constitucional si el trabajo lo hace la Oficina del Contralor.

“Puede haber un choque constitucional desde el punto de vista de las competencias del contralor y si esto va a tener un efecto después que se dé el cierre de la renegociación de la deuda (de la Isla) en los próximos días”, puntualizó.

“Varias personas se han comunicado para expresar que el auditor audita una transacción final desde el punto de vista de la contabilidad. En el caso de las emisiones de bonos, las emisiones se están pagando. Algunas están en incumplimiento, algunas en reestructuración; no es competencia del auditor del estado. Ahí hay choque”, destacó.

Fuente: elvocero.com

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